El reciente asesinato
de Berta Cáceres -Premio Goldman al Medio Ambiente 2015- así como la retención
prolongada en Honduras del ciudadano Gustavo Castro Soto, víctima del mismo
atentado, develan la lucha de centenas de comunidades mesoamericanas en defensa
de sus tierras y territorios. Y contra la presencia agresiva de megaproyectos,
sean éstos mineros o hidroeléctricos.
Sergio Ferrari
Especial para Con Nuestra América
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| Philipp Gerber |
Así lo subraya Philipp
Gerber, quien coordina los proyectos de la organización Médico Internacional
Suiza en México, donde vive desde hace varios años. Amigo personal de Gustavo Castro Soto y
conocido desde tiempo de la dirigente hondureña recientemente asesinada, Gerber
introduce no sólo el retrato personal de sus dos amigos sino que analiza más a
fondo la responsabilidad del Norte en esta política invasiva contra los pueblos
mesoamericanos.
P: ¿Cuál es el recuerdo, la imagen, que le queda de Berta
Cáceres asesinada el 3 de marzo en Honduras?
Philipp Gerber: Berta rompía con los
estereotipos de activista de una causa. Era mucho más que una líder de su
organización. Se movilizó frontalmente
contra el Golpe de Estado en Honduras en 2009.
Denunciaba la presencia de bases militares de Estados Unidos en su país.
Se movía con gran facilidad tanto en las redes feministas como en el cabildeo
internacional, siempre enfrentando “el poder capitalista, racista y
patriarcal”, como solía decir.
Pero, y eso la hacía
tan especial, a pesar de sus premios y su visibilidad internacional, no dejó
nunca de estar en el territorio, de convivir con la gente, de participar en las
manifestaciones locales.
Apenas diez días antes
de su asesinato lideró una manifestación -que fue duramente reprimida- contra
el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca por considerarlo una agresión al pueblo
indígena Lenca. Su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares
e Indígenas de Honduras (COPINH), ganó la primera lucha contra este proyecto ya
que después de cuatro años el Banco
Mundial y una constructora china se retiraron en 2013, argumentando el
obstáculo que significaba la resistencia local.
Pero ahora llegan
fondos de desarrollo de Holanda y Finlandia, acompañados por acciones de
supuesta mitigación de impacto ambiental de USAID (Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo). Y por todos los medios quieren implementar ese proyecto
argumentando que ahora, supuestamente, el mismo “será limpio”.
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| Berta Cáceres |
Berta es la cuarta
militante del COPINH asesinada en este nuevo ciclo del proyecto. Ella temía
–así como su organización- que Agua
Zarca signifique la entrada de megaproyectos a la región del pueblo Lenca,
donde después del golpe militar del 2009 el nuevo Gobierno entregó en concesión
una amplia parte del territorio para implementar 17 proyectos hidroeléctricos y
una cantidad similar de proyectos mineros.
P: Desde años usted trabaja en México, en la misma región
que Gustavo Castro, quien fuera herido en el mismo atentado en que perdió la
vida Berta Cáceres. ¿Cuál es el perfil del coordinador de Amigos de la Tierra /
México?
R: Lo conozco muy bien desde inicios de los años 90. Gustavo
es un activista y defensor de derechos humanos con una larga trayectoria. Desde
hace 20 años reside en Chiapas, enfocándose en la defensa de territorios contra
la invasión de megaproyectos.
Últimamente, su
trabajo y el de las redes del
movimiento social en Mesoamérica se ha enfocado en proyectos de energía
(hidroeléctricas, eólicas, fracking) y de minería. Gustavo es un activista de
actitud modesta, de voz tranquila, pero que siempre insiste en la defensa de
los derechos humanos y en la denuncia de las agresiones de las empresas y autoridades contra los territorios mayoritariamente
indígenas. A raíz de estos procesos de
resistencia y de paulatina toma de conciencia en los últimos meses muchas
comunidades se declararon “territorios libres de minería”.
P: Gustavo Castro, según las informaciones públicas, vive
una situación muy particular desde el pasado 3 de marzo ¿Tiene informaciones
más directas sobre el estado actual de ese defensor de derechos humanos
mexicano?
PG: Tengo informaciones de primera mano. Gustavo está
viviendo una situación angustiante de "retención" en Honduras. Todo
esto, luego del trauma psicológico que
le produjo haber salvado milagrosamente su vida en el mismo atentado en que asesinaron
a Berta.
P: ¿Podría darnos más elementos precisos…?
