La continuidad de la
política privatizadora del sector eléctrico ha sido evidente durante la
administración de Otto Pérez Molina (2012-2015). Esta tendencia incluye la
profundización del proceso de licitación y concesión de proyectos
hidroeléctricos a empresas extranjeras y nacionales, y la represión a las
poblaciones que se oponen valientemente a la construcción de hidroeléctricas en
sus territorios.
Jorge Murga Armas*
/Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad de
Guatemala
Los “Megaproyectos”,
promovidos en Guatemala por las agendas de interconexión e integración regional
del Plan Puebla Panamá (PPP) —generación de energía, telecomunicaciones,
transporte comercial—,[1]
provocaron desde el inicio, tanto en México como en América Central, aplausos y
regocijo de los empresarios y gobernantes que veían en ellos una nueva forma de
sacar provecho de la globalización económica neoliberal; temor y rechazo de
amplios sectores de la sociedad que denunciaban sus posibles impactos
ambientales y sociales.
Después de la
experiencia de privatización del sector eléctrico, y ya con varios
megaproyectos en marcha en el país, vale la pena interrogarse sobre los
impactos ambientales y sociales de algunos de ellos e imaginar el futuro del
campo y las sociedades rurales guatemaltecas. Empezaremos con lo que concierne
al sector eléctrico.
La privatización del sector eléctrico
Las primeras noticias
del proceso de privatización del sector eléctrico guatemalteco deben buscarse
en los años ochenta, porque fue en esa década que tanto el CACIF[2]
como el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1990) presentaron las primeras
propuestas e hicieron los primeros intentos. En 1984, recordemos, dirigentes
empresariales encabezados por Manuel Ayau Cordón empezaron a presionar para que
el Estado se deshiciese de las empresas públicas de telecomunicaciones y
electricidad. Pocos años después, recordémoslo también, la administración
Cerezo adheriría a la idea promovida por el Banco Mundial (BM) de
“desmonopolizar las empresas públicas”, pero el poder del sindicato del
Instituto Nacional de Electrificación (INDE) no se lo permitió.[3]
Fue, en verdad, durante
el gobierno de Jorge Serrano Elías (1991-1993) que comenzó la desnacionalización
del sector eléctrico. En este período, en efecto, tanto la Cámara Empresarial
(CAEM) como el CACIF realizaron sendos estudios sobre la privatización de las
empresas del Estado. Mientras la primera proponía la privatización de 32
empresas, el segundo daba a conocer su “Libro Amarillo” en que esbozaba la
política económica y social deseable para el nuevo gobierno y enfatizaba en las
reformas al sector eléctrico. El interés por la privatización de las empresas
públicas era tal, que el CACIF llegó a conformar una comisión del sector
privado para redactar su proyecto de Ley General de Privatización.[4]
Pero la crisis
energética de 1991 en Guatemala arrebataría al CACIF el control del proceso
inicial de desnacionalización. Con el expediente de la crisis, efectivamente,
la administración Serrano Elías quita el cerrojo para el acceso inmediato de la
transnacional estadounidense ENRON.[5]
Este hecho, por lo demás, evidenció las componendas y altos niveles de
corrupción con que inició la apertura del sector.[6]
En ese ambiente,
Serrano Elías nombra una Comisión Especial[7]
para evaluar al conjunto del sector eléctrico antes de avalar la privatización
del INDE y la venta de las acciones del Estado en la Empresa Eléctrica de
Guatemala, S.A. (EEGSA). Pero las discrepancias con el proyecto de Ley de
desmonopolización (Decreto legislativo 59-92) salido de esa comisión, provocó
el veto de Serrano y la formulación de su propio proyecto de privatización.
Este, básicamente, planteaba la venta de los generadores eléctricos del INDE y
de la EEGSA.
Después del “autogolpe”
de Serrano Elías que provocó el final de su mandato —el cual se cree estuvo
relacionado con las disputas entre las facciones empresariales que buscaban
beneficiarse con la privatización—, Ramiro de León Carpio (1993-1996) llega al
poder. Aunque las privatizaciones en el sector eléctrico se detuvieron en esos
años, las presiones de una de esas facciones obligaron al nuevo Presidente a
destituir del cargo de director de la Oficina de Privatización y Desmonopolización
del Estado a Manuel Ayau Cordón, hombre fuerte de la otra facción.
En enero de 1995, en
efecto, Ramiro de León Carpio veta la nueva ley del INDE que buscaba
desmonopolizar el sector de la electricidad, lo cual le provocó nuevas y
mayores tensiones con los empresarios interesados en acelerar el proceso. De
León Carpio, debemos decirlo, no se oponía a la privatización del sector.
Condicionado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) que
financiaba la formulación del proyecto de Ley General de Electricidad que
avalaba el Banco Mundial, el nuevo Presidente sólo esperaba su terminación.
