Hay que reconstruir Honduras desde abajo, creando
las condiciones necesarias para que un gobierno como el actual no vuelva jamás,
por el bien de las generaciones futuras. Una plataforma o movimiento único
popular debe emerger para avanzar en la consecución de ese objetivo en el corto
plazo, construyendo una propuesta de desarrollo alternativo al neoliberalismo.
Javier Suazo / ALAI
“La
corrupción es más grande que el pecado… es la gangrena de un pueblo”
Papa
Francisco
El odio es
más poderoso que el rencor y el rechazo a los corruptos más eficaz que la
seducción que pudieran ejercer en tiempos electoreros los integrantes de la
nueva élite política empresarial”
Luis
Alberto Quevedo/Flacso
Era de esperar que después del golpe de Estado a
Zelaya Rosales (junio 2009), se profundizaran las políticas neoliberales
iniciadas en 1990, con el gobierno del presidente Rafael Leonardo Callejas, que
espera sentencia en EEUU por soborno y corrupción. Un ajuste tipo shock, en
tanto la crisis política generada era una oportunidad para avanzar más rápido
en términos de objetivos económicos como bajo déficit fiscal, inflación y
aumento de los impuestos, pero, ante todo, con la liberalización comercial y
financiera, y la privatización de los recursos naturales, salud, educación y
empresas y servicios públicos.
Esta vigencia institucional de las políticas
neoliberales, contaba con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya
que Zelaya Rosales hizo caso omiso de ellas, sobre todo en los que respecta a
la devaluación del tipo de cambio, aumento de impuestos y la venta de empresas
públicas; introduciendo, según el lenguaje del FMI, distorsiones en el sistema
económico que afectaban el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
económica y libre comercio, como ejemplo los encajes diferenciados y subsidios
indiscriminados a un número mucho mayor de consumidores de energía eléctrica.
Estas políticas también recibieron el beneplácito
de un fuerte sector de la empresa privada, como los maquiladores, que serían
favorecidos con mayor flexibilidad en la tasa de cambio, exoneraciones fiscales
y costos prudenciales por pago de servicios públicos.
A Manuel Zelaya se acusó de violar las reglas del
juego, aquellas normas y preceptos jurídico-institucionales que, en la
tradición liberal clásica, acompañan el buen funcionamiento de un gobierno
democrático. Por el lado de la economía, puso en vigencia una nueva fórmula de
importación de carburantes que bajó el precio del galón de gasolina pagado por
el consumidor final, aunque las Transnacionales del petróleo decían que era una
clara violación de las reglas establecidas. Igual, autorizó un ajuste del
salario mínimo arriba del 60%, según el costo de la canasta básica de
alimentos, siendo denunciado por los maquiladores de violentar el pacto con los
trabajadores (as) y centrales obreras, de ajustar los salarios en función de la
inflación anual, no de dicho costo que es mucho mayor.
A ello se suma la prohibición de la minería de
cielo abierto con uso indiscriminado de cianuro, lo que fue mal visto por las
empresas mineras, ya que era violatorio de la legislación establecida, aunque
la misma tenía vicios de inconstitucional. La legalización de tierras privadas
en poder de los campesinos (decreto 18-2008) que buscaba cumplir con la mora
agraria del Estado con los campesinos, generó además denuncias por los
terratenientes agrupados en la Federación de Agricultores y Ganaderos de
Honduras (FENAGH), ya que era confiscatorio de la propiedad privada y el
gobierno pretendía pagarles una indemnización con bonos de la deuda agraria.
De acuerdo al argumento de los neoliberales
“bastardos”, estas acciones tomadas por el gobierno del Poder Ciudadano
violentaban reglas establecidas entre los actores privados y el Estado, por lo
que su gobierno era, desde el punto de vista institucional, arbitrario. Había
que profundizar las políticas propuestas en el modelo de desarrollo neoliberal
(cuyas bases ya existían), y, sobre todo, conformar un gobierno que restituyera
la legalidad y convivencia violentada por Zelaya y su Socialismo del Siglo XXI.
