No es casual que dos regímenes abiertamente neoliberales y antipopulares, como los de Honduras y Panamá, sean utilizados por Estados Unidos como eje de sus operaciones militares y antidrogas.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
(Fotografía: Los presidentes de Panamá y Honduras, Ricardo Martinelli y Porfirio Lobo, respectivamente).
En medio de un clima de opinión pública marcado por el temor a la violencia social (consecuencia de la violencia material y simbólica del sistema económico) y saturado por el discurso de la guerra contra el narcotráfico, que casi todos los gobiernos de la región asumen como programa político, dos anuncios recientes han confirmado la vital importancia que mantienen Honduras y Panamá en el posicionamiento y proyección de los llamados intereses norteamericanos en Centroamérica y el Caribe.
En Honduras, durante una visita del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, se informó de la inminente instalación de una tercera base militar norteamericana en las Islas de la Bahía (Caribe hondureño), que se sumaría a la histórica base de Palmerola y a la de Taracasta, en la frontera con Nicaragua (Departamento de Gracias a Dios), establecida hace un año (www.alterinfos.org, 18-04-2011).
Si ya el lanzamiento del Plan Centroamérica –hermano del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida- en Tegucigalpa, el pasado mes de febrero, enviaba un poderso mensaje sobre el rol que le asignaba Washington al régimen hondureño posgolpista de Porfirio Lobo, este nuevo emplazamiento militar despeja cualquier duda sobre la cuasi ocupación a la que está siendo sometido el país. Y ocurre, además, en momentos en que las denuncias sobre represión política y violaciones a los Derechos Humanos son ya inocultables.
Dos miembros de la Comisión de la Verdad para Honduras, Nora Cortiñas, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, y Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, en una entrevista publicada por el diario argentino Página/12, relatan el delicado estado de situación que vive la sociedad hondureña: “La represión al pueblo hondureño sigue porque el gobierno de Lobo, un gobierno constitucional entre comillas, está reprimiendo a los maestros, a los sindicatos fuertes y a los periodistas. Tiene un blanco claro: cuanto más combativo es un grupo, más lo reprime”, explica Cortiñas. Y Pérez Esquivel agrega: “Desaparecidos, asesinados, torturados en cárceles. Hay periodistas golpeados, perseguidos, intimidados. Es una avanzada sobre la democracia en América Latina para imponer las democracias entre comillas, restringidas y proclives a los centros de poder” (www.pagina12.com.ar, 17-04-2011).
Por su parte, la inauguración en Panamá, el 18 de abril, del Centro Operativo de Seguridad Regional, presentado como un proyecto del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) para articular las tareas de inteligencia de policías y ejércitos en la guerra contra el narcotráfico, ha terminado por revelarse como un eslabón más de la estrategia militar norteamericana: está ubicado en la antigua base naval de Rodman y se mantendrá conectado “a la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos con sede en Cayo Hueso (Florida)” (www.diariocolatino.com , 19-04-2011).
Como ocurre en Honduras, el gobierno panameño de Ricardo Martinelli, confeso opositor de los “populismos latinoamericanos” (según la malintencionada expresión divulgada por la derecha latinoamericana), exhibe una cuestionada reputación en diversos ámbitos: intromisión en los distintos poderes de la República, violación de Derechos Humanos (10 muertos y 700 heridos en la represión de trabajadores en Bocas del Toro), corrupción en la administración pública, destrucción de la naturaleza por la vía del desarrollo extractivo minero y la amenaza permanente a los territorios y culturas indígenas (www.rebelion.org , 20-04-2011). El sociólogo Marco A. Gandásegui describe la situación en una contundente frase: Panamá es el escenario de una guerra de los ricos contra los pobres.
No es casual que dos regímenes abiertamente neoliberales y antipopulares (en el sentido de que van en contra de los intereses de los pueblos), sean utilizados como eje de operaciones militares y antidrogas. Por el contrario, es la afirmación de una constante histórica de la presencia de Estados Unidos en Centroamérica. Precisamente, es en la débil legitimidad social y en la erosionada imagen a nivel nacional e internacional de estos gobiernos, donde radica su potencial como socios estratégicos, dóciles y maleables, del poder hegemónico estadounidense.
Es cierto que la nuestra es una región vulnerable, expuesta a la acción de grupos criminales organizados y eso tiene un indudable impacto social y cultural; pero también lo es el hecho de que Estados Unidos aprovecha la actual coyuntura en beneficio propio. De manera sistemática, los informes del Departamento de Estado vienen presentando a Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá y Guatemala como países “traficantes principales” en el negocio internacional de las drogas (www.elfaro.net , 04-03-2011); el Comando Sur califica a Guatemala, El Salvador y Honduras como “la zona más letal del mundo fuera de las zonas de guerras activas”, y el Comando Norte, por su parte, le “recomienda” al gobierno mexicano que considere a Centroamérica como un nuevo frente en su guerra antinarco (www.jornada.unam.mx , 06-04-2011).
La suma de estos factores y construcciones políticas y discursivas, es lo que justifica, desde la perspectiva norteamericana y de un sector de las elites gobernantes de la región, unos niveles cada vez mayores de “cooperación en seguridad”, que abren las puertas, irremediablemente, al injerencismo descarnado.
En la Centroamérica del siglo XXI, atravesada por contradicciones y esperanzas frustradas, las tendencias que empujan hacia la militarización y la adopción de políticas de “seguridad regional” fabricadas por fuerzas extranjeras, expresan dos dimensiones de un mismo proceso: la profundización del control y la dominación de los Estados Unidos sobre un territorio estratégico en el diseño de su política exterior para América Latina.
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