Más de 200 órdenes de
prisión preventiva o temporal, 108 condenas y 158 colaboraciones pactadas con
la justicia son parte de los resultados de la operación “anticorrupción”
brasileña Lava Jato. Pero lo cierto es que los políticos que usurparon el poder
siguen inalcanzables, pese a las montañas de acusaciones acumuladas, amparados
en un laberinto de corrupción sistémica y serial.
Juraima Almeida-CLAE
La muletilla la utilizan
empresarios, diputados y hasta el mismo presidente de facto Michel Temer: “no
hay pruebas”, pese a los testimonios de muchos acusados que decidieron
"colaborar” con la justicia, buscando reducir sus penas, y desnudaron un
abrumador sistema de favores mutuos, establecido entre autoridades de los tres
poderes y el sector privado, para adueñarse de contratos y el poder
estatal, en un insaciable drenaje de recursos públicos hacia cuentas privadas.
Temer escapó por segunda
vez de un juicio político. Hábil en oscuras negociaciones a plena luz del día
comandó desde las sombras a sus hombres de confianza, atados al silencio por
jugosos contratos y sobornos para evitar su desalojo de la silla presidencial
donde lo depositaron hace poco más de un año aquellos que conspiraron para
destituir –eso sí, sin prueba alguna de delito alguno- a la presidenta
constitucional Dilma Rousseff.
Corrupción sistémica es
el uso sistemático y generalizado de la institución pública para la obtención
de un beneficio privado. Se dan patrones de conductas corruptas ascendentes,
que hacen que el sistema dependa de la corrupción en el más alto nivel político
–que toma decisiones sobre contratos públicos, privatizaciones o grandes
proyectos- para su propio benficio y supervivencia. La corrupción se extiende
como norma en el sistema, y la impunidad protege a toda la institución
corrupta.
Cuando la corrupción está
ampliamente extendida se vuelve sistémica, y si bien las normativas legales
existen, no se cumplen. Los casos de corrupción se dan con frecuencia y por lo
general quedan impunes. Las reglas informales se van instalando. Se sabe que el
soborno es ilegal, sin embargo, se asume como práctica usual en las relaciones
con el sector público.
El precio de la impunidad
El precio para mantener a
Temer en el poder fue de unos diez mil millones de dólares, calculan los
analistas de Brasilia, entre la liberación de recursos destinados a asegurar
votos favorables por perdón de multas y deudas, e iniciativas destinadas a
beneficiar generosamente sectores empresariales bien representados en la Cámara
de Diputados, como cambios en la legislación, para proteger intereses de grupos
poderosos.
Fueron 251 votos los que
impidieron que Temer, el secretario general de la presidencia Moreira Franco y
su jefe de Gabinete, Eliseu Padilha, fueran investigados criminalmente,
postura por la que votaron 233 legisladores, dos se abstuvieron y 25
prefirieron ausentarse.
En la anterior denuncia
contra Temer, votada en Diputados dos meses antes, el precio para que 263
legisladores impidieran el juicio político alcanzó los cuatro mil millones de
dólares, pagados por las arcas públicas, claro está.
En dos meses Temer perdió
doce votos y perdió la mayoría necesaria para aprobar proyectos de ley: 257
diputados (para enmiendas constitucionales son necesarios 308 votos). Los
analistas señalan que ni con todo el dinero podrá retomar la mayoría necesaria
a las puertas del año electoral, sobre todo si esos sufragios son para
enmiendas constitucionales que atenten contra los derechos conquistados por los
trabajadores o las rebajas en pensiones y jubilaciones.
El Congreso espera en los
próximos días recibir la ley para subastar Eletrobras, la productora estatal de
energía eléctrica, para entregársela a empresas trasnacionales.
Según las encuestas
hechas por los grupos de inversión, Temer tiene apenas el apoyo del tres por
ciento de los brasileños. Quizá haya batido otra plusmarca, la de ser el
presidente más impopular del universo, acusado de corrupción pasiva, ser parte
de una banda criminal y de obstrucción a la justicia. Difícilmente un candidato
acepte su respaldo para las presidenciales.
En enero de 2019, cuando
ya no cuenten con los beneficios de los foros especiales, Temer y sus dos
cómplices enfrentarán a la justicia de primera instancia.
¿La impunidad seguirá
después de 2019?
“Es difícil condenar a
los corruptos”, reconoció a la agencia IPS Roberto Livianu, promotor
(representante de la sociedad en los procesos judiciales) y señaló que
para combatir con más eficacia la corrupción, sería necesario abolir el
fuero privilegiado y aprobar las 10 medidas sugeridas por los fiscales
del Ministerio Público Federal –apoyadas por más de 10 millones de firmas en
2015-, como penas mayores para corruptos y rapidez en los procesos judiciales.
En el parlamento los diputados “desfiguraron” las propuestas, y lograron
frustrar el intento.
No cabe duda de que en
Brasil hay una vieja escuela de corrupción y fuga de capitales, y el festival
de valijas con destino a paraísos fiscales sigue tan campante. El único preso
es el exministro de Integración Nacional y exdiputado Geddel Vieira Lima, en
cuyo apartamento la policía descubrió “apenas” 16,2 millones de dólares.
La Operación Lava
Jato tuvo sus éxitos: detuvo a empresarios poderosos, como Marcelo Odebrecht,
expresidente de la mayor constructora brasileña –que dejó a la intemperie una
red de sobornos a nivel continental-, ya condenado a 19 años de cárcel, y
políticos que perdieron el mandato, como el expresidente de la Cámara de Diputados
Eduardo Cunha, uno de los artífices del golpe de estado “blando” de 2016.
Claro, prosperó
mediáticamente para tratar de imponer el imaginario colectivo de que la
corrupción era del Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó el país
con Lula y Dilma Rousseff, entre 2011-2016 en la presidencia. Pero ahora los
blancos son los grandes partidos del sistema, como el PMDB y el conservador
Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en alianza para sostener el
golpe y el gobierno de Temer.
Esta correlación de
fuerzas a favor de políticos corruptos quedó en evidencia en los últimos fallos
de la Suprema Corte, como el del 11 de octubre que supeditó a la autorización
del Senado el alejamiento de funciones, dictado por el propio STF al senador
Aecio Neves, acusado de corrupción y obstrucción a la Justicia.
Pero… una semana después
los senadores aprobaron la vuelta a funciones de Neves, que preparó el golpe
contra Dilma desde el mismo día en que perdió las elecciones ante ella. La
jugada, de cara a las presidenciales, es presionar a fondo para que el
expresidente Lula vaya preso y sea inhabilitado: si no, será imposible ganarle
las elecciones.
*Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de
Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
No hay comentarios:
Publicar un comentario