El asunto de fondo es mucho más grave y complejo que las variaciones en los resultados de una encuesta, o las virtudes y defectos del liderazgo de la presidenta. El problema radica en la decisión de profundizar un modelo neoliberal agotado, desigual y excluyente.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
(Ilustración tomado de www.elpais.cr)
Al cumplirse un año desde que Laura Chinchilla asumió la Presidencia de la República, los distintos análisis sobre su administración son poco optimistas y coinciden en calificar el suyo como un gobierno que “no arranca”, con escasos logros para ofrecer a los ciudadanos –sobre todo por las expectativas que generó su contundente triunfo electoral- y con un incierto panorama para el resto de su mandato.
Algunos analistas, por ejemplo, acusan el débil liderazgo de la presidenta y sus ministros más cercanos, como el principal obstáculo para dialogar y forjar alianzas duraderas con los partidos representados en la Asamblea Legislativa. Así lo demuestra la fractura del llamado pacto de gobernabilidad entre el oficialista Partido Liberación Nacional (PLN) y el Movimiento Libertario (fuerza política de derecha), que en mayo de 2010 fue calificado de “maravilloso” para el futuro del país.
Otros, señalan debilidades en puestos claves de su gabinete, como el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de la Presidencia (equivalente a un Ministerio del Interior), cuyos funcionarios, de entera confianza de la presidenta, abandonaron sus cargos en medio de polémicas y cuestionamientos.
Una tercera tendencia, es la de quienes ponen el acento en los enemigos internos de la presidenta, quien se ha visto enfrascada en estériles y tempranas disputas preelectorales con la cúpula del PLN, en particular, con sus mentores y padrinos políticos: los hermanos Oscar y Rodrigo Arias Sánchez, y el grupo de diputados que les rinde pleitesía en el parlamento.
Sobre esta contradicción en el grupo que detenta el poder, resultan esclarecedoras las palabras de Kevin Casas, el fugaz vicepresidente de la República entre 2006 y 2007, delfín político del expresidente Oscar Arias y coautor del recordado memorando del miedo durante la campaña del referéndum sobre el TLC con Estados Unidos. Casas lanzó fuertes críticas sobre la conducción de la presidenta Chinchilla, y afirmó que “el país está metido en una espiral descendente. Esta es la percepción desde afuera, que Costa Rica está paralizada y así lo ven los organismos internacionales. Tengo la impresión de que el poder anda suelto, nadie lo tiene, no lo tienen los actores políticos y tampoco el gobierno. El gobierno no tiene la iniciativa política en este momento, pero no tengo claro quién la tiene”[1].
Esa ausencia de iniciativa también parece ser percibida por la ciudadanía. La fotografía del “momento político” que ofrecen las encuestas de opinión, así lo sugiere: entre julio de 2010 y marzo de 2011, el porcentaje de personas que consideraba que la presidenta tenía el liderazgo necesario para dirigir el país pasó del 74% al 58%; y “casi el 60% de la población opina que Chinchilla no ha definido las principales áreas en que concentrará la labor de su gobierno”[2].
Con todo, el asunto de fondo es mucho más grave y complejo que las variaciones en los resultados de una encuesta o las virtudes y defectos del liderazgo de la presidenta. Chinchilla dio continuidad, en líneas generales, al entorno de gobierno (funcionarios, consejeros, programas) del expresidente Arias. Y por supuesto, no ha variado un ápice –ni pretende hacerlo- los principios ideológicos que sostienen la contrarreforma social, política y económica neoliberal –y ahora también, moralmente conservadora- que, desde mediados de la década de 1980, avanza en el país.
Enmarcado en ese contexto, el suyo es uno más de los gobiernos funcionales a ese largo proceso de desmantelamiento del tipo de Estado que, durante la segunda mitad del siglo XX, hizo de Costa Rica un caso particular en términos de desarrollo humano en América Latina. Ahí radica el problema: en la decisión de profundizar un modelo agotado, desigual y excluyente.
Bajo la hegemonía de las reformas neoliberales, el país experimentó un importante deterioro de sus indicadores socioeconómicos. De acuerdo con estadísticas del Programa Estado de la Nación (www.estadonacion.or.cr), entre 1990 y 2009, el índice de desarrollo humano pasó de 0.916 a 0.854, o lo que es igual, del lugar 28 al 54 del escalafón mundial; la tasa de desempleo abierto creció del 4.6% al 7.8%; y la desigualdad en la distribución de los ingresos, medida por el coeficiente de Gini, registró un aumento del 0.374 al 0.437.
Si en la década de 1990, las elites políticas costarricenses, devotas del pensamiento único de la globalización unipolar, ofrecían para el consumo de las masas los discursos e imágenes de una sociedad de la abundancia, que llevaría riqueza a todos los estratos de la población, a cambio de sacrificar en el altar del mercado las conquistas del estilo nacional de desarrollo del período 1950-1980, lo cierto es que el neoliberalismo del siglo XXI se revela incapaz de concitar apoyos y movilizar voluntades –más allá de sus votantes cautivos por el clientelismo- en torno a una nueva utopía social, económica, política y cultural, que involucre al conjunto de la sociedad.
Evidentemente, esta incapacidad para proponer un horizonte utópico no se resuelve con apelaciones a la vieja ideología de la identidad nacional ni exaltando el nacionalismo acrítico y autocomplaciente, como lo ha hecho la presidenta Chinchilla, aprovechando el conflicto con Nicaragua para reforzar su imagen; tampoco se resuelve con más clientelismo para contener la pobreza y la desigualdad.
Lo que se requiere es un nuevo consenso general en torno a un proyecto nacional inclusivo, alternativo al rumbo neoliberal de las últimas décadas. En nuestra América Latina de hoy, abundan los ejemplos y experiencias que confirman que sí es posible avanzar en esa ruta. Pero, por supuesto, esto escapa a la vocación política del gobierno y a los apetitos del actual PLN.
La pregunta que permanece abierta es la que interroga sobre los nuevos sujetos sociales que puedan impulsar los cambios necesarios para las grandes mayorías (no solo para la minoría vinculada a la economía financiera y exportadora) y el proyecto alternativo que haga posible vislumbrar un golpe de timón en medio de la tormenta. Y eso es lo que debe definirse en los próximos años: ¿quién le pone el cascabel al poder?
NOTAS
[1] “Presidenta no puede dedicarse a ser popular” (Entrevista a Kevin Casas), en Diario Extra, 25 de abril de 2011. Disponible en: http://www.diarioextra.com/2011/abril/25/nacionales07.php
[2] “Imagen de liderazgo de la presidenta se diluye”, en La Nación, 3 de abril de 2011. Disponible en: http://www.nacion.com/2011-04-04/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2733132.aspx
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