La huelga de hambre de los comuneros mapuches ha dejado de ser un tema judicial. Es un problema político y social, como siempre lo ha sido. Nada tiene que ver con el terrorismo. El mapuche es un pueblo que lucha pacíficamente por su tierra y por su identidad.
Manuel Cabieses / Clarín (Chile)
Con el escenario político-social copado por las movilizaciones contra el proyecto HidroAysén y las protestas estudiantiles, han tenido escasa resonancia las condenas contra los comuneros mapuches sentenciados a brutales penas de presidio por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete y luego por la Corte Suprema. Esta última recalificó el delito de “homicidio frustrado” en contra de un fiscal por “lesiones menos graves”, y rebajó las penas por robo de madera. Pero en definitiva, Héctor Llaitul fue condenado a 15 años y Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche a ocho años cada uno.
Ni siquiera la huelga de hambre de casi 90 días de estos presos mapuches parece haber impresionado a la opinión pública y mucho menos a la inmutable “clase política”, absorta en los próximos juegos electorales. La sentencia de la Corte Suprema deja fuera de lugar cualquier otra iniciativa en el plano judicial. Tiene razón el presidente del tribunal, Milton Juica, cuando devuelve la iniciativa de solución al campo político. Los mapuches seguirán encarcelados si no hay una decisión en contrario del Poder Ejecutivo, vía indulto presidencial. Desde luego, ellos no dejarán de luchar porque no están dispuestos a rendirse ante la injusticia. Así lo indica la historia de ese pueblo que enorgullece a la nación chilena. En síntesis, la condena de Llaitul y sus compañeros es una vergüenza que debe ser corregida en el espacio que controla el poder político. Lea el artículo completo aquí…
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