Hoy no hacen falta
tanques ni bayonetas para imponer un modelo político, económico y social. Basta
con tener el control de los medios de comunicación social para servir a los
intereses del poder fáctico, de las grandes empresas (algunas) nacionales y
trasnacionales.
Aram Aharonian / ALAI
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| Argentina, 40 años después... |
Hace 40 años, para
imponer un modelo político, económico y social, el poder fáctico apelaba a las
Fuerzas Armadas, para que con tanques, bayonetas, torturas y desapariciones,
pusieran en marcha un “proceso de reorganización” neoliberal, cónsono con las
demandas e intereses de los grandes grupos económicos nacionales y
trasnacionales.
El golpe de estado
cívico-militar de 1976 fue el último pero no el único en el siglo 20. Desde
1930 los argentinos habían sufrido sucesivas interrupciones del orden
democrático. La supresión de los gobiernos elegidos por el pueblo, la represión
de los conflictos que surgían entre distintos sectores sociales y la apelación
a la violencia habían sido frecuentes desde esa fecha. Sin embargo, la
dictadura cívico-militar que se inició en 1976 tuvo características inéditas,
de terrorismo de Estado.
Los militares no
actuaron solos ni por su cuenta. La decisión de tomar el gobierno contaba con
la adhesión de diversos grupos de la sociedad (sectores con gran poder
económico, grupos conservadores, medios de comunicación) que entendían que una
dictadura era necesaria para organizar el país. Y contaron con el visto bueno
del gobierno estadounidense, alentado por “el orden” impuesto a terror y
sangre, muertos, torturados, miles de presos y desaparecidos en Brasil, Chile y
Uruguay en años anteriores.
El secretario de Estado
Henry Kissinger dio luz verde a la ola de represión de la junta golpista en 1976,
que significó –entre otras calamidades- más de 30 mil desaparecidos, según
documentos secretos estadounidenses desclasificados anteriormente, y ahora, con
la visita del presidente Barack Obama, justo en el 40 aniversario de ese golpe,
su gobierno promete que revelará más sobre la historia secreta de la relación
entre Washington y Buenos Aires.
En Argentina, a la vez
que se desarrollaban acciones de control, disciplina y violencia nunca vistas
sobre la sociedad, se tomaban decisiones económicas que privilegiaban el
ingreso de bienes y mercancías desde el exterior por sobre la producción
nacional. Así miles de trabajadores perdieron su trabajo debido a que la
industria nacional no podía producir productos a un precio similar o menor a
los importados.
Este proceso fue
acompañado por una campaña publicitaria que intentaba convencer a la población
de que la industria argentina era mala, de baja calidad y asociaba a lo venido
de afuera con lo bueno, lo interesante, lo deseado.
Los sucesivos miembros
de la Junta Militar y diversas empresas asociadas tomaron grandes empréstitos
del exterior: la deuda externa trepó de 8 mil a 43 mil millones de dólares. Por
decisión de los dictadura cívico-militar, se convirtió en deuda pública, es
decir en deuda que debieron pagar todos los argentinos. Las medidas financieras
y administrativas marcaron un período de desinversión en salud, educación y
vivienda con efectos muy importantes en el empeoramiento de las condiciones de
vida de la gente.
Costó muchos años a los
argentinos sanar las heridas dejadas por la cruenta dictadura: garantizar la
vida, la salud, la educación, la vivienda, la nutrición de las grandes
mayorías, convertir en ciudadanos a millones de pauperizados pobladores
excluidos de la sociedad de época de la dictadura y la posdictadura neoliberal.
Hoy no hacen falta
tanques ni bayonetas para imponer un modelo político, económico y social. Basta
con tener el control de los medios de comunicación social para servir a los
intereses del poder fáctico, de las grandes empresas (algunas) nacionales y
trasnacionales.
Miles y miles de
despidos, cierre de fábricas, endeudamiento externo, empresarios dirigen la
cosa pública, hay dura represión para el “ordenamiento social”: ya no son
militares sino policías miltarizados, mientras el ejército de medios
concentrados y cartelizados crean imaginarios colectivos. La respuesta no se
halla en las instituciones (ejecutivas, legislativas y aún menos en las
judiciales): pareciera estar, nuevamente, en las calles.
La nueva arma mortal no
esparce isótopos radiactivos: se llama medios de comunicación de masas que, en
manos de unas cuantas corporaciones, manipulan a su antojo en función de sus
intereses corporativos, en alianza con las más reaccionarias fuerzas políticas.
Hoy el escenario de guerra es simbólico y el terror mediático –y la imposición
de imaginarios colectivos-- se ha convertido en el disparador de planes de
desestabilización de los gobiernos populares y restauración del viejo orden
neoliberal.
¿Habrá iniciado Argentina
un nuevo “proceso de reorganización nacional”, 40 años más tarde?
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