El pasado jueves 26 de
Junio el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra
sometió a votación una iniciativa de Ecuador y Sudáfrica tendiente a crear un
grupo de trabajo con el mandato de elaborar “un instrumento internacional
jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas”.
Atilio Borón / Rebelion
La propuesta tenía como
objetivo avanzar en el armado de un marco legal regulatorio del comportamiento
de las grandes corporaciones a los efectos de impedir los abusos o las
violaciones a los derechos humanos producidos como consecuencia de sus
actividades. Los considerandos del proyecto se apoyaban en las numerosas
resoluciones y normas de las Naciones Unidas relativas a la protección de los
derechos humanos e, indirectamente, en una propuesta (aunque no fue
explícitamente mencionada en los considerandos) ventilada en el seno de esa
organización en la década de los setentas del siglo pasado.
En aquella oportunidad la
inercia todavía latente de los procesos de descolonización en Asia y África y
el surgimiento de gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina (el
Chile de Allende, la Asamblea Popular de Juan J. Torres en Bolivia, la
Revolución Peruana de Velasco Alvarado y la presidencia de Luis Echeverría en
México) hizo posible la construcción de un amplio consenso en el seno de la ONU
relativo a la necesidad de someter a las empresas transnacionales a reglas de
carácter universal más allá de las que pudieran adoptar las legislaciones de
los estados, en muchos casos demasiado débiles para resguardar la soberanía
nacional sobre sus propias riquezas y recursos naturales. Atento a estas
consideraciones el Consejo Económico y Social de la ONU propuso la creación de
una comisión y un Centro de Estudios sobre las Corporaciones Multinacionales
con el propósito de elaborar un Código de Conducta para estas empresas. Por
supuesto, para los ojos de la burguesía esto era una intolerable afrenta a sus
intereses porque se proponía modificar la relación de fuerzas entre sus
empresas y los países anfitriones amén de ser un inadmisible obstáculo a la
irrestricta movilidad internacional que era una de las fuentes principales de
las superganancias que obtenían en el llamado Tercer Mundo. De ahí que esa iniciativa
diera origen a ásperas controversias, agravadas por los efectos de la llamada
“crisis del petróleo” de 1973, entre el bloque de gobiernos del capitalismo
avanzado -liderado por Estados Unidos y secundado por los países europeos y
Japón- y el por entonces Grupo de los 77 más los países que por entonces
conformaban el campo socialista. Las tácticas dilatorias de los primeros
sumadas a la esclerosis burocrática de los organismos de Naciones Unidas
precipitaron el abrupto fin de las negociaciones cuando con la elección de
Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos las
burguesías metropolitanas pasaron a la ofensiva, derrotaron a los movimientos y
fuerzas políticas que desde Mayo de 1968 acosaban la dominación del capital y eliminaron
de la agenda de la ONU el proyecto. Hasta ahora.
La propuesta discutida en
Ginebra días atrás retomó, con las necesarias actualizaciones, algunas de las
preocupaciones que motivaron aquel intenso debate de los setenta. Sólo que en
este caso, y en el seno del CDH de la ONU, la iniciativa fue puesta a votación
y aprobada, por escaso margen, pero aprobada al fin. [1] Votaron a favor de la
propuesta de Ecuador y Sudáfrica un total de 20 países, con 14 votos en contra
y 13 abstenciones. Lo preocupante del caso es que de los 9 países de América
Latina y el Caribe que integran el CDH sólo dos acompañaron con su voto la
iniciativa ecuatoriana: Cuba y Venezuela. Desgraciadamente Argentina, Brasil,
Chile, Costa Rica, México y Perú se abstuvieron. En cambio Argelia, China,
Filipinas, India, Indonesia, Pakistán, Rusia y otros acompañaron la resolución
al paso que, previsiblemente, Estados Unidos, los países europeos y Japón
votaron por la negativa. Sorprendente, decíamos, la conducta de los países
latinoamericanos; sorprendente y suicida agregaríamos, porque si hay un tesoro
que se debe preservar de la voracidad de las transnacionales es la enorme
riqueza de bienes comunes que tiene Nuestra América, sede de las mayores
reservas mundiales de agua, petróleo, biodiversidad y minerales estratégicos,
en pos de las cuales las grandes empresas, transnacionales o no, están
dispuestas a violar la totalidad de los derechos humanos en caso de que fuera
necesario. ¿Cómo pudieron los representantes de esos seis países de América
Latina y el Caribe no solidarizarse con una iniciativa de nuestros hermanos del
Ecuador y Sudáfrica, víctimas de brutales saqueos a manos de las
transnacionales, como lo prueba de manera espeluznante el desastre ambiental y
humano dejado por la Chevron en la Amazonía ecuatoriana? ¿O es que pueden ser
tan ingenuos (para no utilizar un término más ofensivo) como para suponer que
la catástrofe producida en Ecuador es un desafortunado accidente que para nada
refleja el modo de actuación de las grandes empresas, sobre todo en los países
de la periferia?
