Después del auge político e incluso del ascenso económico motivado por
altos ingresos y fuertes inversiones públicas, los gobiernos progresistas y de
nueva izquierda enfrentan la arremetida de sus enemigos más poderosos: el alto
empresariado junto a las élites adineradas (burguesías), el imperialismo y los
medios de comunicación identificados con esos intereses.
Juan J.
Paz y Miño C. / El Telégrafo (Ecuador)
Desde 1999, la sucesión de gobiernos progresistas y de nueva izquierda
en América Latina abrió un nuevo ciclo histórico en la región. Desde luego, no
todos tenían similares orientaciones, ni ejecutaron políticas reformistas o
radicales capaces de marcar el rumbo claro hacia una sociedad poscapitalista.
En todo caso, los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en
Ecuador y Hugo Chávez/Nicolás Maduro en Venezuela se colocaron a la vanguardia
de las transformaciones, afirmando Estados nacional-populares y
antiimperialistas, y asumiendo la construcción del “socialismo del siglo XXI”
como alternativa al capitalismo.
En abril de 2002 se produjo un intento de golpe de Estado contra Hugo
Chávez en Venezuela y el 30 de septiembre de 2010 otro en contra de Rafael
Correa. Ambos fracasaron. Pero Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe de
Estado encabezado por la Suprema Corte de Justicia de Honduras (2009), y
Fernando Lugo fue destituido por otro golpe de Estado del legislativo paraguayo
(2012). Sin embargo el triunfo de Mauricio Macri para la presidencia de
Argentina (2015), se ha considerado como una campanada de alerta y hasta el
inicio del “fin” de los gobiernos progresistas latinoamericanos.
La alerta es válida. Después del auge político e incluso del ascenso
económico motivado por altos ingresos y fuertes inversiones públicas, los
gobiernos progresistas y de nueva izquierda enfrentan la arremetida de sus
enemigos más poderosos: el alto empresariado junto a las élites adineradas
(burguesías), el imperialismo y los medios de comunicación identificados con
esos intereses.
El clima para esa restauración conservadora se volvió favorable a partir
de 2013-2014, conforme las dificultades económicas empezaron y en 2015 la
“crisis” se hizo evidente. Los gobiernos citados pudieron mantener su “modelo”
mientras la economía les ofreció capacidad estatal para construir un
capitalismo social (que es, hasta hoy, lo conquistado) y relativa independencia
frente a las fuerzas contrarias y opositoras.
Pero la “crisis” empezó por afectar al Estado promotor económico y
social, de manera que, ante esta situación, comenzó la guerra económica de las
burguesías internas, respaldadas por el imperialismo, a la que se suma la
guerra política de los opositores y la que adicionalmente libran los medios de
comunicación privados en el campo ideológico diario.
El dilema para los gobiernos latinoamericanos citados es, por tanto,
cómo afrontar tan adversa situación sin ceder ante las burguesías, incluso
porque aquellos no han desarrollado ni una teoría ni políticas económicas para
atender la crisis precisamente desde la perspectiva de la nueva izquierda. Puede
comprenderse que se restrinja el gasto público sin descuidar la inversión
social; pero es un suicidio caer en las demandas del sector privado que, como
ha comenzado a experimentarse en Ecuador, empieza a utilizar el boicot, la
restricción de créditos, la paralización de inversiones, etc., como
reproducción de ese tipo de guerra económica ya desatada en Venezuela.
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