Mientras tanto, y en
medio de las críticas del CACIF que no desaprovechaba la ocasión para despertar
un sentimiento “nacionalista” en la sociedad que le asegurase el apoyo de los
sindicatos de la electricidad,[8]
Teco Power Services (TPS) construye la planta Alborada que opera desde entonces
a través de Tampa Centroamericana de Electricidad Ltd.
Se trataba, en
realidad, de transformar el monopolio estatal administrado por el INDE y la
EEGSA, en un monopolio privado en manos de empresas extranjeras y nacionales.
Fue eso, exactamente, lo que años después afirmaría, con otro propósito, el
director de Electroconsulting, una de las empresas consultoras encargadas de
patrocinar el estudio requerido por la Comisión de Vestuario y Textiles
(VESTEX) cercana al empresario de maquilas y Presidente de la República, Álvaro
Colom Caballeros (2008-2012):
La
apertura y privatización de las empresas del sector eléctrico en 1997
transformó un monopolio público en privado, además que el sector presenta falta
de competencia, instituciones reguladoras débiles, así como que los costosos
contratos preexistentes firmados a partir de 1993 han consolidado operadores
dominantes dentro del mercado y, por ende, los precios tienden a ser de los más
altos de América Latina.[9]
Hasta principios de los
noventa, en efecto, la matriz energética de Guatemala (compuesta por las
diferentes fuentes generadoras de energía disponibles) era monopolio del Estado
que a través del INDE generaba el 95% de la electricidad. Entonces, las
hidroeléctricas constituían la principal fuente generadora de energía y entre
ellas destacaba la controversial Chixoy.[10]
Pero en la medida en que se dieron los cambios, el INDE dejó de ser el más
importante distribuidor de electricidad y las empresas transnacionales ocuparon
su lugar.
Fue entonces cuando las
transnacionales privilegiaron la construcción de centrales termoeléctricas
altamente contaminantes cuyo funcionamiento depende de derivados del petróleo
(bunker y diesel) sólo para obtener ganancias inmediatas. Como consecuencia,
las tarifas del servicio eléctrico se elevaron exponencialmente,[11]
a pesar de que el discurso oficial y empresarial afirmaba lo contrario. Según
ellos, en la medida en que avanzara la privatización, la competencia en el
sector abarataría la electricidad.
En 1996, durante el
gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), y ya con una matriz energética altamente
dependiente del petróleo, se aprobó el Decreto Legislativo No. 93-96 Ley
General de Electricidad, que crea el “Mercado Mayorista” para facilitar la
privatización del servicio de distribución. Para ello, la ley de electricidad
planteó que tanto el INDE como la EEGSA debían separar sus funciones de
generación, comercialización, distribución y transmisión. Esto favoreció a
Unión Fenosa, empresa española que compró la Empresa de Distribución del INDE
por 101 millones de dólares, no obstante que su valor real, según el sindicato
del INDE, ascendía a 400 millones. Fue en ese contexto que Unión Fenosa creó
DEORSA y DEOCSA, empresas que, respectivamente, distribuirían la energía
eléctrica en el oriente y occidente del país.
En ese mismo ambiente,
EEGSA vende en 1997 sus plantas generadoras a la empresa estadounidense
Constellation Power Development (CPD), que operará a través de su subsidiaria
Guatemalan Genereting Group (GGG), y que en 2001 pasaría a manos de la
estadounidense Duke Energy. Pero fue en 1998 cuando el Estado vende todas sus
acciones en la EEGSA. Después de un “concurso internacional”, en efecto, remata
el 80% del capital accionario que desde 1972 poseía en la Empresa Eléctrica de
Guatemala.
La nueva propietaria
fue la compañía Distribuidora Eléctrica Centroamericana, S.A. (DECA), cuyos
accionistas eran la española Iberdrola de Energía, S. A. (49% del capital), la
estadounidense Teco Power Services representada por la TPS Ultramar Guatemala,
S.A. (30% del capital) y la portuguesa EDP-Electricidad de Portugal, S.A. (29%
del capital).[12]
Ahora bien, desde abril de 1999 esas multinacionales manejan su inversión a
través de la Distribuidora Eléctrica Centroamericana II, S.A. (DECA II), que en
1999 crea la compañía Comercializadora Eléctrica de Guatemala, S.A. (COMEGSA),
la más importante de las 14 empresas de comercialización de electricidad que
entonces existían en el país.[13]
Por lo demás, el alza
desmedida de los precios de la electricidad llevó al INDE a instituir en 1998
una “tarifa social” que subsidiaría a millones de usuarios que no podían pagar
los altos precios de la electricidad. Pero esta tarifa social, contrariamente a
lo imaginado, favorece también a los capitales nacionales y transnacionales
dueños del oligopolio de la electricidad. Si es verdad que los subsidios
permiten que muchos usuarios continúen utilizando el servicio, y si es verdad
que su existencia sirve para mantener el proceso de electrificación rural en
marcha, también es verdad que los mayores beneficiados con la instauración de
la tarifa social han sido las empresas generadoras y comercializadoras de
electricidad a las que el INDE paga el suministro.
