Como es de público
conocimiento, ha comenzado el proceso de diálogo y discusión en torno a las
reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), del cual surgirán
elementos para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) formule una propuesta
que deberá ser sometida a consideración del Congreso de la República.
Mario Sosa / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de
Guatemala
Tal y como quedó decidido en
las reformas de 2016, el proceso electoral de 2019 debe ser evaluado con el fin
de determinar el tipo de reformas necesarias para resolver las deficiencias y
vericuetos legales que impiden que las elecciones sean democráticas. En esa
dirección, un conjunto de organizaciones e instituciones civiles y políticas
han presentado propuestas que se refieren a la inscripción y a la democracia
interna de los partidos políticos, a la representación y participación
política, a la organización de distritos electorales, a las características y
al financiamiento de campañas electorales, a la justicia electoral y al órgano
electoral que mostró serias deficiencias y vulnerabilidades en las pasadas
elecciones.
Más allá de la discusión
técnica, sin duda habrá una enconada discusión y disputa política para
concretar cambios regresivos o progresistas a la normativa. Algunos actores,
con buenas intenciones, perseguirán reformas que impacten positiva y
democráticamente en el sistema de partidos políticos y en los procesos
electorales venideros. Sin embargo, otros pretenderán reformas que los blinde
para continuar con el financiamiento millonario y así mantener el control del
sistema de partidos, tal y como lo han hecho desde los años 80. O, en su
defecto, perseguirán que nada o muy poco cambie. Quienes se encuentran en este
segundo bloque, alejados de cualquier principio democrático y búsqueda de bien
común, son grupos de poder tradicional o emergente que desde ya intentan
determinar que sus operadores se conviertan en magistrados del TSE y mermar la
capacidad fiscalizadora y sancionatoria de este. Así las cosas, independientemente
de lo que surja como propuesta del TSE, la verdadera contienda ocurrirá en el
Congreso de la República, ámbito en el cual dominan las presencias e
influencias de tales intereses espurios.
Como ha sucedido en los
procesos electorales anteriores, en las elecciones de 2019 pudo constatarse que
existen hechos fraudulentos y antidemocráticos: campañas anticipadas, flujo de
financiamientos indeseables por vías legales e ilegales, orientaciones
editoriales y pautas noticiosas y comunicacionales de medios de comunicación
masiva que fueron favorables a unos candidatos y desfavorables a otros,
inscripción y participación de candidatos no idóneos e impedimentos para que
unos partidos políticos pudieran competir con las mínimas condiciones o
similares a las de los partidos dominantes. Los resultados electorales se
traducen, además, en la continuidad del estado de cosas, que impide avanzar en
perspectiva democrática. Así, por ejemplo, se constata nuevamente la escasa
representación de pueblos indígenas, clases trabajadoras, mujeres y jóvenes,
respecto a lo cual existen demandas de importantes movimientos sociales para
subsanar estas exclusiones históricas.
Sigue siendo una constante que
el sistema de partidos políticos no garantiza la representación, intermediación
y agregación de intereses de segmentos mayoritarios de la población
guatemalteca debido a que son los grupos de poder económico, mediático, militar
y político, con fuerte presencia de estructuras al margen de la ley, los que
predominan durante los procesos electorales y como resultado de estos. Hoy
mismo vemos cómo tales grupos dominan en el Congreso, en alcaldías importantes
y en los principales ministerios y organismos gubernamentales. Asimismo, se
observa cómo algunos personajes están siendo nombrados como funcionarios de
alto nivel sin importar los señalamientos sobre su falta de idoneidad
profesional y técnica, con antecedentes de ser miembros de redes políticas
reñidas con la ética, excontratistas del Estado y tránsfugas consuetudinarios.
En ese sentido, una reforma de
la LEPP que no considere la erradicación de tales relaciones de poder y
prácticas que determinan que se impongan intereses minoritarios, corruptos y
mafiosos muy probablemente será insuficiente para lograr que el sistema de
partidos y los procesos electorales se democraticen y garanticen, como
resultado, una verdadera representación e intermediación de los intereses de
aquellos segmentos mayoritarios de la sociedad históricamente excluidos.
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