El caso Rosenberg debe ser esclarecido. Como todo ser humano, él, que ya no está presente, su familia, así como sus parientes y amigos tienen derecho a una justicia pronta y cumplida que dé cuenta de qué fue lo que pasó y castigue a los culpables. Pero no solo él. En Guatemala son miles los que reclamen idénticos derechos y deben ser atendidos.
Rafael Cuevas Molina/Presidente AUNA-Costa Rica 
Guatemala ha vuelto a tener notoriedad en el concierto internacional por un acontecimiento lamentable: el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, y la inculpación que éste hiciera de su asesinato, en la cual involucró al Presidente de la República, su esposa y colaboradores cercanos.
Resulta impactante presenciar a una persona que ha sido asesinada refiriéndose a los hechos que llevaron a su muerte y haciendo aseveraciones como las que se hacen en el vídeo que ha sido difundido por Youtube.
En Guatemala, el hecho ha desatado una verdadera crisis política cuyo desenlace es de pronóstico reservado. Importantes grupos sociales se manifiestan a favor y en contra del Presidente; unos piden su destitución o, cuando menos, que se aparte del poder mientras se realizan las investigaciones; otros externan su apoyo incondicional al primer mandatario.
Analistas políticos del país resaltan aspectos que, posiblemente, pasen inadvertidos a quienes no son guatemaltecos. Entre ellos, la extracción de clase de quienes protestan, lo cual, en un país como Guatemala, se evidencia no solamente en la calidad de las prendas de vestir que se portan sino, también, en los rasgos físicos. En efecto, mientras que quienes quieren que el Presidente se vaya son “ladinos” (término que en Guatemala se utiliza para designar al no-indígena) acomodados, los que lo apoyan tienen rasgos marcadamente indígenas.
Este aspecto, que tal vez pueda ser considerado por algunos como marginal, tiene, en nuestro criterio, importantes implicaciones. Las tiene porque quienes protestan en contra del Presidente son aquellos que, como clase social, han estructurado el tipo de Estado que hoy posibilita que se den hechos como el que repudian.
Como se sabe, el Estado guatemalteco sufre una crónica imposibilidad de ejercer justicia pronta y cumplida. Se ha remarcado en estos días que la casi totalidad (el 98%) de los delitos cometidos en el país no recibe el correspondiente castigo social que deberían tener. Se ha hecho ver, también, la penetración que la corrupción del narcotráfico y otras formas de organización criminal han tenido en el Estado.
Lo que hay dejar claro al respecto es que a esta situación no se ha llegado en este gobierno. Es resultado de una historia que abarca a toda la segunda mitad del siglo XX, cuando a raíz del golpe de Estado que perpetraron los congéneres de clase de quienes hoy protestan contra el Presidente Colom en 1954 con ayuda de la CIA, los sectores populares iniciaron un ciclo de protestas (inclusive armada).
La represión que sufrió el movimiento popular no tiene parangón en América Latina. Para poder estructurarla, el Estado guatemalteco se constituyó en Estado contrainsurgente, es decir, en poderoso aparato de represión que tuvo como eje central al Ejército, y eliminó cualquier “obstáculo” que pudiera entorpecer su labor. No es casual, entonces, que el sistema judicial conociera un atrofiamiento inversamente proporcional al crecimiento del Ejército.
Así las cosas, la impunidad fue el resultado de una política de Estado: ubicar y juzgar a quienes estaban cometiendo las violaciones a los derechos humanos en el país habría significado investigarse y juzgarse a sí mismo. El reclamo contra este estado abusivo de indefensión ha sido una constante de los organismos de derechos humanos guatemaltecos desde, por lo menos, los últimos 30 años, pero su clamor ha sido el equivalente a arar en el mar.
Ahora, los sordos de siempre salen a protestar y a quejarse. Sus protestas tienen mucho en común con las que se realizan en otras esquinas del continente en donde se adelantan procesos que se alejan de los intereses de este tipo de gente. Un elemento a resaltar es el papel de los medios de comunicación y los canales a través de los cuales se difunde su protesta. Firmas Press (revista impulsada por el cubano Carlos Montaner), ha difundido en la última semana tres comentarios de estas huestes enardecidas. Las fotos que algunas agencias de noticias difunden de las manifestaciones en Guatemala están invertidas: las de los que apoyan a Colom, que han tenido mayor participación, son presentadas como si fueran de los que protestan. CNN no se ha quedado atrás. “Jovenes independientes” guatemaltecos (como en Venezuela) entregan al Congreso de la República firmas que solicitan se saque a Colom del poder.