El problema es que, contrario a lo enunciado por
los teóricos neoliberales (Friedman y Hayek), donde la separación de poderes es
una condición necesaria para la vigencia y buena marcha de la economía de
mercado y garantías individuales, el propio golpe de Estado era ya una ruptura
del orden constitucional establecido, por tanto, constituía una violación de
las reglas del juego democrático garantes de las libertades económicos y
políticas. En el imaginario de los golpistas hondureños, estaba viva la
experiencia del General Pinochet que ejecutó una política económica supuestamente
exitosa bajo los postulados teóricos neoliberales, después de un golpe de
Estado a otro presidente electo democráticamente, Salvador Allende.
Las elecciones de finales de 2009, fueron ganadas
por el Partido Nacional, con “Pepe” Lobo a la cabeza, siendo electo presidente
del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández (JOH), actual presidente de la
República. El Partido Nacional tenía en el Congreso una mayoría absoluta, por
lo que fue fácil acelerar la aprobación de leyes a favor del capital. Destacan,
entre estas: La Ley de empleo por hora, que flexibiliza el mercado laboral,
desvaloriza el trabajo y afecta la capacidad de reproducción material de la
fuerza de trabajo; las Alianzas Público-Privadas (APP), que pone en subasta los
recursos del Estado como puertos, carreteras, edificios, para que sean
administrados por empresas privadas, sin que se garantice un cumplimiento en
cuanto a la asignación de recursos frescos por esta. Ello ha sido evidente con
el concesionamiento de carreteras y cobro de peaje, ya que los recursos
programados a desembolsar por la empresa no se hicieron efectivos en tiempo y
forma, incumpliéndose el contrato por la falta de construcción de tramos
pendientes en la carretera CA-5.
Igual sucede con la asignación de más recursos por
el Estado por mal diseño de los contratos y/o cláusulas no visibles. Un caso
especial, es la construcción del aeropuerto Palmerola, donde el Congreso de la
República aprobó la asignación de mayores recursos, unos 46.2 millones de
dólares ( más de 1,131 millones de lempiras), para que la concesionaria termine
parte de las obras, con lo cual el Estado se convierte en el accionista
mayoritario, lo que contradice la filosofía de las APP, donde los recursos
nuevos deben ser aportados por la empresa privada beneficiaria con la
prestación de los servicios aeroportuarios.
A ello se suman, las Zonas Económicas de Empleo y
Desarrollo (ZEDEs), una especie de “protectorado” dentro de cada región del
país, las concesiones mineras, uso de recursos naturales (agua) para proyectos
de energía, áreas protegidas y culturales para ejecutar proyectos turísticos
corporativos. En todos, la constante ha sido el desplazamiento de la población
indígena y represión policial, donde más 100 dirigentes han perdido la vida,
incluyendo a Bertha Cáceres. Es una política de despojo impuesta a la fuerza,
sin importar los impactos negativos en las comunidades y población, cuyas
únicas opciones son la lucha diaria y/o migración.
Un problema visible que tiene y tendrá
repercusiones a futuro, es la persistente violación de las normas
jurídico-institucionales, contrario a los postulados neoliberales de respetar
las instituciones y basamento legal. Además de las violaciones sistemáticas a
la Constitución de la República, donde destaca la reelección presidencial, son
visibles las violaciones de los derechos humanos con la represión a la protesta
pública de las organizaciones gremiales, estudiantiles y de participación
social/política. Pero también, la captura de las competencias y funciones de las
instituciones de gobierno por el presidente Hernández, que ha centralizado el
poder de decisión y asignación de recursos. La Asociación de Municipios de
Honduras (AMHON) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya no se
consideran instituciones autónomas, en tanto quién decide es JOH; en esta
última los militares penetraron los predios universitarios y dispararon “bala
viva” contra la población estudiantil, atendiendo instrucciones de JOH, que no
está dispuesto a tolerar más tomas por los manifestantes/estudiantes.
