La creciente importancia de lo ambiental en la definición de las relaciones de poder en América Latina está generando, a su vez, factores y criterios nuevos de formación, formulación y aplicación de políticas económicas.
Guillermo Castro H. / Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad de Panamá
En el camino a Rio + 20, destacan tres rasgos de nuestra circunstancia ambiental, forjados al calor de nuestra vinculación cada vez más integral y profunda con la economía global. El primero corresponde a la renovada importancia de nuestra América como proveedora de materias primas y alimentos para el mercado global y, en particular, la región de Asia – Pacífico. El segundo, a la masiva transformación de la naturaleza aún no incorporada al mercado en capital natural por dos vías principales: una, la construcción de megaproyectos de infraestructura – como la ampliación del Canal de Panamá, el desarrollo de la hidrovía Paraná – Paraguay, y la red vial que vincula la Amazonía con la costa del Perú; otra, la formación de mercados de servicios ambientales, que van desde la captura de carbono hasta la bioprospección y el ecoturismo. El tercero de los factores mencionados – íntimamente ligado a todo lo anterior – consiste en la creciente, y ya irreversible, incorporación de temas y demandas ambientales en las agendas de los movimientos sociales y políticos de la región.
Estas transformaciones en curso aportan nuevas oportunidades para encarar lo ambiental en una perspectiva de desarrollo sostenible que vaya más allá del mero interés de propiciar el crecimiento económico sostenido con algún grado de preocupación por sus consecuencias para el entorno. Para aprovechar estas oportunidades, convendría recuperar para el debate ambientalista toda la riqueza de las relaciones entre la economía y la política. Al respecto, es útil recordar que la economía es la disciplina que se ocupa de asignar recursos escasos entre fines múltiples y excluyentes. Para esto, la economía opera a partir de prioridades que a su vez expresan las relaciones de poder efectivamente existentes en la sociedad, con lo cual toda decision económica economía viene a ser, finalmente, la expresión de una política.
La creciente importancia de lo ambiental en la definición de las relaciones de poder en América Latina está generando, a su vez, factores y criterios nuevos de formación, formulación y aplicación de políticas económicas. Esta realidad política nueva se expresa, por ejemplo, en el número cada vez más amplio de grupos y sectores sociales que se reconocen y pasan a ejercerse como partes interesadas en la gestión ambiental a escala tanto local como nacional y regional.
Entender y asumir estos factores nuevos de política facilitará comprender dos problemas básicos para la gestión de las interacciones entre sistemas sociales y naturales. En primer lugar, que la major manera de proteger y fomentar la riqueza natural consiste en fomentar
la riqueza de las capacidades sociales de cooperación y organización. Y, enseguida, que siendo el ambiente el resultado de las formas en que una sociedad organiza sus relaciones con el entorno natural del que dependen su existencia y su desarrollo, quien aspire a contar con un ambiente distinto deberá por necesidad contribuir a la creación de una sociedad diferente.
Identificar los términos en que quepa plantear esta diferencia, y las vías para convertirlos en problemas prácticos de política, es el mayor desafío que enfrenta hoy la cultura ambiental de los latinoamericanos. Hacia allá debe conducirnos el camino que nos lleve a que la próxima Cumbre Mundial del Ambiente facilite aprender de las experiencias gestadas a partir de 1992 de un modo que permita expresar cada vez mejor el interés de todos en crear un desarrollo que sea sostenible por lo humano que llegue a ser.
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