Pareciera que la paz en
Colombia será un hecho de tiempos cercanos, sin embargo el proceso llevado
adelante entre el gobierno y las FARC no ha sido replicado -en cuanto a su
desarrollo, conocimiento público y estado
actual- por el que se debe estar realizando en las conversaciones con la otra
fuerza guerrillera actuante en el país: el Ejército de Liberación Nacional
(ELN).
Sergio Rodríguez Gelfenstein / Especial para Con Nuestra
América
Desde Caracas,
Venezuela
Cuando transcurren los últimos días del año 2015, el gobierno de Colombia y
las FARC firmaban en La Habana el cuarto punto de la agenda trazada para la
búsqueda de concretar la paz definitiva
en el país.
En el pasado ya se había suscrito el punto 1 “Política de desarrollo
agrario integral” con cuatro pilares: acceso y uso de la tierra;
establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial;
elaboración de planes nacionales que deberán lograr una reducción radical de la
pobreza y la eliminación de la pobreza extrema y creación de un sistema
especial de seguridad alimentaria y nutricional.
El punto 2 “Participación política” ya aprobado tiene tres pilares: nueva
apertura democrática; mayor participación ciudadana, y la idea fundamental de
que el fin del conflicto debe asegurar que se rompa para siempre el vínculo
entre política y armas.
También concluyó el debate y aceptación del punto 4 “Solución al problema
de las drogas ilícitas”, el cual establece cuatro aspectos: sustitución y
erradicación de los cultivos ilícitos; reconocimiento de que el consumo es
un problema de salud pública que
requiere un tratamiento prioritario; desarrollo de una estrategia integral para
reforzar y ampliar la lucha contra el crimen organizado, el compromiso mutuo de
colaborar en la solución de este problema.
El pasado martes 15 de diciembre se ha acordado en La Habana, el punto 5 de
la agenda relativa a las víctimas del conflicto. Con la presencia de 10 ciudadanos
seleccionados entre 60 que fueron afectados por el conflicto armado y que han
participado en los diálogos, se rubricó este importante aspecto que es
expresión del mayor reclamo de la sociedad colombiana. Está compuesto por cinco
bases: Creación de una Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la
convivencia y la no repetición; designación de una Unidad Especial para
búsqueda de desaparecidos en el marco del conflicto; establecimiento de una
Jurisdicción especial para la paz; aceptación de medidas de reparación integral
para la construcción de la paz, y establecimiento de garantías de no
repetición.
Habiendo llegado a estos acuerdos, están creadas todas las condiciones para
abocarse a la discusión del punto 3 de la agenda referida al fin del conflicto,
en el que se deberá discernir acerca de la dejación de las armas por parte de
las FARC y la restructuración de las fuerzas militares del Estado. Según los
compromisos adquiridos previamente por las partes, este proceso debería ser
concluido en el mes de marzo de 2016.
En esta perspectiva, pareciera que la paz en Colombia será un hecho de
tiempos cercanos, sin embargo el proceso llevado adelante entre el gobierno y
las FARC no ha sido replicado -en cuanto a su desarrollo, conocimiento público y estado actual- por el que se debe estar
realizando en las conversaciones con la otra fuerza guerrillera actuante en el
país: el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El ELN ha puesto de manifiesto su voluntad negociadora en fecha tan lejana
como 1991, durante el gobierno de César Gaviria. Tal opción surgía de la
decisión tomada por su jefatura de optar por el diálogo y participar en las conversaciones que se
desarrollaron ese año en Caracas y en Tlaxcala, México, que fueron continuadas en 1992 en esa ciudad mexicana.
Siendo ésta, la organización guerrillera que desde sus primeros días asumiera
el enfoque más vertical en torno al acogimiento de la lucha armada como vía
para tomar el poder, tal sentencia significó un trascendente cambio en su
manera de mirar la acción política.