El proceso de
privatización de la generación y comercialización de energía eléctrica no se
detuvo allí. Durante la administración de Alfonso Portillo (2000-2004), importantes
capitalistas construyeron plantas generadoras de electricidad con el aval del
INDE y muchos otros se beneficiaron con la concesión de nuevos proyectos
geotérmicos. Más y más ingenios azucareros erigieron sus propias plantas
generadoras de energía eléctrica, y desde entonces hacen magníficos negocios
vendiéndola al INDE a precios altos.[14]
Así, los más favorecidos terratenientes y agroexportadores del país, que en
esos mismos años se insertaron en el negocio de los agrocombustibles,[15]
extienden sus tentáculos al sector eléctrico amenazando con convertirse en
elementos estratégicos del nuevo oligopolio de la generación de electricidad.[16]
Fue justamente eso lo
que favoreció la administración de Oscar Berger (2004-2008). Apoyado y
comprometido abiertamente con ellos, se propuso transformar la matriz
energética altamente dependiente de los hidrocarburos y de la volatilidad de
sus precios, por otra que privilegia la construcción de plantas hidroeléctricas
y a base de carbón. Su objetivo, decían, era abaratar los costos de generación
de electricidad para atraer inversión extrajera, pero era evidente que también
buscaba beneficiar al sector industrial local que concentra a los principales
usuarios del servicio eléctrico del país.
Después de cuatro años de profundizar en ese modelo, y aunque los
resultados fueron casi imperceptibles, la definición de políticas energéticas y
los compromisos alcanzados a nivel institucional fueron suficientes para que su
sucesor consolide lo iniciado.
Por eso, Álvaro Colom
anuncia desde el inicio de su gobierno la intención de modificar la matriz
energética. Esta, afirmaba, dependía en un 46% del petróleo para su generación,
lo cual había impactado desfavorablemente en los costos de la energía del país.[17]
La administración Colom, pues, se propuso fortalecer la plataforma
institucional creada por su antecesor —el Programa Nacional de Competitividad
(PRONACOM), la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera Directa (Invest in
Guatemala) y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE)— y promover la
construcción de proyectos hidroeléctricos y plantas carboneras para avanzar
hacia el objetivo final fijado en el Plan de Expansión Indicativo del Sistema
de Generación 2008-2022: reducir la dependencia de los hidrocarburos y producir
casi dos tercios de la electricidad por medio de hidroeléctricas en el 2022.
Se avanza entonces en
la interconexión con México, El Salvador y Honduras, se pone énfasis en los
proyectos binacionales con El Salvador y México —todo ello según lo previsto en
el Plan Puebla Panamá— y se concesionan nuevos proyectos hidroeléctricos.
Estos, al instante, provocan el rechazo de las comunidades afectadas que se
oponen al otorgamiento de sus territorios y recursos naturales a capitales
locales y transnacionales. El caso más conocido, aunque no el único, es el del
proyecto Xalalá[18]
en los municipios de Ixcán, Uxpantán y Cobán, en los departamentos del Quiché y
Alta Verapaz, cuya licitación fracasó en noviembre de 2008 debido a la falta de
ofertas de las empresas transnacionales y locales en un contexto de fuerte
oposición comunitaria.
Esto, sin embargo, no
impidió que la administración Colom adicionara a la lista de proyectos
hidroeléctricos aprobados y en operaciones desde 1998, otra de plantas térmicas
e hidroeléctricas a construirse en los próximos años.[19]
Entre éstas sobresalen los proyectos hidroeléctricos Renace II sobre el río
Cahabón, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz (propiedad del Grupo Multi
Inversiones de la familia Gutiérrez-Bosch), el cual se estima generará 163
megavatios de energía con una inversión de 320 millones de dólares; e
HidroXacbal sobre el río Xacbal, en San Gaspar Chajul, El Quiché (propiedad del
Grupo Terra de Honduras), que generará según estimaciones 94 megavatios de
energía a un costo de 190 millones de dólares.
La continuidad de la
política privatizadora del sector eléctrico ha sido evidente durante la
administración de Otto Pérez Molina (2012-2015). Además de profundizar el
proceso de licitación y concesión de proyectos hidroeléctricos a empresas
extranjeras y nacionales (Xalalá, por ejemplo), y además de reprimir a las
poblaciones que se oponen valientemente a la construcción de hidroeléctricas en
sus territorios (Santa Cruz Barrillas, por ejemplo), su gobierno impulsa
discretamente el Proyecto de Electrificación Territorial (PET) que
interconectará a los productores de electricidad con los grandes consumidores
del mercado mayorista. Entre ellos, la industria minera, Cementos Progreso,
Cervecería Centroamericana y Aceros de Guatemala, los mayores demandantes de
energía eléctrica del país.[20]
Veamos ahora cómo este tipo de represas e hidroeléctricas puede tener un
impacto ambiental y social en las regiones donde se construyen.
