La toma de las
instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) iniciada el
28 de junio constituye una medida de hecho del movimiento estudiantil
universitario, cuyas representaciones intentaron por distintas vías que las
autoridades dieran marcha atrás a sus medidas atentatorias del carácter y
misión de la única Universidad pública del país.
Mario Sosa / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de
Guatemala
La gota que derramó el
vaso fue la concesión del Museo de la USAC (MUSAC) para que sesionara el pleno
del Congreso de la República, el cual se ha caracterizado por realizar una
agenda conservadora y regresiva en materia de derechos, completamente proclive
al sector empresarial, así como a violadores de derechos humanos y otros grupos
de poder que persiguen mantenerse en la impunidad por sus ilegalidades y
crímenes. La resistencia estudiantil emergió, así mismo, por la posibilidad que
en dicha reunión el Congreso aprobara el convenio migratorio que Estados Unidos
ha impuesto al país. Esta concesión del MUSAC fue interpretada como un acto que
atentaba contra la dignidad de la USAC y su ocupación por el movimiento
estudiantil evitó que se consumara.
Más allá del hecho
desencadenante de esta toma de las instalaciones de la USAC, la agenda de lucha
del movimiento estudiantil universitario venía conformándose con un conjunto de
demandas y rechazos legítimos a las decisiones de la actual rectoría y del
Consejo Superior Universitario (CSU). Entre estas:
1)
El
rechazo al aumento en el cobro de los cursos del Programa Académico Preparatorio
(PAP) y de los exámenes de orientación vocacional, requisito para ingresar a la
USAC. Esta disposición tiene como impacto el hacer más privativo para la
mayoría de jóvenes que intentan acceder a la universidad pública, y se suma a
disposiciones de administraciones anteriores que han puesto obstáculos para el
ejercicio del derecho a la educación superior. Por ello, el movimiento
estudiantil planteó la gratuidad en estos cursos y exámenes.
2)
El
rechazo al convenio con la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) que orientaba
la realización del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) en empresas del
sector económicamente poderoso del país, las cuales además son cuestionadas por
sus prácticas extractivas, comerciales, políticas, entre otras críticas. Siendo
el EPS un ejercicio previo a la graduación universitaria, con ese esquema pasa
a constituirse en una concesión de fuerza de trabajo sin ningún costo a un
sector históricamente privilegiado. Este convenio implicaría que los
estudiantes desplieguen todo su potencial productivo en empresas cuyo único fin
es el lucro. En este caso, la exigencia
ha consistido en la suspensión definitiva de este acuerdo y la orientación del
EPS prioritariamente hacia los segmentes sociales más necesitados y
vulnerables.
3)
El
rechazo a la concesión de instalaciones universitarias para actividades
lucrativas. En especial, la cesión del centro deportivo “Los Arcos” a una
empresa privada para que lucre con estas. En este sentido, los estudiantes han
reivindicado el carácter y orientación pública de los espacios e instalaciones
universitarias.
4)
El
cuestionamiento a la inacción de las autoridades universitarias para exigir el
traslado del 5% del presupuesto nacional que constitucionalmente le
corresponde. En específico, se critica el hecho que el traslado de estos fondos
se hace a partir del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado y no sobre
el total de ingresos ordinarios y extraordinarios. Esto afecta el desarrollo de
la docencia, investigación y extensión universitaria que la USAC, por su
misión, debe traducir en ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad
académica y científica.
5)
El
rechazo al plan de seguridad del actual rector, el cual es cuestionado por
orientarse a la vigilancia y control hacia la comunidad universitaria, antes
que a la investigación y erradicación de los grupos que de forma organizada
delinquen en la universidad. Además, se rechaza que el órgano de seguridad se
encuentre controlado por personajes cuestionados. En este sentido, se plantea
la suspensión de dicho plan, que no resuelve la raíz de la problemática de
inseguridad que afecta en particular a la comunidad en la ciudad universitaria.
6)
La
impugnación del acuerdo migratorio impuesto por Estados Unidos que confirma a
Guatemala como “Tercer país seguro”. Este acuerdo tiene el propósito de
contener la migración de hondureños, salvadoreños y de otras nacionalidades.
Además del cuestionamiento al carácter de esta política migratoria, el rechazo
estudiantil también se explica en la práctica entreguista del gobierno
guatemalteco y contra el chantaje como mecanismo utilizado por Estados Unidos
para imponer esta política, en especial después que la misma tuvo un revés en
la Corte de Constitucionalidad. Así mismo, la falta de posición crítica de la USAC
al respecto.
Estas y otras
posiciones del movimiento estudiantil universitario implican un cuestionamiento
a políticas y medidas que hacen parte del proceso de privatización de la USAC,
pues implican avanzar su entrega paulatina a los intereses empresariales, veda
cada vez más el ingreso a la universidad pública y, por consiguiente, al
ejercicio del derecho a la educación superior. Por agregado, constituyen un
rechazo al carácter errático y alejado de los fines universitarios que ha
venido siendo práctica de las anteriores y actuales autoridades universitarias.
Sin duda, la lucha,
demandas y exigencias del movimiento estudiantil universitario constituyen una
práctica de dignidad ante el entreguismo dominante en los órganos de dirección
de esta entidad pública de estudios superiores, una acción en defensa del
carácter público de nuestra universidad y un potencial para hacer avanzar,
finalmente, la ansiada y necesaria reforma universitaria. Esta movilización
estudiantil significa, además, recuperar el sentido de responsabilidad
histórica que le corresponde en tanto sujeto universitario fundamental para el
desarrollo de esta casa de estudios superiores.
Como ya se conoce a
estas alturas, las medidas de hecho han logrado retroceder al Consejo Superior
Universitario y al rector en múltiples asuntos. Así las cosas, el movimiento
estudiantil universitario está logrando resultados importantes que deben ser
valorados en su justa dimensión. Sus alcances seguramente serán objeto de
análisis posteriores y, más allá de la agenda inmediata planteada, el mayor
legado que el mismo podría hacer a la USAC y al pueblo guatemalteco sería
desatar un proceso de reforma universitaria vedada desde los años 80 del siglo
pasado, lo cual ha impedido que nuestra Universidad pública de un salto
cualitativo en su carácter científico y en sus aportes a la solución de los
problemas nacionales.
Con relación al reto
mayor de la reforma universitaria, el movimiento estudiantil universitario
requiere sostener el proceso de recuperación y fortalecimiento de su principal
y más representativa institución: la Asociación de Estudiantes Universitarios
“Oliverio Castañeda de León”, después de haber logrado desplazar de su control
a mafias que se habían apoderado de ellas desde inicios del siglo XXI. Así
mismo, que otros sujetos universitarios asumamos con compromiso la necesidad
histórica de transformar a la USAC; me refiero a las y los trabajadores
docentes, investigadores, administrativos y de servicios, así como a los
movimientos sociales que están llamados a proponer nuevos derroteros para la
gestación de una universidad verdaderamente científica y pública en sus
procesos de investigación, docencia y extensión.
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