Un paradigma cultural no se impone por el mero hecho de ser expuesto.
Para implantarlo se requiere una acción social que impulse una decisión
política. Las fuerzas de la vida, que componen la Naturaleza y el Trabajo, deben
imponerse a la abstracción muerta y la lógica mortífera del Capital. Sin Revolución en la vida no se detendrá la muerte.
Luis Britto García / http://luisbrittogarcia.blogspot.com/
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El problema de la ecología no
es sólo ecológico. Si algo nos enseña la Teoría General de los Sistemas, es que
todos los elementos de un sistema interactúan entre sí. La ecología no es un
mero problema de gases, fluidos y especies: es un problema de la acción coercitiva
de los cuerpos políticos sobre el medio humano que a su vez opera sobre el
medio ambiente. No hay mejora ecológica sin mejora política.
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La acción humana sobre la Ecología parece regida hasta el presente por
una lógica matemática que es a la vez paradigma cultural, el de la Teoría de
los Juegos. Una variante de ésta se ocupa de los llamados Juegos Suma Cero, en
los cuales la ganancia de una parte se
hace a costa de la pérdida de las otras, sistematizados por Oskar Morgenstein y
John von Neuman en 1944 en su libro The Theory of Games and Economic Behavior
(Heims, Steve J.: J. von Neuman y N. Wiener (1 y 2); Salvat Editores, Barcelona
1986). En el modelo matemático del capitalismo, una de las tres fuerzas
productivas, el Capital, se alimenta de la explotación y el desgaste de las
restantes: la Naturaleza y el Trabajo, y desplaza hacia éstas todas las
consecuencias nefastas del proceso productivo. El capital de las grandes
potencias logra tales objetivos en
estrecha complicidad con el Estado, al tiempo que pretende que los Estados de
los países periféricos se abstengan de toda intervención económica.
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Así, el gran capital, mientras se coliga con el poder público del
Estado, intenta desplazar la gestión de las restantes fuerzas de
producción hacia la esfera de lo
privado. Por ello pretende que la
defensa del Trabajo esté esencialmente en manos de asociaciones privadas, como
los sindicatos; y postula que la gestión
de la Naturaleza debe depender también esencialmente de entes privados: las
grandes empresas transnacionales, las minorías étnicas, y las Organizaciones No
Gubernamentales Ecológicas, con gran frecuencia financiadas por las primeras.
La llamada Green Economy, a pesar de algunas de sus postulaciones sensatas,
predica que la naturaleza debe ser sometida al juego de un mercado que a su vez
está dominado por el gran Capital. Como bien denuncia el “Grupo de articulación
internacional de la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental” en su manifiesto de 12 de mayo de 2012 en Río
de Janeiro: “El fallido modelo económico, ahora disfrazado de verde, pretende
someter todos los ciclos vitales de la naturaleza a las reglas del mercado y al
dominio de la tecnología, la privatización y mercantilización de la naturaleza
y sus funciones, así como de los conocimientos tradicionales, aumentando los
mercados financieros especulativos a través de mercados de carbono, de
servicios ambientales, de compensaciones por biodiversidad y el mecanismo REDD+
(Reducción de emisiones por deforestación evitada y degradación de
bosques)”.
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Examinemos el comportamiento de esta alianza entre Capital y Estado en
el primer actor ecológico del mundo. Estados Unidos cuenta no más del 4% de la
población mundial, devora 25% de la
energía fósil del planeta y es el mayor emisor de gases contaminantes. El
Project New American Century postula que
dicho país debe aprovechar sus ventajas acumuladas para continuar siendo la
potencia hegemónica del siglo XXI, para lo cual debe seguir un plan de
incremento de su poderío militar a fin de no comprometer el nivel de vida de su población (http://www.
Newamericancentury). La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos
postula el uso sistemático de la fuerza incluso en ataques “preventivos”, con o
sin el apoyo de la comunidad internacional (Bush, George: “The National
Security Strategy of the United States of America”, Washington, 17-9- 2002,
www.whitehouse.gov/nsc//.html). No por casualidad la potencia norteña gasta por
sí sola en armamentos más que el conjunto de los otros países. Paralelamente,
el Plan de Guerra de Bill Clinton proponía con respecto a América Latina una
reconquista política, militar y económica mediante el ALCA, especie de Tratado
de Libre Comercio continental que pretendía prohibir medidas proteccionistas
del ambiente, y la apropiación de la Amazonia (Dieterich, Heinz: La integración
militar del Bloque de Poder Latinoamericano, Instituto Municipal de
Publicaciones, Caracas 2004, 49). En orden ejecutiva de 16 de marzo de 2012, el
presidente Barack Obama declara materias atinentes a la seguridad nacional lo
relativo a la energía, los recursos hídricos,
los alimentos, la producción agrícola, el trabajo y todo tipo de
tecnologías y suministros, incluidos materiales de construcción; y se atribuye
competencias y facultades para mantener la provisión adecuada de ellos para los
requerimientos de la Defensa Nacional (www.whitehouse.gov/nsc//.html). La mayor
potencia militar del mundo pretende
asegurarse la ilimitada disposición de la Naturaleza del planeta mediante el
poder estatal y la agresión ilimitada.