Posibles impactos ambientales y sociales del
proyecto Xalalá
Si nos atenemos al
estudio de la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA),[21]
en el cual se evaluaron los “impactos y obligaciones en derechos humanos del
Estado de Guatemala en la planificación y construcción de la hidroeléctrica y
represa de Xalalá”, este tendrá dos tipos de impactos: los ambientales
propiamente dichos y sobre los derechos humanos de las comunidades y pueblos
indígenas.
Impactos
ambientales
Nacido en los años
setenta como un elemento del proyecto de la Franja Transversal del Norte (FTN),
el de la represa e hidroeléctrica Xalalá ha inquietado desde entonces por los
posibles impactos de su construcción. En aquellos años, recordémoslo, se
estimaba que el proyecto inundaría más de 30 km2 en áreas de los
municipios de Playa Grande, Uspantán y Cobán. Actualmente, y aunque no se
expliquen con claridad las causas del descenso,[22]
se dice que el embalse abarcará únicamente 7.5 km2 en áreas de
Ixcán, Uspantán y Cobán.
El proyecto Xalalá, no
obstante, preocupa a la ciudadanía local que desde el momento de la primera
licitación exige su cancelación. Aun cuando las autoridades gubernamentales se
amparen en el argumento de la creciente necesidad nacional de energía,[23]
y aunque hablen de la posibilidad de exportar la energía generada por las
hidroeléctricas a los países vecinos,[24]
lo cual en teoría beneficiaría al Estado y la sociedad, las comunidades y
pueblos indígenas afectados por el proyecto Xalalá han expresado
permanentemente su oposición.
Y esto, por una
sencilla razón. Hasta la fecha se desconocen los beneficios y regalías que
dicho proyecto dejaría al Estado, a los municipios y a las comunidades
afectadas. No se sabe, siquiera, si estas dispondrán del servicio de energía
eléctrica y si lo harán con una tarifa especial. Tampoco se cuenta con
información oficial sobre varios aspectos fundamentales del proyecto. Entre
otros, datos exactos de las comunidades que serían directamente afectadas por
la represa y que tendrían que ser reubicadas; las tierras que quedarían
inundadas y qué comunidades perderían sus tierras de cultivo y base de
alimentación (las cuales tendrían que ser reubicadas también).[25]
Tampoco se tienen otros datos técnicos importantes para evaluar el alcance e
impacto del proyecto para las comunidades afectadas.[26]
Cualquiera que sea el
modelo de privatización del proyecto Xalalá,[27]
el estudio del Colectivo Madre Selva muestra que su realización inundará buena
parte de la zona afectando directamente a varias localidades.[28]
La Pastoral Social de Ixcán,[29]
por su parte, estima que serían inundadas parcial o totalmente las siguientes
comunidades:
-Micro región VI Ixcán,
El Quiché:
Ribera
río Chixoy: comunidad de Xalalá, campamento de Xalalá.
Ribera
río Copón: Rumor de los Encantos I, Rumor de los Encantos II, Caserío Rumor II,
Santa Marta Copón, Santa Elena Copón, Villa Linda Copón.
Ambas
riveras: Margaritas Copón I.
-Micro región II (Zona
Reina) Uspantán, El Quiché:
Ribera
río Chixoy: San Pedro Chailá, Nuevo Asturias, La Maya.
Ribera
río Copón: San Pedro Cotijá, Ventana del Cielo.
Ambas
riberas: Finca Chailá.
-Micro región V Alta
Verapaz:
Ribera
río Chixoy: Samultequén II, La Libertad Xalarocja, San Pedro Xalarocja.
Pero las comunidades y
organizaciones sociales de la región creen que el número de comunidades
afectadas sería superior. Según estas, varias comunidades de las orillas del
río Chixoy en los municipios de Uspantán y Cobán no fueron tomadas en cuenta en
el estudio auspiciado por la Pastoral Social de Ixcán, lo cual les lleva a
afirmar que el número de localidades afectadas total o parcialmente podría
llegar a 53.[30]
En cualquier caso, se
estima que las comunidades asentadas en las riberas de esos ríos a una altura
de 230 metros quedarían bajo agua y que las ubicadas a 300 metros sobre el
nivel del mar quedarían parcialmente inundadas o afectadas en sus tierras y
vías de acceso.[31]
En otras palabras, “las inundaciones totales o parciales supondrán la pérdida
de vivienda y/o modos de subsistencia de (por lo menos) 13.968 personas”.[32]
Esto puede
dimensionarse si se analiza la siguiente información:[33]
-El campamento Xalalá
sería directamente afectado por los trabajos de ingeniería necesarios para la
construcción del muro de contención. La comunidad, por lo tanto, tendría que
desalojar por completo la zona.
-La comunidad de
Xalalá, cuya ubicación sería afectada parcialmente por el futuro emplazamiento
de la sala de máquinas, vería afectado el centro de su localidad y algunas
tierras cultivables.
