En 2020 Cortizo tiene la
oportunidad histórica de rendir cuentas, no sólo sobre la invasión de 1989.
También sobre las políticas de despojo que hacen inviables cualquier camino que
pretenda impulsar el desarrollo del país. Sin necesidad de cambiar artículo
alguno de la Constitución, puede hacer cumplir la ley para recuperar los 4 mil
millones de dólares que los grandes empresarios dejan de tributar anualmente al
fisco.
Marco A. Gandásegui, h. / Para Con
Nuestra América
Desde
Ciudad Panamá
La clase política y el
poder económico panameños inauguraron 2020 concentrando sus esfuerzos en torno
a las reformas constitucionales propuestas por el gobierno del presidente
Cortizo. El debate, sin embargo, no enfoca los objetivos que debería perseguir
un documento que oriente las tareas políticas de los gobernantes. Más bien, se
queda a nivel de las formalidades. El ¿cómo? desplazó por completo el ¿qué? El
problema radica en que las instituciones panameñas están en crisis y ninguna
reforma constitucional puede reconstruir un orden político que nunca existió.
Hay que comenzar desde el principio, desde cero.
El presidente Cortizo
hizo una promesa durante su campaña: reformaría la Constitución. Pensó que
sería relativamente fácil. Tenía un proyecto que un grupo le entregó y sólo
tenía que enviarlo a la Asamblea Nacional. Se dio cuenta seis meses más tarde
que los obstáculos en el camino eran demasiado grandes. Optó por buscar auxilio
en un organismo de las Naciones Unidas - el PNUD – que le sirvió a los
presidentes Pérez Balladares, Mireya Moscoso y Martín Torrijos para seguir
engañando al pueblo panameño con las privatizaciones y la quiebra del Seguro
Social.
Cortizo no quiere
enfrentar los problemas del país. Prueba de ello, la composición de su gabinete
al cual le falta visión de futuro. En seis meses, careciendo de un proyecto, no
ha podido identificar las necesidades del país en política interior o exterior.
Quiere cambios cosméticos que pongan fin a los escándalos mediáticos de
corrupción y desgreño administrativo. No significa poner fin a los despojos,
entre ellos, en la mina de cobre, en las áreas del Canal, en la seguridad
social y tantas otras áreas. Por otro lado, difícilmente logrará sujetar los
desmanes de los diputados y reeducar a los magistrados.
El gobierno ha
descuidado el sector económico. La tasa de crecimiento del PIB continuará
disminuyendo en 2020 y el desempleo aumentará. Estas son las proyecciones de la
CEPAL y del Banco Mundial. La CEPAL recomienda que se inicien inversiones por
parte del sector público. Además, señala que es urgente generar empleos
aplicando una política de redistribución de las enormes ganancias que generan
proyectos como la mina Cobre Panamá y el entorno del Canal de Panamá.
Con una economía
estancada, Cortizo tendría que regresar al tablero para buscarle otra solución
a las reformas constitucionales En este atolladero Cortizo tendría dos
alternativas: engavetar todo proyecto de reforma o convocar a la Asamblea
constituyente originaria. En esta coyuntura, el desenlace de los
enfrentamientos dependerá de la correlación de fuerzas políticas. La iniciativa
constitucional de Cortizo se produjo a fines de 2019 en un contexto de crisis
de gobernabilidad que se viene arrastrando y agudizando desde hace varios
lustros. Los partidos políticos están desgastados, las instituciones públicas
han perdido toda credibilidad, las Iglesias no tienen representatividad, los
gremios empresariales y laborales no tienen convocatoria.
¿Puede ser el pueblo en
la calle? Los ‘tres días de octubre’ pasados fueron un aviso de lo que podría
venir en el futuro cercano. Panamá ha tenido en el pasado cuatro grandes
movimientos sociales que surgieron ‘espontáneamente’ y que tuvo como actor
central a EEUU. El primero en 1925 con el ‘movimiento inquilinario’ que costó
una docena de vidas tras la intervención solicitada de tropas norteamericanas.
El segundo en 1947 con el rechazo al Tratado Filós-Hines. Tercero, la gran insurrección
contra la ocupación militar norteamericana del 9 de enero de 1964. Por último,
la invasión militar de EEUU en 1989 sobre el cual los gobiernos de turno no
rinden cuentas ni piden a Washington que asuma su responsabilidad.
En 2020 Cortizo tiene la
oportunidad histórica de rendir cuentas, no sólo sobre la invasión de 1989.
También sobre las políticas de despojo que hacen inviables cualquier camino que
pretenda impulsar el desarrollo del país. Sin necesidad de cambiar artículo
alguno de la Constitución, puede hacer cumplir la ley para recuperar los 4 mil
millones de dólares que los grandes empresarios dejan de tributar anualmente al
fisco. Igualmente, 500 millones de dólares anuales que no pagan los patrones a
la Caja de Seguro Social. Igualmente, hacer mejor uso de los recursos del Canal
de Panamá y de las mina Cobre Panamá. Además, eliminando la corrupción, le
daría mucho más de 10 mil millones de dólares anuales al gobierno para invertir
en los programas de salud, educación, vivienda y seguridad que el país necesita
con urgencia en 2020.
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