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A partir de estas premisas, se entiende que conductas como la negativa conjunta de Estados Unidos y Canadá
a suscribir el protocolo de Kyoto no son decisiones ecológicas, sino políticas.
A ambos Estados les importa un comino que el mundo se ahogue en gases de
invernadero, mientras sus ciudadanos puedan disfrutar de una sociedad de
consumo fundada en el derroche de combustible en automóviles individuales.
Igual política anima a las demás potencias que suscriben el Protocolo, pero
limitan la reducción de sus emisiones mediante “acuerdos de flexibilización”.
Si los principales contaminadores del mundo se niegan a reducir sus emisiones,
¿quién deberá hacerlo? Se impone tal obligación a los países emergentes, a fin
de que sus economías no puedan competir con las hegemónicas.
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Para desplazar la responsabilidad por la pureza de la atmósfera a los
países que menos la contaminan, los 190
países reunidos a fin de 2008 en la conferencia sobre el clima en Poznan prometen la creación de un “cofre dorado” de
créditos de carbono, para que comunidades rurales pobres reciban subsidios como
guardianas de tierras y bosques. En dicha conferencia se acordó asimismo un esquema de pagos por la preservación de
bosques, llamado Iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación (REDD, en inglés). Según él, los países más ricos se comprometerían
a compensar la contaminación ambiental que generan, pagando por mantener y
reforestar selvas tropicales. En dicho fondo se
incluyen catorce naciones, cinco de ellas de América Latina: Bolivia,
Costa Rica, Guyana, México y Panamá (Kaldrmakis, de Posmas, Sofía: “Mercadeando
el carbono”, Panorama de las Américas, Panamá, febrero 2009, 130). Dichos aportes, obviamente, no se
entregan sin condiciones: éstas pueden comprender restricciones para el uso por
cada país de sus bosques tropicales, o derechos sobre la biodiversidad, los cauces hídricos y otros bienes naturales.
Además, harían depender la preservación de los bosques de la eventual fijación
de un “precio internacional por las emisiones de carbono”, todavía no acordado,
sujeto a fluctuaciones mercantiles y a complejas mediciones. Obsérvese por otra
parte que los créditos aparentemente serían otorgados a “comunidades rurales
pobres” y no a los Estados que representan la totalidad del país: la
responsabilidad por la preservación de los recursos naturales se desplazaría
así, no a los Estados del Tercer Mundo, sino a grupos sociales específicos
dentro de ellos. Sería preferible que
los países que poseen bosques tropicales gerenciaran por sí mismos sus propias
políticas de conservación. La protección de los bosques como compensación por
las emisiones de gases de efecto invernadero es, por otra parte, una cuestión
compleja, que involucra infinidad de aspectos biológicos, sociales, económicos,
políticos y culturales, y que no debería depender de un mero sistema de mercado
(www.carbonfinance.org). El presidente
de Ecuador Rafael Correa rechazó en 2010 un acuerdo de tal naturaleza, por
considerar que sus cláusulas eran deprimentes y contrarias a la soberanía de su
país.
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El agua es vida: privatizarla es privatizar la existencia. El Capital
avanza una campaña mundial por la apropiación de las aguas y de los servicios
de acueductos. Algunas organizaciones no gubernamentales han librado gloriosas
batallas por preservar el derecho humano al vital líquido, tales como la Guerra
del Agua de Cochabamba. Pero quienes en definitiva han recuperado el control de
aguas y acueductos en Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador y otros países han
sido los Estados, al prohibir la privatización de las fuentes de dicho líquido
y renacionalizar acueductos.
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El capital se concentra en un número cada vez menor de manos: los
alimentos también. Una docena de transnacionales y 36 filiales interconectadas
dominan su producción y mercadeo
mundial. Integran el cartel Anglo-Holandés-Suizo: doce de ellas están asociadas
al cartel de Windsor, de la casa reinante inglesa; las demás en su mayoría
están vinculadas a otras cinco casas reales. Apenas dos, Continental y Cargill,
controlan más de la mitad de la producción de granos global. Este colosal
oligopolio domina el 95% de la
producción alimenticia de Estados
Unidos, Europa, los países del Commonwealth y Latinoamérica, especialmente
Argentina y Brasil, y de sus cosechas dependen cinco mil millones de personas.