Puede ser comprensible
que Chile, Costa Rica, México y Perú -países seducidos por el canto de sirena y
las engañifas de la Alianza del Pacífico y sumamente proclives a obedecer las
órdenes de la Casa Blanca- se hayan plegado al mandato de Estados Unidos y sus
aliados. ¿Pero cómo explicar que también lo hayan hecho Argentina y Brasil? El
delegado argentino, ¿se habrá abstenido para no desgraciar a su país con la
Chevron, involucrada activamente en la explotación de los yacimientos de
petróleo no convencional de Vaca Muerta o para no entorpecer las cordiales
relaciones establecidas con las transnacionales mineras que están destruyendo
el ecosistema de la cordillera de los Andes? Y el representante del Perú, ¿se olvidó
de los desastres que la Newmont Mining Corporation está haciendo en Cajamarca o
la Xstrata en el Proyecto Tintaya? Y el de Brasil, ¿ignora la devastación
ambiental y social producida en Carajas, en la Amazonía, donde una
transnacional instaló la mayor mina de hierro a cielo abierto del mundo? No es
esta la ocasión para seguir agregando numerosos ejemplos del impacto violatorio
de los derechos humanos perpetrado por las transnacionales en cada uno de los
países que se abstuvieron de acompañar con su voto a Ecuador y Sudáfrica. Con
lo dicho basta y sobra. [2]
Para comprender los
alcances de esta iniciativa y por qué la misma tendría que haber recibido el
apoyo unánime de los países latinoamericanos y caribeños presentes en Ginebra
conviene reproducir las declaraciones de Stephen Townley, el representante de
Estados Unidos ante el CDH. Luego de conocido el resultado de la votación dijo
que “Estados Unidos no participará en esta iniciativa de crear un grupo de
trabajo con los propósitos ya establecidos y alentaremos a otros miembros del
CDH a actuar de la misma manera.” “Alentaremos” quiere decir, en este caso,
“presionaremos”, tal como lo hiciera con su activa militancia para impedir la
creación de la Corte Penal Internacional. Como diría el maestro Noam Chomsky,
¡he ahí una clase práctica de lo que Washington entiende por democracia! Si se
vota lo que EEUU quiere su resultado es aceptado; en caso contrario, la “regla
de la mayoría” se arroja al cesto de la basura y el imperio declara su repudio
a la nueva norma y promueve la generalización de su desobediencia. Townley hizo
también una trascendental aportación al derecho internacional y la ciencia
política cuando dijo que las resoluciones que por mayoría pudiera emitir el
Grupo de Trabajo de la ONU ¡no serían de cumplimiento obligatorio para los
países que votaron en contra de su creación! En otras palabras: Washington se
opone ex ante a cualquier proyecto de regulación de las transnacionales
y de protección de los derechos humanos aún sin saber cual habrá de ser su
contenido (que será el producto de dos años de futuras negociaciones) y si
finalmente se concretará en un tratado o convenio internacional.
