Lo que parece avecinarse
es el derrumbe del sistema político, ya seriamente debilitado y deslegitimado
por el sinfín de denuncias y delaciones por actos de corrupción y atribulado
por una probable ofensiva popular de inédita envergadura en el país.
Una visita a Río de
Janeiro me dio la oportunidad de conversar con numerosos amigos, militantes
sociales y colegas que participaron en el estupendo seminario internacional que
organizara la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) junto con otras
instituciones académicas, en conmemoración del primer centenario de la
Revolución Rusa. De esos fructíferos intercambios con mis interlocutores brota
el siguiente diagnóstico sobre la situación brasileña, que me permito compartir
con mis lectores.
A fines de agosto de 2016
una gavilla de bandidos del Congreso brasileño –varios de los cuales ya están
en la cárcel condenados por delitos de corrupción- perpetró con la complicidad
de la prensa canalla –con la Red Globo a la cabeza- y con el auspicio de la
clase dominante y de “la embajada” un golpe de Estado que presentaron a la
opinión pública como si fuera el resultado de un “juicio político” y depusieron
de su cargo a la presidenta Dilma Rousseff. [1] Esta había derrotado al
candidato de la “derecha dura” en el balotaje de noviembre del 2014, Aécio
Neves, pero lo hizo en nombre de un gobierno que -en un acto que sólo puede
calificarse como suicida- había desmovilizado y desorganizado al instrumento
político que lo había instalado en el Palacio del Planalto, el PT. Privada de
ese apoyo Dilma no tuvo fuerzas para resistir el chantaje de los mercados y del
partido derrotado en las urnas y a la semana de asumir su segundo turno
presidencial tuvo que designar un gabinete en el cual los cinco principales
cargos quedaron en manos de integrantes del equipo de Neves, lo cual no podía
sino terminar por desmoralizar y desarmar ideológica y políticamente quienes un
par de meses antes habían ratificado su confianza en ella. La designación del
cavernícola economista neoliberal de la Universidad de Chicago Joaquín Levy
como ministro de Hacienda marcó la total y definitiva sumisión de su gobierno ante
el capital financiero. Por eso, cuando la asociación ilícita que se había
apoderado del Congreso brasileño decidió eyectarla de su cargo nadie acudió en
su auxilio y las calles y plazas de Brasil quedaron vacías. Un gobierno que
había sido electo por más de 54 millones de brasileños fue incapaz de movilizar
a unos pocos miles de sus partidarios para detener la conspiración de los
mafiosos sentados en las bancas parlamentarias.
Conclusión: la alianza
político electoral que el PT sellara con los enemigos de clase, representados
sobre todo por el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, surgido
en los años de la dictadura y partido del por entonces vicepresidente Michel
Temer) y con otras fuerzas políticas de la derecha representantes del agronegocio
y los evangélicos más reaccionarios; el continuismo (si bien con algunos
atenuantes en materia de política social) del paradigma macroeconómico
neoliberal instalado durante el gobierno de Fernando H. Cardoso y la ingenua
ilusión de creer que por llegar al gobierno una fuerza política conquista el
poder tuvieron el lamentable remate que era de esperar, y Dilma fue su víctima.
Una verdadera desgracia, para el pueblo brasileño y para todos los de Nuestra
América. Desgracia que no fue el inexorable veredicto del destino sino producto
de una acumulación de gruesos errores y extravíos políticos que arrancan desde
el primer turno presidencial de Lula. Temas, por otra parte, archiconocidos,
por lo que no viene al caso referirlos una vez más en esta breve nota.
