De una u otra manera, las expresiones de malestar registran el rechazo a un modelo de sociedad basado en el lucro y en el individualismo; y cuestionan una institucionalidad sorda que impide la participación ciudadana.
Manuel Cabieses / Clarín (Chile)
Existe en Chile un ascendente estado de efervescencia social que se inició en enero pasado con la protesta en Magallanes por el precio del gas. Desde mayo se vienen multiplicando en todo el país las movilizaciones, marchas, tomas de recintos universitarios y colegios, cortes de caminos, huelgas y otras manifestaciones de protesta que abarcan amplios y diversos sectores sociales.
De particular magnitud han sido las marchas estudiantiles -exigiendo prioridad para la educación pública- y de ecologistas contra el proyecto HidroAysén en la Patagonia. La demanda social afecta no sólo a la derecha política y empresarial que está hoy en el gobierno. También interpela a la coalición opositora que gobernó durante 20 años y que pretende escabullir su responsabilidad en problemas que tienen su origen en la desigualdad que caracteriza a la sociedad chilena. La situación revela que la institucionalidad construida en lo fundamental por la dictadura, se encuentra atrapada en su propia trampa: un modelo económico, social, político y cultural que no incluye entre sus deberes solucionar los problemas del pueblo ni avanzar en la modernización de la sociedad a través de la autodemocratización del sistema. Se trata de una situación de empantanamiento muy riesgosa. Llevada a una situación límite puede gatillar los instintos más siniestros de un modelo portador de los genes del terrorismo de Estado. Lea el artículo completo aquí…
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