No debería sorprender
esta declaración si se recuerda que su país es un incumplidor serial de las
sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Ejemplos: caso del minado de
los puertos de Nicaragua en la década de los ochenta, y del no otorgamiento de
asistencia consular a ciudadanos mexicanos que, sin contar con el auxilio de
traductores, fueron sentenciados a penas de muerte en Estados Unidos. [3]
Obviamente, este personaje no tiene la menor idea de lo que quiere decir la
palabra “democracia”, lo que es la ONU y lo que se supone debe ser la
construcción de una legalidad internacional que torne al mundo en un lugar más
justo para vivir. Previsiblemente, los peones europeos siguieron la voz del amo
y con impúdica deshonra se apresuraron a declarar lo mismo, arrojando por la
borda los últimos restos de la tradición democrática europea.
Para concluir: una victoria
muy importante y que pese a la deplorable deserción de algunos países de
América Latina y el Caribe cuenta con el aval de la constelación de actores que
en la vida práctica están dando a luz un nuevo orden internacional
crecientemente multipolar y en el cual la hegemonía de Estados Unidos se
encuentra cada vez más menoscabada. [4] Asombra la deserción de Brasil,
apartándose de sus socios del BRICS que en su totalidad votaron a favor de la
propuesta de uno de sus miembros, Sudáfrica, lo que pone de relieve, por
enésima vez, la clásica anfibología de Itamaratí: estamos en el BRICS pero
subrepticiamente votamos con Estados Unidos. ¿Con quién están, seriamente
hablando? Sorprende y mucho consterna la defección de la Argentina, que tiene
más de un motivo para preocuparse por el tema dada la creciente importancia que
la explotación de los recursos mineros e hidrocarburíferos tiene en su actual
estrategia económica y la sintonía política existente con el gobierno de Rafael
Correa. Confiemos en que esta vez, a diferencia de lo ocurrido el siglo pasado,
una nueva versión del código de conducta de las transnacionales pueda ser
aprobado y llevado a la práctica para poner fin a sus interminables tropelías.
Y que los países latinoamericanos que la semana pasada se abstuvieron –sobre
todo Argentina y Brasil- replanteen su postura y colaboren activamente en las
labores de la comisión que estará encargada de preparar la nueva normativa. En
suma: lo ocurrido días atrás en Ginebra fue un pequeño paso adelante; pequeño
pero significativo. La mejor prueba de su importancia la ofrece la desaforada
reacción de los representantes del poder de las transnacionales, que no
ahorrarán esfuerzos para frustrar la concreción de la digna y valiente
iniciativa propuesta por Ecuador y Sudáfrica. Como dicen que dijo el Quijote
(aunque esto también está en disputa), “Ladran Sancho, señal que cabalgamos”.
NOTAS
[1] Se trata de la
Resolución HRC 26th-25/06/2014-A/HRC/26/L.22/Rev.1 Es preciso aclarar que
contrariamente a lo anunciado por algunos medios no se trató de una votación
realizada en la Asamblea General de la ONU sino en el CDH, que es un organismo
especializado de esa organización internacional. Sus resoluciones pueden,
eventualmente, ser recogidas por la Asamblea General y, en ciertos casos, dar
origen a tratados internacionales que obliguen a sus signatarios a dar
cumplimiento a la normativa en ellos establecidas, cosa que no siempre ocurre.
Por eso decíamos desde el principio que es un paso adelante, muy positivo, pero
que todavía queda un largo trecho por recorrer.
[2] Una visión panorámica
de los desastres ambientales y violaciones a los derechos humanos de las
transnacionales lo ofrece Hedelberto López Blanch en “Los daños de las
transnacionales en Latinoamérica”, en Rebelión, 9 Abril 2012. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147719
Un estudio exhaustivo
sobre los estragos de las transnacionales en América Latina y el Caribe se
encuentra en José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati, Extractivismo,
despojo y crisis climática. Desafíos para los movimientos sociales y los
proyectos emancipatorios de Nuestra América (Buenos Aires: Herramienta,
Editorial El Colectivo y GEAL, 2013)
[3] Para un examen del
sistemático incumplimiento de las normativas del derecho internacional por
parte de Washington ver nuestro (en co-autoría con Andrea Vlahusic) El
Lado Oscuro del Imperio. La Violación de los Derechos Humanos por Estados
Unidos (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009), pp. 63-74.
[4] Hemos examinado en detalle este tema en nuestro América Latina en la Geopolítica del Imperialismo (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2012)
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