Dicho lo anterior, lo más
preocupante ahora es la ausencia de una alternativa política para poner fin a
un gobierno tan reaccionario como el de Michel Temer. En principio Lula podría
triunfar si se procediera a un llamado anticipado a elecciones directas, pero
para eso se requeriría una enmienda constitucional que un Congreso corrupto
hasta la médula no está dispuesto a aprobar. Recuérdese que el zar de la
industria frigorífica mundial, Joesley Batista, afirmó haber comprado en los
últimos veinte años la voluntad política de más de 1800 dirigentes políticos
entre senadores, diputados federales, estaduales, intendentes y concejales, y
no fue el único en hacer aportes para obtener favores legislativos o de las
autoridades. Lo que se baraja entonces es la posibilidad de que se designe a un
notable de la vida pública brasileña para que concluya el mandato de la fórmula
Rousseff-Temer y se convoque a elecciones en octubre del año próximo para
elegir al próximo presidente. Hay algunos candidatos, pero el ambicioso
Fernando H. Cardoso ya se autopostuló, aunque su nombre suscite intensas
polémicas y movilice viejos rencores en su propio partido, el PSDB (Partido de
la Social Democracia Brasileña) y las demás fuerzas de la derecha. Claro que si
la presión de la calle alcanzara inéditas cotas de movilización popular no
sería imposible que, ante el temor de un derrumbe de la frágil
institucionalidad democrática, los delincuentes del Congreso (no todos, porque
obviamente hay unas pocas honrosas excepciones) podrían ceder posiciones y
habilitar el llamado a elecciones en los próximos meses. Menos probable sería
una convocatoria para una nueva asamblea constituyente, tema tabú para los
gobiernos de derecha de América Latina. Por supuesto que si tal cosa llegara a
ocurrir el aparato judicial brasileño, socio inseparable de la derecha más
reaccionaria del país, pergeñaría todo tipo de maniobras leguleyas para
inhabilitar a Lula e impedirle postularse para ejercer cualquier cargo público
en los próximos diez años y, de ese modo, sacarlo “legalmente” de la
competencia electoral. O sea, un “golpe preventivo”.
Suponiendo que el miedo a
un desborde pre-insurreccional convenza a la pandilla del Congreso de otorgar
luz verde a la enmienda constitucional y se autorice el llamado a elecciones
presidenciales anticipadas, lo que quedaría en pie, según mis informantes, es
la incógnita acerca de si Lula, en caso de ganar las elecciones, trataría de
hacer algo diferente a lo hecho durante su gestión presidencial anterior o si
se contentaría con repetir lo actuado en el pasado. Porque si fuera para hacer
lo mismo -y cometer los mismos errores que resultaron en la caída de Dilma:
sometimiento al gran capital, desmovilización política y sindical, oídos sordos
a los reclamos populares- el resultado final podría ser una crisis peor aún que
la de estos días y la clausura, por mucho tiempo, de cualquier alternativa de
izquierda. Tendría sentido un retorno de Lula si es que se propusiera desmontar
el infernal predominio del capital financiero [2] , del agronegocio, de los
sectores industriales paulistas agrupados en la FIESP, de la prensa canalla que
envilece y envenena día a día a su pueblo y si, además, redefiniera la
inserción internacional del Brasil rompiendo su escandalosa dependencia
neocolonial de Estados Unidos promovida por Temer. [3] En caso contrario su
regreso al Planalto sólo serviría para agudizar las contradicciones que hoy
desgarran a la sociedad brasileña. No sería exagerado extender este
razonamiento también a un eventual retorno de Cristina Fernández de Kirchner a
la presidencia de la Argentina, tema sobre el cual ya nos ocupamos en su
momento y volveremos a hacerlo próximamente. En ambos casos la pregunta
pertinente es: ¿retornar para hacer qué? Repetir lo bueno, en ambos casos, es urgente
y necesario. Pero no lo es menos realizar una profunda autocrítica para evitar
caer en los mismos desaciertos que provocaron, tanto en uno como en otro país,
desenlaces tan deplorables como la inesperada victoria electoral de Mauricio
Macri o el incontestado “golpe blando” de Michel Temer.
La urgencia de encontrar
una salida a la crisis es vertiginosa si se toma en cuenta que el nivel de
aprobación popular del presidente Michel Temer es inexistente en la medida en
que oscila entre un 2 y un 4 por ciento y que los poderes fácticos que dominan
Brasil ya han decidido soltarle la mano. [4] ¿De qué lo acusan? No de ser un
corrupto, delatado pública e irrefutablemente por la grabación del ya
mencionado Joesley Batista. Eso es lo de menos. Su pecado ha sido su ineptitud
para sacar las leyes que la derecha necesita: desmontar la legislación laboral
procedente del varguismo y el “trabalhismo” brasileño y de los mejores años del
PT –restableciendo jornadas laborales de 12 horas e instalando la precarización
del trabajo- y establecer un nuevo régimen previsional que requeriría 49 años
ininterrumpidos de aportes para acogerse al beneficio jubilatorio con lo que,
de hecho, acabarían con la jubilación como derecho para la enorme mayoría de la
población brasileña, situación que en los hechos ya existe en algunos países de
la región. Pero sería injusto negar la saña antipopular del usurpador: logró
aprobar una absurda –e inviable- enmienda constitucional (la PEC 55) que
congela el gasto público en educación y salud por los próximos veinte años,
hasta el 2036, y al igual que su colega argentino está atacando sin piedad a
las universidades públicas algunas de las cuales padecen un retraso salarial de
varios meses. [5] En un alarde de incompetencia la Cancillería brasileña,
otrora considerada una de las más profesionales del mundo, ofuscada por su
patológica obsesión por atacar al presidente Nicolás Maduro cometió un error
que sin duda figurará imbatible en el libro de records Guinness. Al referirse
al inminente viaje de Temer a Rusia (programado para el 20-21 de Junio) el
sitio web de Itamaraty anunció, textualmente, que el presidente se dirigiría a
la “República Socialista Soviética de Rusia” para entrevistarse con Vladimir
Putin. La increíble gaffe permaneció en pantalla durante 22 minutos
hasta que un tsunami de burlas de los críticos del gobierno advirtieron a los
funcionarios del ministerio de su grosero error y corrigieron la información.