-De la comunidad
Margaritas Copón I sólo se salvaría la parte alta donde se encuentran la
escuela, la iglesia y algunas viviendas. La otra parte, constituida por
viviendas, tierras fértiles, tierras cultivadas, quedaría completamente
inundada.
-Rumor de los Encantos
I, no obstante su lejanía, vería afectados parte de sus cultivos, tierras
fértiles y la pista de aterrizaje que constituye el único medio de transporte
de la comunidad.
-Rumor de los Encantos
II no se salvaría. Parte de los terrenos cultivados, tierras fértiles y
pastizales, todos de vital importancia para la comunidad, serían inundados.
-Los habitantes del
Caserío Rumor II, cuyas viviendas y tierras cultivadas están dentro del área de
influencia directa del embalse, serían desalojados.
-Los vecinos de Santa
Marta Copón verían afectadas sus tierras cultivables y reservas de la montaña.
-Santa Elena Copón
saldría afectada en la parte concerniente a tierras fértiles y cultivos
ubicados en la orilla del río.
-En Villa Linda Copón
posibles movimientos de agua de la represa provocarían la inundación de tierras
de cultivo de granos básicos y otras tierras de cultivo.
-San Pedro Cotijá vería
afectadas tierras de cultivo y tierras fértiles. Al aumentar el caudal del río
Copón, hecho muy probable en el contexto del proyecto Xalalá, el “puente de
hamaca”, único medio para cruzar al Ixcán, quedaría inhabilitado.
-En Ventana del Cielo
saldrían afectadas las fuentes de agua de consumo y algunas tierras
cultivables.
-Finalmente, la
planicie de la finca Chailá se inundaría y la parte alta serviría como de muro
de contención de la represa.
Eso no es todo. Según
CIFCA, los impactos ambientales y daños a las poblaciones del área podrían
aumentar. Si “los caudales turbinados” o “modo de producir energía” variaran,
lo cual es posible por las condiciones en que el gobierno otorga las
concesiones, la población río abajo de la hidroeléctrica saldría igualmente
afectada. En este caso, además de poner en riesgo la seguridad de las
comunidades y trastornar el ecosistema fluvial, la construcción de la
hidroeléctrica limitaría el acceso al uso del agua de los habitantes.
Basada en el estudio
del “Marco legal en Derechos Humanos” que obliga jurídicamente al Estado de
Guatemala[34]
a “proteger, promover y realizar los derechos contemplados a todos los
individuos que se encuentren en su territorio, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social”,[35]
CIFCA se dedica a analizar los derechos humanos reconocidos a las comunidades y
pueblos indígenas en la Constitución de la República,[36]
los Acuerdos de Paz[37]
y el Derecho Internacional.
Además, señala el
“Incumplimiento de obligaciones del Estado en Derechos Humanos” durante el
proceso de licitación del proyecto, especialmente en el derecho a la consulta y
al consentimiento previo, libre e informado; y en la necesidad de estudios de
impacto socio-ambiental y sus consecuencias en los derechos humanos de las
personas que saldrían afectadas.
Así, el estudio de la
“Iniciativa de Copenhague” llega a definir los “Posibles impactos sobre los
derechos humanos de las comunidades”. Esto, a nosotros, nos permitirá definir
los posibles impactos sociales del proyecto Xalalá.
Impactos
sociales
Si, como se ha dicho,
la construcción de la represa e hidroeléctrica Xalalá tuviera un impacto
negativo en el medioambiente y esta afectara los derechos humanos de las
personas y comunidades (el derecho a la vida, a la integridad física, al
trabajo, a la libre circulación, a la participación y los derechos de los
pueblos indígenas),[38]
la realización de ese proyecto también causaría impactos sociales
significativos. Además de los ya mencionados, queremos subrayar especialmente
el hecho de que el sistema familiar y comunal que asegura la vida de los
habitantes de la zona, sería alterado y en muchos casos destruido por la
construcción del embalse.
Las comunidades del
área, en efecto, poseen un sistema de autosubsistencia que se basa en la
agricultura, la recolección de frutas y plantas medicinales, la caza y la
pesca, que mantiene el equilibrio socio-ambiental y la seguridad alimentaria de
los habitantes,[39]
y que sería afectado inevitablemente por el proyecto. La eficacia del sistema,
debemos decirlo, no deja de sorprendernos.
A pesar de que la única
fuente de ingreso de las comunidades es la producción y comercialización de
café y cardamomo, y a pesar de que las plantaciones de cardamomo sólo permiten
tres cosechas en el curso de cuatro meses consecutivos en un año, los
pobladores pueden vivir sin los ingresos de esa actividad económica durante
ocho meses, gracias a ese sistema que funciona en forma óptima. En efecto, la
fertilidad de las tierras y la biodiversidad les permite cubrir las necesidades
básicas de subsistencia. Además, la cría de traspatios de algunos animales, la
caza en la selva y la pesca en los ríos, les asegura de un modo admirable su
manutención: pollos, pavos, patos, armadillos, tepezcuintles, venados, cotuzas,
palomas, pescados, camarones, cangrejos, jutes, conchas, tortugas, anguilas,
gusanos de piedra, entre los más comunes, les sirven de alimento.