En el resto del mundo ha deprimido la
producción de alimentos incoando la eliminación de políticas proteccionistas y
subsidios, la suspensión de
financiamientos y grandes
proyectos agrícolas, el dumping y el dominio sobre semillas y fertilizantes (Jerónimo Guerra:
“La escasez y el desabastecimiento como armas de destrucción masiva”; Rebelión,
24-02-2008). Este sistema presupone el
monocultivo, que a su vez impone el latifundio, la expulsión masiva de
campesinos y la producción de alimentos para la exportación y la especulación,
y no para satisfacer las necesidades de la población del país donde se produce.
También trae consigo el cultivo de especies genéticamente alteradas y
estériles, y a veces desvía los vegetales del consumo humano para destinarlos a
la producción de biocombustibles y de alimentos para el ganado. Este modelo
elimina la diversidad biológica, destruye la base social y en fin agota la
tierra. Lo han hecho posible las enormes presiones políticas y financieras
sobre los Estados débiles que no aplican su soberanía para la eliminación del
latifundio ni para la protección de la agricultura local y de sus ciudadanos.
Movimientos como el de los Sin Tierra de Brasil avanzan luchas cotidianas
contra estos procesos; pero sin apoyo del Estado difícilmente lograrán la
victoria. Sin medidas políticas de restricción del poderío de las
transnacionales y de protección de las agriculturas locales y de los campesinos
no habrá cambios en esta situación. Sin mejora en la política de la propiedad
de la tierra no hay mejoría en el problema del hambre.
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Los ejemplos podrían multiplicarse al infinito. En general, los
poderes económicos y políticos de los países hegemónicos propulsan un modelo de
gestión que exige: 1) Privatización de la naturaleza 2) Privatización de los
recursos, incluidos los del subsuelo 3) Transferencia del poder de decisión de los Estados
periféricos sobre sus recursos hacia
transnacionales, organizaciones
no gubernamentales o minorías étnicas 4) Apropiación monopólica de la tierra
cultivable 5) Control sobre la reproducción de la vida a través de semillas y organismos genéticamente
modificados, clonación y el registro de
patentes sobre seres vivientes 6) Freno del desarrollo en los países emergentes
y periféricos, en aras del ilimitado consumo de recursos por los países
hegemónicos 7) Desplazamiento o tercerización de los efectos nocivos de la
contaminación de los países hegemónicos hacia las periferias. 8) Derecho al uso
ilimitado de la fuerza por los imperios para defender sus pretensiones sobre la
Naturaleza 9) Maquillaje de todas estas
acciones como políticas de defensa de las víctimas y del planeta. Nunca fue más
repulsivo el retrato de Dorian Grey que cuando añadió la hipocresía a sus demás
perversiones. Ninguna de estas fatales iniciativas puede ser revertida sin
acciones políticas. No habrá revolución ecológica sin Revolución.
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Según señalamos, la lógica de estas operaciones destructivas corresponde
a la estrategia de los llamados juegos Suma Cero, en los cuales la ganancia de
uno equivale a la pérdida de otro. Su lógica ha permeado toda la cultura, desde
la simplificación del evolucionismo al darwinismo social y a la idolatría del
libre mercado como supuesta sede de la libre competencia, y a la prédica
postmoderna de la muerte de la Ética, de la Política y de la Historia. La
conciencia de la finitud del mundo debe llevarnos a aplicar los juegos
cooperativos, examinados por John Forbes Nash en 1951 en su artículo
Non-Cooperative Games (The Annals of
Mathematics 54(2):286-295). Si la
perpetuación de un juego suma cero lleva al estancamiento o la destrucción mutua, los competidores pueden
mejorar su estrategia haciéndolo cooperativo. De hecho, la Sociobiología
demuestra que la vida, lejos de ser sólo un juego suma cero de competencia y
mutua destrucción, es también un conjunto de juegos cooperativos, que rigen la
agregación de células en los seres complejos, la reproducción y el apoyo mutuo
en los animales sociales (Wilson, Edward O.: Sociobiology, the new synthesis;
The Belknap Press of Harvard University Press, Harvard, 1976). De los juegos cooperativos nacen las
sociedades humanas y la civilización. Pero un paradigma cultural no se impone
por el mero hecho de ser expuesto. Para implantarlo se requiere una acción
social que impulse una decisión política. Las fuerzas de la vida, que componen
la Naturaleza y el Trabajo, deben imponerse a la abstracción muerta y la lógica
mortífera del Capital. Sin Revolución en la vida no se detendrá la muerte.
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