Es evidente
que las normas y “derechos” a los que aspiran las grandes empresas mundiales de
la tecnología, principalmente de Estados Unidos y China, van en detrimento de
la privacidad y protección que deben tener los datos de las personas, del
desarrollo económico de los países, del fomento de empleos locales y nacionales
y de los intereses, beneficios y derechos humanos de sus ciudadanos.
Pedro Rivera Ramos / Especial para Con Nuestra
América
Desde Ciudad
Panamá
La
Organización Mundial de Comercio (OMC), nace con el Acuerdo de Marrrakech el
primero de enero de 1995, de las bases del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT), para ya no solo ocuparse del comercio de
mercancías como venía haciéndose hasta ese momento, sino que además ahora, se
decide invadir, entre otros ámbitos, el comercio de servicios, políticas
comerciales de los gobiernos y la propiedad intelectual, a través de sus
diferentes acuerdos vinculantes para todos sus miembros (países o uniones
aduaneras). Esta organización se le supone íntimamente relacionada y
consecuente, con el mundo globalizado y neoliberal prevaleciente todavía en
nuestros días.
En
la actualidad, la OMC cuenta con un número significativo de acuerdos
comerciales multilaterales, de forzoso cumplimiento para todos sus miembros.
Sin embargo, los más importantes son el Acuerdo fundacional de la OMC, el
Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (AGCS), el Acuerdo sobre los aspectos de
la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el Acuerdo
sobre Agricultura. Desde el año 1996 con su primera cita en Singapur, la OMC
realiza sus reuniones ministeriales cada dos años, esperando que la Duodécima
Conferencia Ministerial se realice en Nursultán, Kazajstán, en junio del 2020,
con la asistencia de sus 164 miembros actuales.
Pese
a que la mayoría de los miembros de la OMC son países en desarrollo, esta
organización desde hace algunos años, ha abandonado el Programa de Doha para el
Desarrollo aprobado en su cuarta conferencia ministerial en el 2001; así como
se experimenta en su seno una resistencia de los países desarrollados, a
discutir reformas a las normas agrícolas en beneficio de los países pobres. Sin
embargo, por presiones principalmente de los Estados Unidos, que respondiendo a
solicitudes de sus grandes empresas tecnológicas, desde el año 2016, se viene
insistiendo en la necesidad de establecer normativas a nivel global, para el
comercio electrónico o comercio digital. Esta pretensión, que según estos
gigantes de la tecnología es positiva para el desarrollo de todos los países,
viene siendo reiterada cada vez con mayor fuerza, en las últimas citas del Foro
Económico Mundial de Davos, en Suiza.
Las
presiones han sido tan poderosas en ese sentido, que en la Undécima Conferencia
Ministerial realizada en Buenos Aires en el 2017, el tema sobre comercio
electrónico acaparó la atención de esta cumbre; aunque fueron negociaciones que
no condujeron a normas vinculantes, debido entre otros factores, a la enconada
resistencia de la mayoría de los países en desarrollo, principalmente de los
delegados africanos, que han entendido que el verdadero objetivo de las
empresas transnacionales de la tecnología, es alcanzar una “liberalización
completa de todos los aspectos de la economía digital del futuro”. No obstante,
este fracaso no las desalentó en lo absoluto, y ahora han logrado que en el
punto 4 del orden del día de la Cumbre de la OMC de este año, aparezca como
“Programa de Trabajo sobre el comercio electrónico”.
Con
ello se intentará imponer nuevamente a todos los miembros de la OMC,
negociaciones sobre el comercio digital, donde se le otorguen derechos
ilimitados a las grandes empresas tecnológicas, para así permitirles extraer,
controlar y usar los datos personales, empresariales y sociales en todo el
mundo, sin sujeción u obediencia a
ninguna reglamentación; sin asumir impuesto alguno por sus operaciones y sin
rendir información sobre el extraordinario valor de los datos, que aunque
muchas (personas y hasta naciones) no lo perciban así, se han convertido
quizás, en el principal recurso con el que se cuenta hoy en el mundo.
Es
evidente que las normas y “derechos” a los que aspiran estas grandes empresas
mundiales de la tecnología, principalmente de Estados Unidos y China, van en
detrimento de la privacidad y protección que deben tener los datos de las
personas, del desarrollo económico de los países, del fomento de empleos
locales y nacionales y de los intereses, beneficios y derechos humanos de sus
ciudadanos. Por eso esperemos que en este 2020 en Kazajstán, la liberalización,
monopolización y desregulación digital que los gigantes del comercio electrónico
persiguen, sean rechazadas otra vez más.
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