El caso Rosenberg debe ser esclarecido. Como todo ser humano, él, que ya no está presente, su familia, así como sus parientes y amigos tienen derecho a una justicia pronta y cumplida que dé cuenta de qué fue lo que pasó y castigue a los culpables. Pero no solo él. En Guatemala son miles los que reclamen idénticos derechos y deben ser atendidos.
Resulta impactante presenciar a una persona que ha sido asesinada refiriéndose a los hechos que llevaron a su muerte y haciendo aseveraciones como las que se hacen en el vídeo que ha sido difundido por Youtube.
En Guatemala, el hecho ha desatado una verdadera crisis política cuyo desenlace es de pronóstico reservado. Importantes grupos sociales se manifiestan a favor y en contra del Presidente; unos piden su destitución o, cuando menos, que se aparte del poder mientras se realizan las investigaciones; otros externan su apoyo incondicional al primer mandatario.
Analistas políticos del país resaltan aspectos que, posiblemente, pasen inadvertidos a quienes no son guatemaltecos. Entre ellos, la extracción de clase de quienes protestan, lo cual, en un país como Guatemala, se evidencia no solamente en la calidad de las prendas de vestir que se portan sino, también, en los rasgos físicos. En efecto, mientras que quienes quieren que el Presidente se vaya son “ladinos” (término que en Guatemala se utiliza para designar al no-indígena) acomodados, los que lo apoyan tienen rasgos marcadamente indígenas.
Este aspecto, que tal vez pueda ser considerado por algunos como marginal, tiene, en nuestro criterio, importantes implicaciones. Las tiene porque quienes protestan en contra del Presidente son aquellos que, como clase social, han estructurado el tipo de Estado que hoy posibilita que se den hechos como el que repudian.
Como se sabe, el Estado guatemalteco sufre una crónica imposibilidad de ejercer justicia pronta y cumplida. Se ha remarcado en estos días que la casi totalidad (el 98%) de los delitos cometidos en el país no recibe el correspondiente castigo social que deberían tener. Se ha hecho ver, también, la penetración que la corrupción del narcotráfico y otras formas de organización criminal han tenido en el Estado.
Lo que hay dejar claro al respecto es que a esta situación no se ha llegado en este gobierno. Es resultado de una historia que abarca a toda la segunda mitad del siglo XX, cuando a raíz del golpe de Estado que perpetraron los congéneres de clase de quienes hoy protestan contra el Presidente Colom en 1954 con ayuda de la CIA, los sectores populares iniciaron un ciclo de protestas (inclusive armada).
La represión que sufrió el movimiento popular no tiene parangón en América Latina. Para poder estructurarla, el Estado guatemalteco se constituyó en Estado contrainsurgente, es decir, en poderoso aparato de represión que tuvo como eje central al Ejército, y eliminó cualquier “obstáculo” que pudiera entorpecer su labor. No es casual, entonces, que el sistema judicial conociera un atrofiamiento inversamente proporcional al crecimiento del Ejército.
Así las cosas, la impunidad fue el resultado de una política de Estado: ubicar y juzgar a quienes estaban cometiendo las violaciones a los derechos humanos en el país habría significado investigarse y juzgarse a sí mismo. El reclamo contra este estado abusivo de indefensión ha sido una constante de los organismos de derechos humanos guatemaltecos desde, por lo menos, los últimos 30 años, pero su clamor ha sido el equivalente a arar en el mar.
Ahora, los sordos de siempre salen a protestar y a quejarse. Sus protestas tienen mucho en común con las que se realizan en otras esquinas del continente en donde se adelantan procesos que se alejan de los intereses de este tipo de gente. Un elemento a resaltar es el papel de los medios de comunicación y los canales a través de los cuales se difunde su protesta. Firmas Press (revista impulsada por el cubano Carlos Montaner), ha difundido en la última semana tres comentarios de estas huestes enardecidas. Las fotos que algunas agencias de noticias difunden de las manifestaciones en Guatemala están invertidas: las de los que apoyan a Colom, que han tenido mayor participación, son presentadas como si fueran de los que protestan. CNN no se ha quedado atrás. “Jovenes independientes” guatemaltecos (como en Venezuela) entregan al Congreso de la República firmas que solicitan se saque a Colom del poder.
El caso Rosenberg debe ser esclarecido. Como todo ser humano, él, que ya no está presente, su familia, así como sus parientes y amigos tienen derecho a una justicia pronta y cumplida que dé cuenta de qué fue lo que pasó y castigue a los culpables. Pero no solo él. En Guatemala son miles los que reclamen idénticos derechos y deben ser atendidos.
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