Por otra parte, los
ríos Copón y Chixoy y sus afluentes coronan el funcionamiento del sistema. Son
éstos, precisamente, los que permiten transportar las cosechas de cardamomo para
su comercialización y facilitan el riego de las tierras de cultivo y el consumo
de agua de las poblaciones y de los animales.
Por eso, la “Iniciativa
de Copenhague” afirma que “centenares de personas, familias y comunidades
perderían su vivienda, su acceso a su modo de subsistencia, principalmente agua
y tierra”,[40]
lo que supone la violación al derecho a un estándar de vida adecuado y una
amenaza a su derecho a la alimentación. En pocas palabras:
Los
efectos de la construcción serían la inundación de los núcleos habitacionales,
de las tierras de cultivo, de las tierras fértiles, de los pastizales, un
posible cambio en la biodiversidad del entorno, la imposibilidad de pesca, el
corte de las actuales vías de comunicación (puentes, caminos, ríos) o por la
construcción de carreteras trazadas sobre los lotes de las comunidades. También
se verá gravemente afectada la relación que las comunidades tienen con sus
tierras y con sus recursos, afectando así el goce del derecho a la vida, a la
honra y a la dignidad, la libertad de conciencia y religión y la protección de
la familia entre otros.[41]
Los impactos sociales,
pues, no son despreciables. No obstante, y aunque en las Consultas de Buena Fe
de Ixcán[42]
y Uspantán[43]
las comunidades rechazaron la construcción de la hidroeléctrica en sus
municipios, el gobierno de Otto Pérez Molina, como lo hizo en su momento el de
Álvaro Colom, defiende el proyecto.[44]
Pero la oposición de
los pobladores ha servido de muro de contención al gobierno y a las empresas
que pretenden adueñarse de la zona. Seis años después del fracaso de la primera
licitación del proyecto, ninguna de esas administraciones ha logrado
concretarlo. Ambas, ciertamente, se han topado con la fuerte oposición de las
comunidades y pueblos indígenas que, además de denunciar la violación de sus
derechos, expresan su rechazo a la represa. Sus demandas son categóricas:
Exigen 1) la
cancelación del proyecto por los graves daños que causará a las comunidades y
porque atenta contra sus derechos como Pueblos Indígenas (derecho a la
alimentación, a la vida, a un medio ambiente sano, a la posesión y propiedad de
la tierra y a decidir libremente las prioridades de su desarrollo); 2) el
respeto a las consultas comunitarias y a su derecho al consentimiento libre
previo e informado, así como el derecho de sus comunidades a decidir libremente
las prioridades y formas de desarrollo; 3) la reparación de los daños causados
a las comunidades afectadas por la represa Pueblo Viejo Quixal (Chixoy) en base
al plan de resarcimiento acordado con las comunidades afectadas; y que 4) el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), antes de autorizar estudios
de impacto ambiental para nuevas hidroeléctricas en la cuenca
Chixoy-Usumacinta, realice una evaluación independiente del impacto
socio-ambiental causado por las hidroeléctricas existentes y en construcción en
las cuencas de los ríos Chixoy, Copón y Xalbal,[45]
y que además estudie los efectos en los ríos y comunidades de los municipios de
Uspantán, Ixcán, Cobán, Sayaxché, Las Cruces y La Libertad.[46]
Conclusión
Vemos que si el
gobierno de Otto Pérez Molina insiste en concesionar proyectos hidroeléctricos
de alto impacto ambiental y social como Xalalá, es porque en esta fase de
privatización del sector a él le corresponde hacer lo que el poder imperial de
los organismos financieros internacionales y sus aliados locales establecieron
para este momento.
No es verdad, pues, que
los “Presidentes de Guatemala” gocen de soberanía en sus decisiones. Si es
cierto que el cargo les confiere autoridad, también es verdad que durante su
mandato se consagran a realizar los designios del imperio y del gran capital
nacional y transnacional: “Sólo dos Presidentes ha tenido Guatemala: Arévalo y
Árbenz. Los demás han sido administradores coloniales”.
Contundente y certera
afirmación del defensor incansable de los intereses nacionales, Rafael
Piedrasanta Arandi.
NOTAS:
* Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
[1] Véase Jorge Murga
Armas, Guatemala en el Plan Puebla
Panamá. Las tramas de este modelo de integración regional, Revista
Economía, No. 169, IIES, Guatemala, julio-septiembre 2006, pp. 51-81.
[2] Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
[3] Más de 15 días de
huelga de los trabajadores del sector eléctrico forzaron a Vinicio Cerezo a
destituir a su padrino Roberto Balsells de la presidencia del INDE. Vinicio
Cerezo, debemos decirlo, había nombrado ilegalmente en el cargo a ese
millonario empresario que a través de sus empresas Aerolux y Telectro también
proveía al INDE. La fuerza de los trabajadores también le obligó a asumir el
compromiso de no privatizar el INDE y evitar el alza de las tarifas eléctricas.
