Este caso sin
precedentes en donde se denuncia a EE.UU por crímenes de lesa humanidad, ante
la CPI, pone el punto sobre las íes en materia de defensa del Estado de Derecho
Internacional.
José Toledo Alcalde / Para Con Nuestra América
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| El canciller venezolano Jorge Arreaza entregó la denuncia a la CPI. |
Desde el 2014 los EE.UU han impuesto medidas
coercitivas unilaterales contra Venezuela, con la intención de cambiar el
gobierno venezolano con medidas inconstitucionales y por la fuerza. Sanciones
que según Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot (The Center
for Economic and Policy Research CEPR,
Washington D.C) han ocasionado 40.000 muertes sólo en el periodo 2017-2018 como
consecuencia de las draconianas sanciones aplicadas. Medidas coercitivas como las
sanciones de 2017 las cuales causaron el colapso de la producción petrolera y
la consecuente caída al acceso a las divisas oficiales para la importación
causa de la crisis humanitaria.[1]
Otras fuentes señalan que las pérdidas ascienden a
US$ 40.000 mil millones de dólares. Medidas arbitrarias, según CEPR “sentencias
de muerte”, denunciadas como verdaderas “armas de destrucción masiva en una
nueva modalidad de guerra” como lo calificó el canciller venezolano Jorge
Arreaza.
La flagrante situación de violación al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y a la Carta de las Naciones Unidas no
sólo ha sido el plan de “estrangulamiento” económico realizado contra
Venezuela, Cuba, Irán, y 20 países más considerados miembros del “eje del mal”, sino que las
medidas coercitivas unilaterales fueron siempre el elemento coercitivo del golpe
de estado militar como lo acaecido en Chile contra el gobierno del presidente
Salvador Allende (1973). Las tácticas y estrategias conspirativas han
evolucionado en el tiempo pero en esencia representan lo mismo: las ambiciones
hegemónicas de los EE.UU y aliados como a continuación lo señala Mark Weisbrot entrevistado
por Amy Goodman:
“President
Trump threatening to invade Venezuela, the news just coming out from AP. Mark Weisbrot: “Yes,
well, I mean, they’ve made no secret about their strategy of regime change. And
Marco Rubio is probably the person who’s most in charge of this. And, you know,
he has called for a military coup, and other Trump administration officials.
And this is really unusual. I mean, you can go back to the coup in Chile even
in 1973 and which the U.S. was involved in, and other—many other coups, and
they never said it before it happened that they were in favor of such a thing.
And, of course, the threat of military intervention is illegal under the U.N.
Charter, and it’s completely outrageous”.[2]
Al diversificado y disfrazado rostro de la criminal
medida de estrangulamiento humano contra Venezuela, bloqueo económico,
financiero y comercial, así como la sistemática amenaza de invasión militar, se
agrega la cómplice red de alianzas multilaterales encargadas de legitimar
diplomáticamente las pretensiones de injerencia y control geopolítico de los
EE.UU como la OEA y el Grupo de Lima[3], la conspiración empresarial nacional y
extranjera así como la captación de ONGs religiosas y sociales.
Plataformas apologéticas de los crímenes de lesa
humanidad quienes permanentemente respaldan, con carácter de consigna
conspiratoria multilateral, la destrucción del orden constitucional y Estado de
Derecho venezolano como bien lo gráfica el clamor del mandatario chileño Salvador Piñera uno de los más acérrimos representantes
del unilateralismo hegemónico y gendarmes de la guerra no convencional: “Necesitamos
con urgencia el apoyo del sistema multilateral, especialmente del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, que debe abordar la crisis que afecta a
Venezuela”.[4]
En palabras del abogado y mediador de conflictos
Jordi Palou Loverdos: “Una de las nuevas formas de agresión se presenta
disfrazada de medidas preventivas necesarias a fin de “proteger a las personas
de los dictadores”, “salvar a la humanidad de los ataques masivos nucleares”,
“liberar al pueblo”, “ampliar la libertad, la democracia y los derechos
humanos” u otras expresiones similares; algunas de estas acciones militares se
han desarrollado bajo la aprobación de las Naciones Unidas, y otras sin su
aprobación, bajo el conocido principio del unilateralismo”.[5]
Esta histórica y recurrente violación del Derecho
Internacional pone una vez más en evidencia el nefasto sistema de impunidad
imperante en las altas cúpulas de las organizaciones internacionales. La Carta
de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la
Naturaleza y Pueblos Indígenas, son vejados a cada instante por la imposición
de los poderes defensores del supremacista derecho del libre mercado teniendo
como medios programas económicos,
políticos y militares que albergan en su nefasta naturaleza crímenes de
genocidio y lesa humanidad.
La República Bolivariana de Venezuela tiene claro
que el Estatuto de Roma es el recurso que avala la remisión interpuesta ante la
CPI. Remisión que al ser aprobada en la máxima instancia del Derecho Penal
Internacional sentará el precedente jurídico, y jurisprudencia, por medio del
cual todas las demás naciones podrán adherirse al concierto de la custodia del Estado
de Derecho Internacional de los Pueblos.
El Estatuto de Roma señala los crímenes de lesa
humanidad en su artículo 7 aludido en la remisión: “Se
entenderá por `crimen de lesa humanidad´ cualquiera de los actos siguientes
cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una
población civil y con conocimiento de dicho ataque: a). Asesinato; b) Exterminio: [el cual] comprenderá la
imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del
acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la
destrucción de parte de una población […]”;[6] c). Esclavitud; d).
