Para las derechas y opositores recalcitrantes, el rechazo a la consulta popular se resume en el supuesto de que el Presidente quiere quedarse con el poder total. Es decir, se ha revivido el mismo y recurrente argumento que se ha utilizado desde 2006 para combatir no solo a un mandatario, sino a un proyecto político distinto en Ecuador.
Juan J. Paz y Miño / El Telégrafo (Ecuador)
Durante la campaña presidencial de primera vuelta (2006), las confrontaciones políticas se concentraron en torno a 13 candidaturas. La polarización trazó dos lados: uno, con Cynthia Viteri (PSC) y Álvaro Noboa (Prian); otro, con León Roldós (RED-ID) y Rafael Correa (AP). Desde los primeros momentos, Rafael Correa reivindicó la convocatoria a una asamblea constituyente, respaldada en AP y la “revolución ciudadana”. Los otros candidatos se opusieron a ella.
Para la segunda vuelta la polarización se concentró en Correa y en Noboa. “Todos contra Correa” fue la consigna de la época.
El ascenso del nuevo Presidente y su convocatoria a la Asamblea Constituyente desató la virulenta campaña de los opositores, que incluyó a un sector de los opinadores y editorialistas de los medios de comunicación. Decían que la asamblea era “de Correa”, quien buscaba una Constitución “a su medida”, que los asambleístas eran simples “alzamanos”, que solo se imponía el pensamiento “oficial”, que el país caminaba hacia el “totalitarismo”. Y eso que la Asamblea Constituyente estaba presidida por Alberto Acosta, quien tenía que aclarar todo el tiempo cuántas veces se reunía y con cuántos sectores y organizaciones, para tratar de desvirtuar la campaña anticonstitucionalista.
Meses más tarde, cuando la Constitución estuvo lista para el referéndum, las derechas se alinearon contra ella, bautizándola como el mayor “mamotreto” del país. Repetían, a diario, que esa Constitución estaba destinada a consolidar el “autoritarismo” de Correa y el dominio total de Alianza PAIS.
Después de la elección de la nueva Asamblea Nacional, en la que obtuvieron mayoría los candidatos de AP, las derechas han repetido que los asambleístas se limitan a cumplir las “órdenes” de Correa. Así cubren un frente. El otro frente lo cubren con otros ataques: el Presidente es autoritario, verticalista, no escucha, etc. El tercer frente es la Constitución: ella es la causa de los males institucionales del país. Así lo repiten.
A propósito de la consulta popular, han encontrado un cuarto frente: la defensa de la Función Judicial. Como en ninguna otra época ahora defienden su “independencia”. Sin embargo, la Función Judicial es históricamente la más atrasada en la vida nacional y su modernización es una exigencia para el futuro del país. Para las derechas y opositores recalcitrantes, el rechazo a la consulta popular se resume, en este punto, en el supuesto de que el Presidente quiere quedarse con el poder total. Es decir, se ha revivido el mismo y recurrente argumento que se ha utilizado desde 2006 para combatir no solo a un mandatario, sino a un proyecto político distinto en Ecuador.
Los desencantos y las rupturas, que también han crecido con el tiempo, especialmente aquellas que han pasado a alinearse en las filas de la oposición a las preguntas de la consulta popular, han encantado a las derechas y opositores políticos recalcitrantes, porque han servido para aumentar sus argumentos contra el régimen. Al mismo tiempo, pueden ajustar mejor sus cuentas para intentar revertir todo proyecto que suene a izquierda.
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