El 10 de agosto es la fecha nacional del
Ecuador, pues se conmemora el inicio del proceso de independencia del país en
1809, con la instalación de una Junta Suprema de gobierno criollo. El
aniversario ha servido de ocasión para reflexionar sobre los últimos 40 años de
la trayectoria histórica, pues el 10 de agosto de 1979 se inició la fase de
gobiernos constitucionales más larga en la vida republicana, tras una década de
dictaduras militares.
Juan
J. Paz y Miño Cepeda / Historia y Presente blog
Durante los primeros 17 años hubo cinco gobiernos:
Jaime Roldós (1979/81), Osvaldo Hurtado (1981/84), León Febres Cordero (1984/88),
Rodrigo Borja (1988/92) y Sixto Durán Ballén (1992/96). En los siguientes 10
años hubo siete gobiernos: Abdalá Bucaram (1996/97), Rosalía Arteaga (fin de
semana), Fabián Alarcón (1997/98), Jamil Mahuad (1998/2000), Gustavo Noboa
(2000/03), Lucio Gutiérrez (2003/05), Alfredo Palacio (2005/07) y una dictadura
nocturna (enero 21 de 2000). Fueron derrocados Bucaram, Mahuad y Gutiérrez,
quienes eran, además, los únicos presidentes electos de esa década. Entre
2007/17 gobernó Rafael Correa, sucedido por Lenín Moreno (2017/hoy).
Roldós y Hurtado (en sus primeros dos años), obraron
en el marco de la progresista Constitución de 1979, bajo principios
desarrollistas y reformistas. La deuda externa heredada comenzó a pesar.
Hurtado firmó (1983) la primera carta de intención con el FMI, que inauguró los
condicionamientos externos para cubrirla. Febres Cordero rompió con las
políticas “socialistas” de sus antecesores (así los acusó) e inauguró el modelo
empresarial, continuado y profundizado por Durán Ballén y desde 1996 por todos
los gobiernos sucesores, que tuvieron en la Constitución de 1998 el paraguas
económico para el camino neoliberal. Entre 1983 y 2003 se firmaron 16 cartas
con el FMI. La consigna de reducir el Estado, privatizar sus bienes y
servicios, así como subordinarse a intereses de banqueros y altos empresarios,
para cumplir con el ideario neoliberal y del FMI, fue especialmente seguida por
Febres Cordero, Durán Ballén, Mahuad y Noboa; la flexibilidad laboral sobre
todo por éste y por Gutiérrez.
El legislativo inauguró la “pugna de poderes” durante
el gobierno de Roldós, fenómeno que se reprodujo largamente. La “clase
política”, institucionalizada por la ley de partidos y presente sobre todo en
los sucesivos congresos, edificó un Estado-de-partidos, para reproducir sus
propios intereses en él, sin importar las responsabilidades ante los electores.
Han predominado partidos regionales, empresas electorales, movimientos
personalistas y objetivos coyunturales. La función judicial permanentemente fue
cooptada por las elites del poder político, al mismo tiempo que la arraigada
corrupción interna y administrativa resultó solo episódicamente afrontada.
De manera que a la economía empresarial neoliberal y
a la subordinación de las funciones públicas a sus intereses, acompañó la
inevitable desintitucionalización del país, que derivó en la crisis
gubernamental destapada desde 1996. Jaime Roldós defendió los derechos humanos
incluso frente a la política del gobierno de los EEUU, auspiciante de las
dictaduras terroristas latinoamericanas de la época. Febres Cordero, en cambio,
fue el mayor violador de esos derechos (según la Comisión que investigó fueron
crímenes de “lesa humanidad”). Borja fue democrático, sin lograr superar las
bases neoliberales de su antecesor. Durán Ballén obró al servicio de las elites
económicas, desinstitucionalizando servicios y capacidades estatales, que
también continuó Noboa. El gobierno de Bucaram fue el más corrupto de la era.
Alarcón arrinconado por su ineficiencia política, comparable a la de Palacio.
Mahuad dio continuidad a Durán Ballén en la subordinación del Estado a
intereses bancarios, que tampoco superó Gutiérrez, autoproclamado “el mejor
amigo” de los EEUU.
Bajo esas circunstancias, las condiciones de vida y
de trabajo de amplios sectores de la población nacional se deterioraron,
mientras la riqueza y la opulencia se concentraron en una cúpula social. La
modernización capitalista lograda y el consumismo característico de la vida
urbana, obviamente no podían ocultar las tensiones sociales que se acumulaban,
presentes en las resistencias de las organizaciones populares y laborales, las
protestas y manifestaciones públicas. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT)
desarrolló importantes huelgas nacionales hasta inicios de la década de 1990, a
partir de la cual su declive fue acelerado. El movimiento indígena se
fortaleció como nunca antes desde el levantamiento nacional de 1990 y fue un
factor clave para detener la casi segura firma del tratado de libre comercio
con los EEUU, durante el primer lustro del nuevo milenio.
Como en ninguna otra época, el camino económico,
unido a la voracidad de las elites empresariales y al arrinconamiento de las
capacidades estatales para el control, la regulación y la imposición de los
intereses ciudadanos frente al de los particulares, provocaron el auge de la
corrupción privada y los más grandes atracos al Estado nacional, como la
sucretización de las deudas privadas (1983), la resucretización (1987), los
“salvatajes” bancarios desde 1996, el feriado bancario (1999) y la dolarización
(2000), además de la evasión tributaria, las sobre y sub facturaciones, los
negociados con obras y servicios públicos.