Un botón de muestra de la situación que hoy permea en el gobierno.
El problema es que siendo
Temer corrupto e inútil no hay muchos con mejores credenciales que él, y por
ahora se lo sostiene a la espera de la aparición de un mesías de una clase
dominante profundamente dividida y carente de una alternativa política viable y
eficaz, capaz de obtener del Congreso las leyes que otorgarían sello legal a un
retroceso en materia de derechos laborales, previsionales y sociales a la época
anterior al surgimiento del varguismo en los años treintas del siglo pasado.
Buena parte de los dirigentes de sus primeras líneas están procesados o en la
cárcel. Por una cruel ironía de la historia la única opción bien podría ser la
de uno de los ex funcionarios de la CEPAL y (arrepentidos) fundadores de la
teoría de la dependencia y ex profesor de “Metodología Marxista” en los cursos
de la FLACSO de Santiago de Chile en 1967, Fernando H. Cardoso. Pero aún cuando
tal cosa ocurriera, el nivel de corrupción del Congreso es de tal magnitud que
para obtener una ley el eventual sucesor de Temer requeriría poseer algo más
que la elegancia discursiva y la sutileza argumentativa de Cardoso. Tendría que
reincidir en las tramoyas de rutina y re-editar las prácticas tradicionales del
intercambio de favores y la compra de votos, y la situación judicial y el clima
de la opinión pública no son para nada propicios para apelar una vez más a
tales estrategias.
Por lo tanto lo que
parece avecinarse es el derrumbe del sistema político, ya seriamente debilitado
y deslegitimado por el sinfín de denuncias y delaciones por actos de corrupción
y atribulado por una probable ofensiva popular de inédita envergadura en el
país. El paro nacional del 28 de abril tuvo una resonancia como tal vez nunca
antes en la historia brasileña, y se vienen nuevas convocatorias. Las fuerzas
de izquierda política, incluyendo un sector del ala más radical del propio PT
(que había sido marginada por Lula y por Dilma, pese a lo cual en el último
congreso del partido tuvo una actuación deslucida que en nada contribuyó a la
necesaria autocrítica de la experiencia del gobierno petista) más un enjambre
de organizaciones sindicales (principalmente la CUT (Central Única de
Trabajadores, dirigida por el PT) y la CTB (Central de los trabajadores y
trabajadoras del Brasil, conducida por el PCdoB) y diversos movimientos sociales
entre los que sobresalen el MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra),
los Sin Techo y muchos otros parecen estar dispuestos a librar la batalla
decisiva contra el régimen golpista y por la construcción de una genuina
democracia. No obstante, allí también se encuentra una división en el campo
popular entre quienes tienen como prioridad garantizar la candidatura de Lula
en el 2018 y los que pretenden, antes que nada (y desentendiéndose de ese tema)
poner coto a la contrarreforma de la derecha. Es un debate muy complicado y es
difícil saber como será saldado. Lo único cierto es que si estas fuerzas no
ganan la calle nada cambiará en Brasil.
