El conflicto en el Bajo Aguán no es más que uno de los síntomas de la continuidad de un sistema de poder que se basa en el control político, económico y social que ejercen unas minorías en perjuicio de gran parte de la población hondureña.
Carlos Iaquinandi Castro / ALAI
Como una continuidad del golpe militar que derrocó en junio del 2009 al presidente constitucional Manuel Zelaya, el gobierno de Porfirio Lobo mantiene su apoyo a los intereses del complejo agro-industrial que controla un grupo de familias hondureñas. El envío de fuerzas policiales y del ejército a la región del Bajo Aguán con el pretexto de "pacificar" la región, ha derivado en una militarización de los departamentos de Colón y Zacate Grande y aumenta el hostigamiento y la inseguridad de las familias campesinas. La decisión de Lobo, es en la práctica un apoyo a los terratenientes que encabeza el acaudalado y poderoso empresario Miguel Facussé Barjum y que tienen en la zona grandes propiedades dedicadas al cultivo de palma africana.
Breve resumen histórico
El conflicto en el Bajo Aguán, es de antigua data, y su origen es el reclamo de las familias campesinas por el acceso a las tierras cultivables. La Reforma Agraria de 1974, fijó un límite de 300 hectáreas, pero en la práctica su tímida aplicación no logró eliminar el latifundio ni el minifundio. En ese entonces, el gobierno invirtió recursos para mejorar las infraestructuras económicas en el Valle del Bajo Aguán, como carreteras o sistemas de drenaje. La intención de la Reforma Agraria era promover la utilización de dos recursos abundantes en el país: tierra y mano de obra. Su propósito era lograr la transformación de la estructura agraria del país e incorporar a la población rural al desarrollo integral de la nación. Con la producción de Palma africana y su procesamiento industrial, y también el cultivo de cítricos, se creó empleo en las áreas rural y urbana, y se lograron avances en el desarrollo de la región que tenía a la ciudad de Tocoa como cabecera.
En marzo de 1992, el gobierno de Rafael Callejas sanciona la "Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola", que cambia totalmente la estrategia y promueve la concentración de la propiedad en grandes latifundios. La norma prohíbe las tomas de tierras y la expropiación por parte de las autoridades. Esta nueva legislación aumentó el interés de las grandes empresas, que finalmente se hicieron con fincas de miles de hectáreas. Las políticas neoliberales alentaron el desempleo y la marginación campesina cuando los terratenientes redujeron la mano de obra y los salarios. Estas medidas, sumadas al aumento de la población, crearon el escenario propicio para los enfrentamientos de campesinos sin tierra y asalariados con los terratenientes. Algunos de ellos, como el caso de Miguel Facussé, el palmicultor más poderoso, fueron acusados de haberse apoderado de miles de hectáreas con métodos fraudulentos pagándolas a menos del 10% de su valor real. Y en los últimos años, este grupo empresarial es señalado por el M.U.C.A. (Movimiento Unificado Campesino del Aguán) como responsable de asesinatos y otras agresiones a través de los guardias armados de sus propiedades. Lea el artículo completo aquí…
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