Lo mejor sería que
prevaleciera la sensatez, se evitara la vía armada como supuesto mecanismos de
“solución” de la situación de Venezuela y el diálogo y la negociación se
impusieran por sobre cualquier método violento.
Sergio Rodríguez Gelfenstein / Especial para Con Nuestra
América
Desde Caracas,
Venezuela
La invasión a Venezuela
ya tiene fecha: 23 de febrero de 2019. Si no se llama así, ¿de qué manera se
puede denominar la entrada por la fuerza a un país en contra de la voluntad de
su gobierno, de sus fuerzas armadas y de la aplastante mayoría del pueblo?,
sobre todo cuando las operaciones en terreno las dirige el Almirante Craig
Faller Jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y cuando
quien funge como comandante en jefe es el presidente del país militarmente más
poderoso del mundo, teniendo como lugartenientes a dos personajes con dudosos
pasados democráticos: el primero, Sebastián Piñera, presidente de un país cuyo
gobierno tiene su principal base de apoyo en un partido pinochetista e Iván Duque, elegido con el apoyo del
partido del paramilitarismo, los falsos positivos, la represión y la muerte en
los últimos años en Colombia.
Si el plan de Estados
Unidos se concreta (escribo este artículo hoy viernes 22 de febrero), mañana se
iniciará una guerra en la región que como todos los conflictos bélicos se sabe
cuando comienzan, pero no cuando terminan, pero de lo que sé se tiene seguridad
es de que al final dejan un reguero de cadáveres que poco importan a Estados
Unidos, porque en tiempos recientes no son sus hijos los que van a al combate.
Así, también, los
promotores de la guerra contra Venezuela, deben saber que una intervención
armada en el país, estaría legitimando la lucha armada en todo el continente si
los latinoamericanos se hacen eco del pensamiento bolivariano que sentenció que
“La patria es la América”. La región se transformaría en un gigantesco campo de
batalla en la que las bases y el personal militar de Estados Unidos se
convertirían en objetivo bélico para las fuerzas libertarias. Imagino que eso
lo saben Piñera y Duque.
En lo que a Venezuela
respecta, en virtud del artículo 337 de la Constitución, el presidente de la
República podrá decretar un estado de excepción, restringiendo temporalmente
las garantías consagradas en la Constitución “salvo las referidas a los
derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al
debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos
intangibles”. Esto lo deben saber los señores de la oposición, que ya no podrán
solicitar una intervención militar extranjera con la libertad que hasta ahora
lo han hecho. Debe quedar claro que Venezuela no es Colombia y que la
Constitución se respetará incluso en caso de guerra.
Además, en virtud de lo
que establece la Carta Magna en su artículo 326: “La seguridad de la Nación se
fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil”, lo
cual significa que el pueblo organizado y armado en milicias asumirá
responsabilidades en el mantenimiento del orden interno y en la defensa de la
Patria. Todos esperamos que el pueblo y sus organizaciones actúen en el marco de
la ley con paciencia y prudencia, sin embargo, los enemigos internos y externos
del país, deberán también asumir sus obligaciones si actúan al margen del
decreto de estado de excepción, entendiendo que algunas de las libertades
democráticas estarán suspendidas.
Este es un escenario
probable, también lo es que toda la parafernalia anti venezolana no pueda
concretar la invasión ya preparada. Es sabido (lo hemos dicho en artículos
anteriores) que el objetivo más estratégico del gobierno de Estados Unidos es
avasallar el derecho internacional y el sistema multilateral encargado de
mantener la paz en el mundo, lo cual le permitiría cometer todos sus desmanes
sin mayor contrapeso en cualquier lugar del planeta.
Han tenido que salir
los propios movimientos de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja a
explicar los fundamentos y principios que regulan la imparcialidad, neutralidad
e independencia de su accionar y las características de la ayuda humanitaria,
para hacer entender que la operación militar organizada por Estados Unidos no
constituye una misión de esas características.
Ante la evidente
manipulación mediática, el jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja en
Colombia, Christoph Harnisch se sintió obligado incluso a salir en defensa del
término cuya manipulación podría tener incalculables repercusiones en el
futuro. Harnisch expuso que para ellos era “importante que realmente haya un
respeto para el término humanitario y un respeto para los principios, eso es
fundamental” explicando que por esta razón, no iban a participar en lo que para
ellos no es ayuda humanitaria, al considerar que “hablamos de una ayuda que un
gobierno decide”.
Por otro lado, en
términos cuantitativos el monto de dicha “ayuda” es tan menguado que se puede
comparar con el que concede el gobierno de Venezuela en un solo día a través de
sus habituales programas de subsidios para la población más necesitada y
acosada por el bloqueo económico. En el caso de Chile, se ha llegado a un
ridículo mayor, la “ayuda” del pinochetismo asciende a alrededor de 150 mil
dólares, un poco más que lo que costó la cancha de tenis que el presidente
Piñera se construyó en terrenos públicos usurpados al Estado chileno. Tal vez
hubiera sido mejor usar ese dinero para reparar el avión presidencial que dos
veces tuvo desperfectos en su trayecto hasta Colombia, poniendo en riesgo la
valiosa vida de personal militar y civil arrastrado a esa aventura que Piñera
emprende de la misma manera que hizo al rescatar los 33 mineros, cuando no
importaba la vida de ellos sino el armado de un gran show publicitario, que
permita ocultar los desmanes cotidianos del pupilo de Pinochet. Vale decir que
ese generoso monto que el gobierno de Chile está concediendo a Venezuela
significa 0,0046 dólares para cada venezolano.
Sin embargo, hasta
ahora no todo ha salido como Estados Unidos lo había deseado. En primer lugar,
las fuerzas armadas brasileñas enfrentadas a Bolsonaro, se negaron a cumplir la
orden de introducir la mercancía a la fuerza en Venezuela por lo que el gobierno
de ese país se vio obligado a suspender la operación desde el estado de
Roraima, fronterizo con Venezuela. Otro tanto ocurrió con Curazao cuyo gobierno
se negó a enviar la “ayuda humanitaria” hasta que “las autoridades de Caracas”
(entiéndase el gobierno de Nicolás Maduro) conceda el permiso. Esto crea un
escenario distinto que dejaría a Colombia como plataforma única de la invasión
y colocaría a ese país como territorio incorporado al conflicto con todas las
consecuencias que ello tiene.
Estos presidentes
irresponsables que no saben nada de la guerra, la mayoría de los cuales incluso
han evadido el cumplimiento de su servicio militar y que en casi todos los
casos son cobardes, quieren involucrar a las fuerzas armadas y a sus pueblos en
una aventura militar contra Venezuela creando una situación bélica en toda la
región, sin importarles cuántos muertos, desaparecidos y mutilados puedan
generar. Deben saber que tan pronto suene el primer disparo contra Venezuela,
deberán ser tratados y perseguidos como criminales de guerra y enjuiciados en
esa condición por los organismos internacionales. Habrá mucho trabajo para los
abogados.
Lo mejor sería que
prevaleciera la sensatez, se evitara la vía armada como supuesto mecanismos de
“solución” de la situación de Venezuela y el diálogo y la negociación se
impusieran por sobre cualquier método violento. Deben saber los opositores que
no existen bombas tan inteligentes que sean capaces de impactar solamente los
apartamentos de los chavistas en un edificio.
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