El temor de la burguesía
brasileña y sus jefes en el corazón del imperio es muy grande, porque la
pertinaz recesión económica y la crisis de legitimidad que arrastra a toda la
clase política, al empresariado, a los gobiernos estaduales y locales es de tal
magnitud que las fórmulas tradicionales del compromiso de las oligarquías
partidarias y el “jeitinho” politiquero que todo lo resolvía son dispositivos
muy desgastados y demasiado débiles, que difícilmente podrían ser exitosos
frente a una amenaza de la magnitud que tiene la que se yergue en la vereda de
enfrente. Molecularmente se está constituyendo en Brasil lo que Lenin
denominara una “situación revolucionaria”: los de arriba ya no pueden seguir
dominando como antes y los de abajo (por lo menos un sector importante de
ellos) no quieren seguir siendo dominados. Que esta situación desemboque en una
salida revolucionaria requiere de una combinación de condiciones objetivas y
subjetivas que el revolucionario ruso jamás concebía de manera mecánica o
lineal, y que todo indica que aún no parecen haber madurado lo suficientemente
en Brasil. Pero, sin llegar al extremo revolucionario, el desenlace de la
actual crisis podría producir una radical modificación en la correlación de
fuerzas que hoy opone a burgueses y proletarios, estos últimos definidos
teniendo en cuenta las grandes transformaciones que el capitalismo contemporáneo
operó sobre la estructura y la morfología del universo asalariado. [6] Más allá
de esto, se impone aquí una vieja verdad: la solución de la crisis política
brasileña no brotará del rodaje de las instituciones del Estado, de los
acuerdos parlamentarios o las sentencias de los jueces sino de la dinámica del
conflicto clasista, del protagonismo de la calle. Es decir, de la movilización
popular y la voluntad de lucha de las clases y capas populares resueltas a
poner fin al ajuste y redefinir el rumbo de la sociedad brasileña. Sólo ellas
podrán resolver el endemoniado entramado de corrupción, venalidad y latrocinio
que caracteriza a la clase política brasileña. Tarea difícil, muy difícil pero
no imposible. Ojalá que las clases y capas populares tengan la clarividencia
para discernir las vías de solución a la crisis, la organización que convierta
su fuerza potencial en fuerza política real, y el valor para lanzarse a esa
necesaria empresa de transformación revolucionaria y regeneración ética que
tanto necesita el gran país sudamericano.
Notas:
[1] Para quienes tengan
dudas acerca del protagonismo de Washington basta con recordar que quien se
desempeñó como embajadora de EEUU a lo largo de toda la farsa del “juicio
político” fue nada menos que Liliana Ayalde, quien también ocupara ese cargo
cuando se fraguó el golpe de Estado en contra de Fernando Lugo en Paraguay. Lo
que se dice, una “experta” en demoliciones de gobiernos progresistas y en
articular las coaliciones necesarias para garantizar el éxito de sus planes
golpistas. Regresó a su país una vez consumada la defenestración de Dilma.
Ahora es nada menos que la jefa civil del Comando Sur.
[2] Téngase en cuenta que
en el año fiscal 2016 el 43.9% del presupuesto federal de Brasil se destinó al
pago de los intereses y la amortización parcial de la deuda pública. Consultar:
http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2017/05/31/panfleto-explicativo-consulta-nacional/ El endeudamiento del
sector público y el pago de exorbitantes tasas de interés concretaron una
fenomenal transferencia de ingresos a favor del capital financiero, enemigo
jurado del gobierno petisa.
[3] Un ejemplo: la
invitación de Temer a que EEUU participe, por primera vez en su historia, en un
ejercicio militar conjunto en la Triple Frontera Amazónica (Brasil, Colombia y
Perú). La Amazonía había siempre estado celosamente resguardada de cualquier
presencia estadounidense. Ya no más. Ver http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39826017 así como el texto de
Silvina Romano y Amílcar Salas Oroño, “Brasil y el Cono Sur en la Geopolítica
Estadounidense”, disponible en http://www.celag.org/brasil-y-el-cono-sur-en-la-geopolitica-estadounidense/
[4] El 2% lo asegura
“nossapolitica.net/2017/06” y el 4 % surge de una encuesta de Barómetro
Político realizada por la Consultora IPSOS y que señala que el 92% de los
entrevistados dicen que el gobierno avanza por un rumbo equivocado, el 75% lo
califica como malo o pésimo mientras que apenas un 4% asegura que es un
gobierno bueno u óptimo.
[5] La
"congelación" es una medida absurda y ridícula. La población total
del Brasil en 2016 era de 206 millones de personas. En veinte años más se
incrementará en casi treinta millones, llegando a 234 millones para los que
habrá que disponer de los mismos fondos “congelados” en materia de salud y
educación del año 2016. Es decir, no más escuelas ni hospitales ni dispensarios
médicos, y a repartir entre esta acrecentada población los fondos que había en
el 2016. Lo que se llama una “bomba de tiempo” político. En lo que hace al
retraso salarial los docentes y el personal administrativo de la Universidad
del Estado de Río de Janeiro (UERJ) están recién ahora cobrando sus sueldos de
marzo, y fraccionados.
[6] Sobre este tema
resulta imprescindible consultar la obra de Ricardo Romero Laullón y Arantxa
Tirado Sánchez, La clase obrera no va al paraíso. Crónica de una
desaparición forzada (Madrid:AKAL, 2016)
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