Este poder autoritario también abarca al Congreso
de la República, Fiscalía, FFAA y Corte Suprema de Justicia. Ha sido un proceso
ascendente, orientado a lograr la relección presidencial, ya que empezó con
destituir magistrados constitucionales de la Corte Suprema de Justicia, se
sustituyó al Fiscal General que no terminó su periodo para el cual fue electo,
y se apoyó el nombramiento de una nueva Corte Suprema de Justicia que, para
muchos analistas, está atada al presidente JOH. Incluso se abrió el espacio
para la creación de una nueva Policía, denominada Policía Militar del Orden
Público (PMOP) que recibe órdenes directas de JOH, sumado al control de las
cúpulas militares.
En el tema electorero, las reglas del juego fueron
violadas varias veces. En las elecciones generales de 2017, donde se dio el
triunfo a JOH, el sistema de registro y conteo de votos, supuestamente uno de
más modernos y confiables de Latinoamérica, se cayó varias veces; los apagones
estuvieron a la orden del día, la compra y trasiego de votos y la intimidación
a los magistrados de los otros partidos fue evidente. Incluso, se legitimó el
fraude con la participación de la encargada de negocios de la Embajada
Americana, Heidi Fulton, que en otros países es prohibido, ya que la
diplomática también contó y certificó votos válidos a favor de JOH, los
llamados votos Fulton según Mel Zelaya.
Pero lo más vergonzante, es la institucionalización
de una especie de jauría humana, preparada para la caza, pero no de un “conejo,
sino de los fondos públicos. No se sabe como se organizó, pero una explicación
es que varios de los funcionarios públicos y diputados se conocían desde hace
tiempo, en las aulas universitarias como alumnos de la carrera de derecho de la
UNAH, miembros del Frente Unido Universitario (FUUD); otros vienen del pasado
inmediato, al ser diputados y miembros del gobierno del presidente Callejas,
duramente cuestionado por actos de corrupción. Otros simplemente son
empresarios deseosos de hacer negocios con el Estado y con inversionistas
extranjeros y narcotraficantes, vendiendo influencias en el ejecutivo,
legislativo y Corte Suprema de Justicia.
Este concepto y práctica de captura del Estado
hondureño es distinto al concepto tradicional, donde empresas privadas pagan
coimas o sobornan a funcionarios públicos y diputados para que aprueben leyes y
políticas que les benefician, incluso para que asignen contratos de ejecución
de proyectos (Hellman y Kaufmann, 2001). Con esta nueva modalidad, se trata de
enriquecerse en forma ilícita al ser miembro del partido que alcanzó el poder,
y ostentar un cargo público o político como diputado, alcalde o magistrado. La
iniciativa viene del nuevo aspirante a rico, no de las empresas que buscan
beneficiarse de decisiones publicas y pagar por ello, que también es evidente.
Rápidamente los nuevos ricos empiezas a disfrutas de sus esfuerzos, al invertir
en empresas, compras casas y vehículos de lujo, mandar a sus hijos a estudiar
en el extranjero y viajar; entre los beneficios más visibles; incluso a
asociarse con narcotraficantes para aumentar más rápido sus ganancias.
Los actos de corrupción en estos diez años de
gobiernos nacionalistas han sido ampliamente destacados por la prensa nacional,
internacional, Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Misión de Apoyo
contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Lo que más destacada
es la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde se
estima un impacto de más de 7 mil millones de lempiras. En esta se involucraron
funcionarios públicos, diputados y empresarios, varios de ellos todavía no
guardan prisión. Se agrega el caso “Pandora”, que involucra de nuevo
funcionarios públicos, diputados y empresarios, donde se desviaron 282 millones
de lempiras de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) a partidos
políticos y cuentas de diputados y funcionarios públicos. Otro caso es la “Caja
Chica” de la primera Dama, por un monto de 16 millones de lempiras, donde se ha
visto involucrada la esposa del expresidente Pepe Lobo, funcionarios públicos y
empresarios. Operaba como una red para malversar fondos públicos y lavar
activos. También destaca el uso de ONGs para desviar y blanquear fondos
públicos del presupuesto y proyectos de inversión, que involucra a la familia
presidencia actual (según Pepe Lobo), diputados, empresarios, organizaciones de
sociedad civil, iglesias evangélicas y medios de comunicación.