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| Gustavo Castro |
PG: Para Gustavo es una situación extrema, porque no sólo vio
morir a Berta en sus brazos, sino que luego, siendo víctima sobreviviente del
atentado, sufrió maltratos de las autoridades hondureñas. En las horas y los
días posteriores del atentado las autoridades han aplicado tratos crueles e
inhumanos al obligarle a mantenerse despierto en prologados interrogatorios a
los que lo han sometido haciéndolo declarar ante diferentes instancias. Se le
ha restringido el acceso al agua y a los alimentos.
Una de las copartes
mexicanas de Médico Internacional Suiza es el Colectivo Contra la Tortura y la
Impunidad. En una información de prensa,
dicha organización subraya que: “La falta de atención médica y psicológica,
evitar dormir y someter a interrogatorios prolongados y exhaustivos, son
equiparables a métodos de tortura y malos tratos”. Por su parte, el médico
hondureño Juan Almendares señaló que el dirigente ecologista “no solo es
víctima de un atentado sino también víctima de tortura psicológica y de la
perversa crueldad del sistema jurídico en este país”.
P: ¿Y la situación de su seguridad en Honduras?
PG: Sabemos que
Gustavo se siente inseguro y teme que su vida está en peligro. Y esto
con justa razón, porque los asesinos de Berta Cáceres lo dieron por
muerto, después de que una bala le rozó
la oreja.
Nadie puede asegurar
que los asesinos fallidos no puedan intentar nuevamente de cumplir con su
propósito y agredir, ahora, al único testigo ocular del asesinato de Berta
Cáceres. Gustavo colaboró desde el principio con las autoridades para ayudar a
esclarecer el crimen, pero también criticó el maltrato del cual fue objeto. Y
denunció la insistencia de las
autoridades de tratar de construir un
escenario para que el asesinato político aparezca como un crimen pasional o
personal.
Las autoridades
prolongaron por 30 días la alerta migratoria que le impide salir de Honduras
para regresar a México.
Haber sobrevivido
por pura fortuna a un atentado y sentir
que su seguridad está amenazada, constituye, según el derecho internacional,
una situación inhumana. No tiene nada
que ver con el trato elemental que merece una víctima de violencia extrema.
P: ¿Este atentado del 3 de marzo puede provocar una nueva
toma de conciencia ciudadana en torno a los temas que Berta Cáceres y Gustavo
Castro denunciaban?
PG: Espero que sí. Que este sacrificio no sea en vano. Ellos denuncian una política intervencionista
de grandes empresas trasnacionales e instituciones financieras mundiales que
promueven esos megaproyectos, que significan la misma imposición y violación de
derechos desde la Patagonia hasta Sonora, a lo largo de todo el continente.
A pesar del bonito
discurso del desarrollo “verde” y de la participación de la población afectada,
la realidad en el terreno es otra. Esos megaproyectos significan despojo,
destierro, corrupción, criminalización de la protesta, rompimiento del tejido
social, violencia y migración forzada.
El giro eco-territorial
del movimiento social latinoamericano es una reacción a este ataque. Y aunque
hay ejemplos de resistencias exitosas, también la presión discursiva sobre la
supuesta necesidad de este mal llamado “desarrollo verde” aumenta. Por ejemplo
en el reciente Acuerdo de París sobre el
Cambio Climático, de fines del año pasado,
aparece muy fuerte este negocio pintado de verde.
Las empresas quieren
consumir energía verde, nuestro capital social, nuestros ahorros de
jubilación en el Norte tienen que ser
invertidos en infraestructura verde, en tanto, en realidad, las comunidades tienen
que entregar sus territorios, sus ríos y sus bosques para este propósito.
P: Una reflexión final …
PG: La muerte violenta de Berta no es la primera de una
activista mesoamericana, pero el gran eco que tiene su asesinato tiene que
servir para exigir un cambio de políticas.
No puede ser que con nuestros impuestos que pagamos en tanto ciudadanos
suizos, europeos, del Norte desarrollado; con nuestros ahorros; con “nuestras”
empresas; se maten a defensoras y
defensores comunitarios.
Ya no estamos en los
años 80, donde por ejemplo, en la vecina Guatemala se implementaron represas
con financiamiento de bancos suizos a costo de masacres de población indígena.
Si una política pública
crea mucha crispación social, lo mínimo es hacer un alto en el camino,
suspenderla y revisar las condiciones.
En toda América Latina
hay una preocupante criminalización de la protesta social en el contexto de la
movilización contra empresas, como lo acaba de constatar también el
Observatorio de DDHH de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Y no hay una regularización clara del derecho a la consulta y al consentimiento
de la población afectada. Y que quede claro, consentimiento significa que
también la población puede decir NO a un proyecto. Porque los actuales procesos
de consulta muchas veces son una mera
simulación, son un trámite más en el diseño de los proyectos y los intereses
multinacionales
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