[4] Dicha comisión estuvo
integrada por Edgard Heinemann, Peter Lamport, Juan Luis Bosch, Alfredo
Chinchilla, Gustavo Anzueto Vielman y Víctor Suarez Valdez.
[5] El contrato original
fue firmado en 1992 por la EEGSA y la transnacional Texas Ohio Power (TOP) y
luego trasladado a ENRON. Con el 37% de las acciones hasta su quiebra en el
2003, ENRON estaba asociada en Guatemala con las empresas Common Wealth
Development Corp. y Centrans Energy Services (CES) que poseían el 63% de las
acciones. En ese momento, ENRON empezaría a generar 110 megavatios de energía
eléctrica a través de su subsidiaria Puerto Quetzal Power. Véase Luis Solano, El negocio de la electricidad:
transformación de la matriz energética y sus impactos, en El Observador,
Análisis alternativo sobre política y economía, Recursos naturales y energéticos en manos privadas, Año 3, No. 16,
Guatemala, Diciembre 2008 - Enero 2009, pp. 3-34.
[6] En ese proceso
participaron los empresarios guatemaltecos Oswaldo Méndez Herbruger, Roberto
López, Henrik Preuss, Marco Antonio Lara Paíz y Raúl E. Arrondo. Ibid., p. 22.
[7] Integrada por Víctor
Suárez Valdez, Fernando García Molina y Leonel López Rodas. Este, debemos
decirlo, presentó una propuesta de privatización durante el gobierno de Serrano
Elías y otra durante la administración de Ramiro de León Carpio. Este asesor
del Congreso que después se convertiría en un millonario empresario ligado al
negocio de la energía, ocupó durante el gobierno de Álvaro Arzú entre otros
cargos el de Ministro de Energía y Minas.
[8] “La pretendida Ley
General sobre Electricidad, decía el CACIF, no es nada más que una imposición
del Banco Mundial, la cual se utiliza como pretexto para posponer el proceso de
desmonopolización”. Véase: Inforpress Centroamericana, Fricciones gobierno-CACIF por veto presidencial, edición del 26 de
enero de 1995.
[9] elPeriódico,
22/01/2008.
[10] Véase Alfredo
Ankermann, El legado del megaproyecto
Chixoy: Sangre, sudor y lágrimas, en El Observador, op. cit., pp. 51-65.
[11] Mientras que entre 1980
y 1989 el precio promedio de la electricidad para el consumidor creció 44%,
entre 1990 y 1998, en pleno proceso de privatización, el alza fue de 145%. Así,
el precio del kilovatio que en 1989 se ubicó por debajo de los Q0.22, en 1998
alcanzó un poco más de Q0.54. Luis Solano, op.
cit., p. 21.
[12] El 21 de octubre de
2010, el Grupo EPM de Medellín, Colombia, compra el 80% de las acciones de la
EEGSA al consorcio integrado por Iberdrola de Energía, S.A., Teco Power
Services y EDP-Energías de Portugal, S.A.
[13] Luis Solano, op. cit., p. 25.
[14] Ibid.
[15] Véase Jorge Murga
Armas, El costo social de la producción
de agrocombustibles en Guatemala, Boletín Economía, No. 6, IIES, Guatemala,
junio 2011.
[16] En el 2008, 6 de las 19
empresas generadoras de electricidad eran propiedad de alguno de los 15
ingenios azucareros del país: Central Agroindustrial Guatemalteca, S. A.
(Ingenio Madre Tierra), Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, S. A. (Ingenio
Santa Ana), Concepción, S. A. (Ingenio Concepción), Ingenio La Unión, S. A.,
Ingenio Magdalena, S. A., Pantaleón, S. A. (Ingenio Pantaleón). Luis Solano, op. cit., p. 25.
[17] “La actual matriz de
energía eléctrica depende en un 46% del petróleo (bunker) para su generación, el
que ha tenido constantes incrementos a nivel internacional lo que ha impactado
en los costos de energía del país”. Ministerio de Energía y Minas. Comunicado
de prensa, 25/05/2008.
[18] Después de varios años
de abandono, e inmediatamente después de la divulgación del Plan Puebla Panamá,
el gobierno de Alfonso Portillo recuperó el “Proyecto Hidroeléctrico Xalalá”.
Véase INDE, Plan Maestro de
Electrificación Nacional, Guatemala, 2001. En el 2008, a través de la
Comisión Nacional de Energía Eléctrica, el gobierno de Álvaro Colom retoma el
proyecto. Véase: CNEE, Plan de Expansión
Indicativo del Sistema de Generación 2008-2022, Comisión Nacional de
Energía Eléctrica, Guatemala, 2008.
[19] Véase Luis Solano, op. cit., pp. 12-14.
[20] Comunicado del Consejo
del Pueblo Maya K’iche’, Guatemala 02/10/2013.