Los miembros de esta jauría no respetan las leyes y
más bien las modifican para su beneficio, caso de las reformas al Código Penal
(reducir las penas por corrupción y narcotráfico) y las llamadas federrata,
donde se denunció que varios diputados pretendían cambiar (¿o cambiaron?) los
dictámenes y votaciones del legislativo modificando la redacción de las actas,
para que aparecieran distintas al publicarse en el diario oficial la Gaceta.
Otras denuncias, refieren al pago de activistas políticos para que en los
municipios se aprobara la construcción de represas, explotando los recursos
naturales de las comunidades sin su consentimiento. Las compras amañadas del
Estado, pago de “coimas” por obras asignadas y la entrega de los bienes y
servicios públicos a empresarios y políticos es otra práctica corrupta
tradicional; no digamos el control de las consultorías con los OFIs, las que
deben ser asignadas a los activistas políticos o militantes del partido en el
poder, aunque varias agencias de cooperación elevaran su protesta.
La experiencia latinoamericana ha demostrado que
los miembros de estas jaurías para el asalto y robo de fondos públicos, no
tienen partido político ni ideología, por lo que deben establecerse medidas
preventivas para su control, aunque en el marco de las políticas neoliberales,
son una necesidad para avanzar -supuestamente- por la senda de la democracia y
desarrollo, insertando el país en la economía global. El FMI, los OFIs e
incluso agencias de cooperación bilateral agrupadas en el G-16, siguen apoyando
al gobierno de JOH en el logro de los objetivos de estabilización económica, la
reforma o privatización de sectores estratégicos (salud y educación) y
promoción de las exportaciones y comercio libre, pero dicen muy poco sobre la
corrupción y el asalto a los recursos del Estado. Pareciera que mientras el
gobierno no se salga del libreto establecido con Fondo y cumpla su papel de
gendarme de la política de EEUU en la región, sus funcionarios, diputados y
empresarios pueden seguir robando.
El nuevo inquilino de casa de gobierno, además de
una auditoria forense internacional detallada de la gestión pública
(2009-2019), debe hacer una caracterización y tipología de los miembros de la
(s) jaurías más visibles, buscando devolverle al pueblo lo mal habido y
sentando un precedente para disminuir su incidencia en el futuro. Los
dirigentes de los partidos de oposición (Libre, Liberal, PINU-SD y PAC) han
manifestado que el principal problema que enfrenta el país es la corrupción.
Incluso dirigentes de la Plataforma para la Defensa de la Educación y Salud,
caso de Suyapa Figueroa y Edwin Rodríguez, también comparten dicha opinión, por
lo que debe ser un eje central en sus planes a todos los niveles de gobierno.
Desde las organizaciones populares, también existe
una mayor conciencia sobre los efectos e impactos negativos del golpe de Estado
en la economía y sociedad hondureña, demandando la salida inmediata del
usurpador del poder y jauría. Hay que reconstruir Honduras desde abajo, creando
las condiciones necesarias para que un gobierno como el actual no vuelva jamás,
por el bien de las generaciones futuras. Una plataforma o movimiento único
popular debe emerger para avanzar en la consecución de ese objetivo en el corto
plazo, construyendo una propuesta de desarrollo alternativo al neoliberalismo.
Uno de los errores cometidos por LIBRE fue la
desactivación del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que aglutinaba
la mayor parte de las organizaciones sociales, gremiales y populares. En la
coyuntura actual, donde se necesita integrar las agendas de los actores en
oposición a JOH, conviene analizar la posibilitad de reactivar el FNRP, como
una plataforma más amplia con objetivos y metas gremiales, sociales y
políticos, ya que, según los dirigentes de la Plataforma para la Defensa de la
Educación y Salud, su lucha es gremial no política, aunque el ejercicio de
construir un nuevo sistema de salud y educación desde la bases y comunidades,
más equitativo e incluyente, necesariamente los lleve a integrar cada vez más
organizaciones sociales y populares..
Tegucigalpa, DC, 28 de junio de 2019
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