Todos los gobiernos que se identificaron con el
neoliberalismo que, además, se extendió por América Latina, coincidieron en
reproducir las estrategias del capital transnacional y en responder
positivamente a la geoestrategia mundialista y americanista de los EEUU, que
pasó a convertirse en potencia con hegemonía unipolar a raíz del derrumbe del
bloque socialista. Roldós afrontó un conflicto armado con Perú, que revivió con
Durán Ballén, quien, al reconocer la “vigencia” del Protocolo de Río de
Janeiro, posibilitó que Mahuad suscribiera la paz definitiva con el vecino del
sur.
El contraste con las décadas anteriores se produjo
entre 2007-2017, con la Asamblea Constituyente, la nueva, progresista y
adelantada Constitución de 2008, y los tres gobiernos de Rafael Correa, quien
logró el apoyo ciudadano en catorce procesos electorales, que incluyeron varias
consultas populares.
Se inició así un ciclo inédito en la historia
contemporánea, en el cual se superó el neoliberalismo empresarial, recuperando
capacidades estatales y una orientación social y popular. Diversos estudios
internacionales dan cuenta, con cifras y análisis, del crecimiento del país,
así como de amplios avances en cuanto a la redistribución de la riqueza, la
disminución de la pobreza, el desempleo y el subempleo, la extensión de los
servicios públicos (particularmente educación, salud y seguridad social), la
enorme inversión en obras e infraestructuras, así como el cobro de impuestos.
Acusado como “estatista”, el nuevo modelo de economía despertó las reacciones
contrarias de las cámaras de la producción, a pesar de que hubo sectores empresariales
que crecieron y hasta fortalecieron sus negocios, como fue el sector bancario.
Se fortaleció la nueva institucionalidad estatal, a
pesar de que la centralización de decisiones, la hegemonía política lograda en
las diversas funciones del Estado, pero también la confrontación directa con
los antiguos sectores de poder y con la prensa hegemónica, así como la ruptura
con las izquierdas tradicionales y las dirigencias de los principales
movimientos sociales como el obrero y el indígena, crearon situaciones
contradictorias frente a los ideales de la “Revolución Ciudadana”. Ese ambiente
fue aprovechado por la oposición, que permanentemente combatió a Correa
acusándole de autoritario, populista e hiperpresidencialista. Su gobierno, sin
embargo formó parte del ciclo de gobiernos progresistas, democráticos y de
nueva izquierda, que caracterizaron a varios países de América Latina desde
1999. Todos ellos afirmaron el latinoamericanismo, superaron el neoliberalismo,
adoptaron políticas soberanas y enfrentaron al imperialismo.
Moreno, quien fuera Vicepresidente de Correa, triunfó
con el patrocinio de Alianza País y el personal apoyo del mismo Correa, aunque
apenas alcanzó un estrecho margen que llegó al 51.16% de la votación (su
adversario, el millonario y banquero Guillermo Lasso obtuvo el 48.84%). Se
creyó que continuaría la Revolución Ciudadana; pero casi de inmediato, Moreno
rompió con Correa, con Alianza País y con el proceso heredado. Pasó a encabezar
la “descorreización”, un propósito impulsado por las derechas políticas, aunque
también fue acogido por varias izquierdas, los “marxistas pro-bancarios” y
aquellos dirigentes de movimientos sociales que creían hacer justicia contra
las políticas del régimen anterior, al que acusaron de “criminalizar” la
protesta social.
Apartándose de la Constitución de 2008, en dos años
Moreno edificó el segundo modelo empresarial, subordinando la conducción
económica a los intereses de las cámaras de la producción. En materia política
siguió las orientaciones de las derechas nacionales y se identificó con el
nuevo ciclo conservador latinoamericano, abandonando la identidad con la región
en aras del nuevo americanismo impulsado por los EEUU.
También resultó exitosa la “descorreización”, que
acudió incluso al lawfare, la persecución política y el falseamiento sobre los
procesos vividos en la década pasada, que han sido acciones encubiertas por los
grandes medios de comunicación hegemónicos, además de coincidir con los ejes de
la política exterior norteamericana contra los gobiernos progresistas
latinoamericanos, todo lo cual ha configurado un cuadro histórico inédito en
cuatro décadas. Los casos de corrupción, descubiertos en ese proceso, afectaron
seriamente la imagen del gobierno de Correa.
En dos años, la economía se ha desequilibrado, la
institucionalidad se ha desbaratado, reviven antiguos moldes del país soñado
por las derechas económicas y políticas. Lo más grave es que aceleradamente se
pierden logros sociales y laborales, con deterioro de la calidad de vida, el
incremento de la pobreza y el derrumbe de servicios públicos, previéndose un
agravamiento de las circunstancias existentes por la firma de una carta de
intención con el FMI, suscrita a 16 años de la última, que condiciona al
gobierno a volver a las nefastas políticas de ajuste ya vividas por el país en
las décadas de los ochenta y noventa.
La esperanzadora democracia idealizada en 1979 ha
perdido su rumbo en 2019. Bajo tiempos conservadores latinoamericanos, Ecuador
enfrenta más dificultades para retomar la construcción de una democracia social
que supere la hegemonía recobrada por elites políticas y empresariales. En todo
caso, van conformándose grupos y colectivos ciudadanos, así como organizaciones
nuevas entre los movimientos sociales, que progresivamente avanzan en la
consolidación de posiciones para replantear una senda que se perdió.
No hay comentarios:
Publicar un comentario