Deportación o traslado forzoso de población; e). Encarcelación u otra privación
grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho
internacional; f). Tortura; g). Violación, esclavitud sexual, prostitución
forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de
violencia sexual de gravedad comparable; h). Persecución de un grupo o
colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales,
nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género […]; i). Desaparición
forzada de personas; j). El crimen de apartheid; y k). Otros actos inhumanos de
carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten
gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. [7]
Como en todo, la percepción de la
justicia dependerá de la perspectiva. De allí que en nombre de la seguridad
global, libertad del mercado y justicia los EE.UU se permiten minar el planeta
de bases militares, gobiernos aliados e impuestos, corporaciones
empresariales-financieras y redes-agencias informativas como no lo hace país
alguno sobre la faz de la tierra.
Para evitar que a cada minuto surjan
percepciones de la justicia ajustada a sus trasnochados intereses se crearon
normativas internacionales que representan el marco jurídico internacional que
salvaguarda la integridad del Estado del Derecho Internacional ante toda
pretensión de violación y esto lo sabe perfectamente EE.UU y aliados. Pero los
crímenes imputados de lesa humanidad no son por ignorancia de la normatividad
internacional; todo lo contrario. ¡Ellos crearon la normatividad!
Y, a pesar de la unanimidad de 123
países miembros de la CPI, los cuales apuestan por la defensa de la paz global
basada en el respeto al Derecho Internacional, el sentido hegemónico de
“justicia global” planteada por los EE.UU, y aliados, quiere ser impuesta a
como dé lugar a imagen y semejanza de sus sempiternas pretensiones hegemónicas.
Entonces, las denuncias ante la CPI, que
países aliados a los EE.UU realizaron contra Cuba y Venezuela así como las
gansteriles amenazas de sanciones de parte de Washington contra la CPI, son
muestras del punto patológico de no retorno en el cual se han embarcado,
poniendo en peligro por más de 200 años, sin derecho, la existencia de todo ser
vivo por el vano y descabellado capricho de controlar todo cuanto exista fuera
de sus fronteras.
Venezuela lo tiene claro y en palabras
del embajador alterno ante las Naciones Unidas (ONU) Joaquín Pérez Ayestarán se
diseña a la perfección la justa indignación y rechazo de los pueblos:
"Pese a que ningún Estado tiene la autoridad
para aplicar o fomentar el uso de medidas coercitivas unilaterales económicas a
otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos
soberanos, un miembro de esta Organización ha venido imponiendo de manera
creciente, sistemática, arbitraria, ilegal e impune, este tipo de medidas que
tienen conocidas implicaciones extraterritoriales (…) y no conforme con ello,
convoca abiertamente a otros Estados Miembros a violar igualmente la legalidad
internacional y a que se sumen a su ilegal política de medidas coercitivas
contra otros Estados soberanos, con el único propósito de someter a sus
designios de dominación política y económica a las naciones afectadas por estas
prácticas que, para ponerlo en perspectiva, impactan a más de un tercio de la
humanidad (…) debemos ser claros a este respecto: ningún Gobierno tiene
autoridad sobre la soberanía de otros Estados independientes, y la pretensión
de convertir sus leyes nacionales en leyes universales es espuria”.[8]
Este caso sin
precedentes en donde se denuncia a EE.UU por crímenes de lesa humanidad, ante
la CPI, pone el punto sobre las íes en materia de defensa del Estado de Derecho
Internacional. El reiterativo, arbitrario y violento operar de las decisiones
del Estado norteamericano, en cuanto a materia de relaciones internacionales,
tiene que llegar a su fin y está en manos del CPI hacer de la jurisprudencia
internacional, y en específico del respeto a las normas del Derecho Penal
Internacional, el único espacio garante del respeto al Derecho Internacional
humano y a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. ¡De una vez y por
todas!
[1] Prodavinci. Sanciones ¿Causa o consecuencia de la crisis? Por José Ramón
Morales Arilla, 10/05/19. En: https://prodavinci.com/sanciones-causa-o-consecuencia-de-la-crisis/. Revisado:
13/02/20
[2] Democracy Now! Mark
Weisbrot: Trump’s Threats to Invade Venezuela Are Part of U.S. Strategy of
Regime Change. 07/11/18. En: https://www.democracynow.org/2018/7/11/mark_weisbrot_trumps_threats_to_invade. Revisado: 13/02/20
[4]EPMUNDO. ¡Agarra! El mensaje de Piñera a Maduro que lo dejará en jaque. En: https://epmundo.com/2019/agarra-el-mensaje-de-pinera-a-maduro-que-lo-dejara-en-jaque/. Revisado: 13/02/20
[5] Palou Loverdos, Jordi. Justicia internacional, pillaje de guerra,
derechos humanos y
multinacionales. – (Materiales de paz y derechos humanos;
16). Barcelona: Generalitat de Cataluña, p.9, 2010.
[6] El crimen más cercano a la experiencia venezolana aunque
el tipificado en el ítem K cubre perfectamente todos los demás crímenes, según
el canciller venezolano Jorge Arreaza. Resaltado nuestro.
[7]Democracia Participativa. Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional. 04/01/12. En: https://democraciaparticipativa.net/documentos-data-a-referenda/documentos-en-espanol/documentos-sobre-derechos-humanos/4546-estatuto-de-roma-de-la-corte-penal-internacional.html. Revisado: 13/02/20. Corte Penal
Internacional. En: https://www.icc-cpi.int/. Revisado: 13/02/20
[8] Ministerio del Poder Popular para
las Relaciones Exteriores. Venezuela vota
a favor de resolución contra medidas coercitivas unilaterales en reunión de la
Asamblea General de la ONU: Por Joselyn Ariza 21/11/19. En: http://mppre.gob.ve/2019/11/21/venezuela-vota-favor-resolucion-contra-medidas-coercitivas-unilaterales-onu/. Revisado: 13/02/20
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