Ya en su II Congreso Nacional que se realizó en las postrimerías del año
1989, el ELN había adelantado la alternativa de la negociación política. El
planteamiento central de la organización asumía la necesidad de una combinación
de formas de lucha armada y pacíficas en
las que el protagonismo lo debían tener “las masas” a fin de solucionar los problemas económicos y
sociales que enfrentaban los ciudadanos. En esa medida, el papel del ELN como
organización político militar era poner el énfasis en la realización de un trabajo político que
lo ligara más férreamente al pueblo a fin de coadyuvar a la acción autónoma de
la comunidad. Sin embargo, en ese momento aún conservaba una visión tal, que concebía la negociación como “auxiliar”
de la lucha armada. Las conclusiones del
II Congreso establecían que “… La negociación, la diplomacia es parte de la
guerra, es una continuación de la guerra (…) A la mesa de negociación acudimos
para presentar el proyecto global y las reivindicaciones particulares que
estamos peleando en los campos de batalla”.
Como apunta Jaime Zuluaga Nieto, los aspectos básicos que fijan la posición
del ELN frente a la negociación son: ”a) debe orientarse a erradicar las causas
generadoras del conflicto; b) es indispensable la participación de la sociedad
por medio de sus organizaciones; c) es un medio para dar a conocer los
objetivos de la lucha, por lo que se requiere adelantarla de ´cara al país `, y
d) es un medio para llegar a muchos sectores, entre ellos a la comunidad
internacional”.
Desde ese momento el ELN ha participado en negociaciones o intentos de
ellas con todos los gobiernos colombianos en las últimas dos décadas y media,
incluyendo las 22 rondas de conversaciones que sostuvieran con los
representantes del presidente Álvaro Uribe. Para ello ha recurrido a diferentes
modalidades en la búsqueda de objetivos tácticos y estratégicos según cada
momento y coyuntura. El V Congreso de la
organización realizado en enero de 2015 concluyó en que si “…no son necesarias
las armas, tendríamos la disposición de
considerar si dejamos de usarlas”. Ello ha permitido realizar las
“conversaciones exploratorias” que en número de 6 se han realizado con el
gobierno de Juan Manuel Santos en Quito, capital de Ecuador, siguiendo en lo
básico el modelo de La Habana en las conversaciones entre el gobierno y las
FARC pero adaptadas a sus particularidades.
Aunque es previsible que las negociaciones con el ELN sigan una agenda
similar a la de La Habana, no se pueden obviar tales particularidades y
especificidades del discurso político de esta organización. Tal vez sean ellas
las que, -al menos públicamente- tengan detenido el proceso o lo hayan hecho
infinitamente largo. Lo más difícil en un contencioso como éste, es establecer
el objetivo a lograr que en este caso es el cese del conflicto y acordar la
agenda para ello. Obtener la paz será un proceso mucho más prolongado que
dependerá, del cumplimiento de la agenda aceptada por las partes.
En ese sentido, el gobierno colombiano debería entender que no podrá
replicar de manera exacta la agenda ni las formas que adquirió la negociación
con las FARC en La Habana. Es probable que el ELN plantee como aspectos
incisivos del debate, los de la participación y las transformaciones necesarias
para la paz antes de llegar a discutir el fin del conflicto. Un riesgo que se
podría correr sería el de la suposición de que los acuerdos de La Habana, en
cuanto a los mecanismos, comisiones y estructuras que crea para verificar la
paz, puedan ser aplicados al ELN.
Aunque, después de casi 60 años de guerra, la paz pareciera estar a la “vuelta de la esquina”, todavía deben
resolverse estos aspectos, a fin de hacer que los acuerdos sean irreversibles y
permanentes. Mientras ello no ocurra, es imposible sacar conclusiones
definitivas. Por mucho que se haya avanzado, un proceso inconcluso es una
tentación a favor de la continuidad del conflicto. En cualquier caso debería
prevalecer el lema del Encuentro Nacional por la Paz, realizado en Bogotá los
pasados 22 y 23 de julio de 2015: La paz es ahora.
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