[21] CIFCA, Informe de investigación sobre Guatemala.
Proyecto Xalalá ¿Desarrollo para todos? Impactos y obligaciones en derechos
humanos del Estado de Guatemala en la planificación y construcción de la
hidroeléctrica y represa Xalalá, Iniciativa de Copenhague para
Centroamérica y México, noviembre de 2008.
[22] Ibid., p. 16.
[23] Prensa Libre, Estado reconoce crisis energética,
Guatemala, 05/03/2008.
[24] Inforpress
Centroamericana, No. 1723, Hidroeléctrica
a licitación, Guatemala, septiembre 2007.
[25] CIFCA, op. cit., p. 21.
[26] Ibid., p. 21.
[27] En el 2008 se hablaba
de un modelo semiprivado donde una empresa ejecutora conformada en un 80% por
capital extranjero y en un 20% por capital nacional se encargaría de la
construcción. También se habló de “un modelo privatizado por completo”. Véase
Prensa Libre, Dudas por licitación del
proyecto Xalalá, Guatemala, 04/03/2008; y Prensa Libre, INDE está dispuesto a impulsar Xalalá,
Guatemala, 08/11/2008.
[28] Colectivo Madre Selva, Caracterización de la biodiversidad de la
zona de influencia de la central hidroeléctrica Xalalá, Quiché-Cobán,
Guatemala, 2008.
[29] Santiago Botón Simaj, ¿De qué sirve la luz para quienes no quieren
ver la luz?, Pastoral Social de Ixcán, Guatemala, enero de 2007.
[30] CIFCA, ibid., p. 21.
[31] Ibid.
[32] Santiago Botón Simaj, op. cit.
[33] Trabajada por el autor
en base a la información que proporciona el documento de la Pastoral Social de
Ixcán, el INDE y CIFCA.
[34] Entre otras
declaraciones e instrumentos de Derechos Humanos, el Estado de Guatemala es
signatario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), EL Pacto de
Derechos civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (PIDESC), la Convención Interamericana de Derechos Humanos y,
además, ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), sobre pueblos indígenas y tribales. CIFCA, op. cit., p. 25.
[35] Ibid.
[36] La Constitución
Política de la República estipula en su artículo 1 que “El Estado de Guatemala
se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la
realización del bien común”. Por otra parte, en su artículo 46 reconoce la
preeminencia del Derecho Internacional de los derechos humanos sobre el derecho
interno. Esto significa que los derechos humanos “deber ser aplicados y tenidos
en cuenta por todos los poderes del Estado, a saber el ejecutivo, el
legislativo y el judicial”. Más aún, el artículo 46 establece que “serán nulas ipso jure las leyes (…) que disminuyan,
restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”. Ibid.
[37] Con la promulgación de
la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto número 52-2005, del Congreso de la
República, los Acuerdos de Paz adquirieron carácter de compromiso de Estado. Esto
hace imperativo el desarrollo de acciones concretas para su cumplimiento por
parte de todas las instituciones públicas y personas individuales y jurídicas
de la sociedad. Sobresalen el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria y el Acuerdo para el Reasentamiento de las
Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado. Ibid.
[38] CIFCA, op. cit., p. 27.
[39] Santiago Botón Simaj, op. cit.
[40] CIFCA, op. cit., p. 37.
[41] Ibid.
[42] El 89.74% de la
población rechazó el proyecto Xalalá y la explotación petrolera en la Consulta
de Buena Fe realizada en el municipio de Ixcán el 20 de abril de 2007.
[43] 25,260 personas
rechazaron la construcción de hidroeléctricas y la explotación minera en la
Consulta de Buena Fe realizada en el municipio de Uspantán el 29 de octubre de
2010.
[44] Véase: Prensa Libre del
07 y 26 de julio, del 22 de agosto y del 04 de septiembre de 2012; elPeriódico,
30 de julio de 2012. El oficio de la Asociación de Comunidades para el
Desarrollo y Defensa de los Recursos Naturales (ACODET) dirigido al Presidente
de la República y otras autoridades de gobierno razona y denuncia el problema.
ACODET, Guatemala, 15 de octubre de 2012. Véase también: ACOGUATE, Delegación de Ixcán, Cobán y Uspantán
reivindica sus derechos en el marco del proyecto de la hidroeléctrica Xalalá,
del 08 de enero de 2013.
[45] “A lo largo del Río
Chixoy estarían, la hidroeléctrica de Río Negro cerca de Sacapulas, la represa
e hidroeléctrica de Chixoy y donde está ubicada su sala de máquinas comenzaría
la represa e hidroeléctrica Xalalá. Por otro lado, a lo largo del Río Copón se
prevé la construcción y finalización de otras hidroeléctricas. Al igual que en
el Río Chixoy, la siguiente hidroeléctrica esta inmediatamente arriba del
embalse Xalalá planificado. CIFCA, op.
cit., p. 41.
[46] ACODET, op. cit., pp. 6-7.
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