El conflicto en torno a
las administradoras de fondos de pensión (AFP) expresa la disputa por el “uso”
social y económico de una fracción del salario que perciben las y los
trabajadores y que estos destinan para su sobrevivencia al momento de dejar de
ser fuerza de trabajo activa.
Juan Carlos Gómez Leyton* / Especial para Con Nuestra
América
Desde Santiago de Chile
“La lucha [anticapitalista] no es producto de la militancia que
viene del exterior, por fuera de la dominación, sino que, por el contrario, se
inscribe en la relación de la dominación misma y es inherente a nuestra
experiencia cotidiana”.
John Holloway, Contra el Dinero, 2015, p.79.
“Los pies de las y
los trabajadores asalariados permanecen sumergidos en el lodo de la explotación
incluso cuando (su cabeza respira) en nubes
ideológicas burguesas”.
Richard Gunn, Notas sobre Clase, 1987
Otra grieta en el muro de la dominación neoliberal
Desde el 24J del año en
curso, el conflicto social y la discusión política e ideológica sobre el
sistema de pensiones está instalada en la sociedad neoliberal chilena. De la
misma forma como en el año 2011, cuando los estudiantes secundarios y
universitarios, desbordaron las calles de las distintas ciudades del país,
exigiendo el fin del lucro en el mercado de la educación y demandado la
reposición del derecho social a una educación gratuita y de calidad. La masiva
salida a la calle de las y los trabajadores expresó, en una poderosa
manifestación social y política de carácter transversal, el “rechazo” al actual
sistema de Previsión Social de Capitalización Individual (PSCI) administrado
por el capital privado a través de las AFP. Sistema impuesto durante la
dictadura cívico-militar en 1980 y mantenido, consolidado y extendido como
tantas otras cosas, por los gobiernos concertacionistas.
Según los datos
proporcionados por la encuesta CADEM, un 87% de la ciudadanía considera que es
necesario y urgente realizar cambios al sistema e incluso muchos solicitan su
reemplazo integral. Igual porcentaje de adhesión concitó la demanda estudiantil
durante el año 2011. No obstante, a
cinco años de la “rebelión juvenil, estudiantil y ciudadana” la disputa social
y política por la continuidad de la estructura mercantil en la educación, se mantiene
activa y vigente. Fundamentalmente, porque las reformas propuestas por el
gobierno de la presidenta M. Bachelet y de la Nueva Mayoría, actores políticos
que se apropiaron de la demanda estudiantil, se encaminan por una senda que, en
vez, de modificar la estructura de mercado, solo la ajusta y corrige las fallas
de mercado con el objeto de que este siga funcionando óptimamente. De esa
forma, el gobierno de la Nueva Mayoría, hace posible la continuidad de un
mercado de la educación corregido. El cual será financiado por el erario
público y con la supervisión y el cuidado del Estado neoliberal. Renunciando
política y socialmente, a re-instalar el derecho social a la educación.
De esa forma el Estado
neoliberal, sin abandonar su rol subsidiario, está estableciendo nuevas reglas
y normas (practicando un activo y remozado neo-institucionalismo “racional
choice”) y asumiendo nuevos roles con el objeto de asegurar la reproductividad
integral, no solo del mercado de la educación, sino del capitalismo neoliberal.
La imposición política
de la reforma educativa propiciada por el gobierno de la Nueva Mayoría, implica
que el movimiento estudiantil secundario y universitario como la ciudadanía
movilizada habrán sido políticamente derrotados por el poder del capital.
Obviamente que algunos “triunfos” o “logros”, el movimiento estudiantil, habrá
obtenido y, por cierto, un número específico y reducido de ciudadanos,
considerados “vulnerables”, gozarán de la focalizada gratuidad educacional,
establecida por el gobierno. Mientras que el resto de la ciudadanía seguirán
inmersos en la ajustada estructura mercantil educativa. La educación no dejara
de ser un “bien de consumo” de libre disposición mercantil. Y, el derecho a la
educación solo será un “discursivo vació”, pues este ha sido negado a la
ciudadanía.
En definitiva, la
opción del gobierno de la Nueva Mayoría apunta a la mantención y continuidad de
uno de los tres pilares del patrón de acumulación capitalista en su forma
neoliberal. Con esta estrategia política, el gobierno de la presidenta
Bachelet, intenta cerrar la grieta que la rebelión ciudadana abrió, en el año
2011, en la estructura de poder de la dominación y hegemonía neoliberal.[i]
La movilización social
y política ciudadana del pasado 24J protagonizada, fundamentalmente, por
trabajadores activos y pasivos y sus familias, abrió una nueva grieta a
estructura de poder de la dominación y hegemonía neoliberal. Una gran grieta
que pone en cuestión, tal vez, al más importante y central de todos los pilares
que sostienen el patrón de acumulación capitalista neoliberal: el ahorro
previsional de la clase trabajadora.
El rechazo de millones
de trabajadores al funcionamiento del SPCI ha generado una nueva conflictividad
política y social en la convulsionada sociedad neoliberal, activando y
visibilizando, el permanente conflicto entre el trabajo y capital, en otras
palabras, la lucha de clases.
El “regreso” de la lucha clase a la sociedad neoliberal
En efecto, la demanda “No + AFP” expresa y manifiesta
categóricamente un conflicto político y social entre el trabajo y el capital.
Ya, no se trata de ciudadanos neoliberales o clientes descontentos con el
funcionamiento de un especifico mercado como es el caso, por ejemplo, del
mercado de la educación. El conflicto en torno a las AFP expresa la disputa por
el “uso” social y económico de una fracción del salario que perciben las y los
trabajadores y que estos destinan para su sobrevivencia al momento de dejar de
ser fuerza de trabajo activa.
Durante tres décadas y
media (35 años, 1981-2016) el capital nacional como internacional,
especialmente, el financiero y mercantil, ha administrado, utilizado e
invertido esa fracción del salario de las y los trabajadores (10%) en función
de sus intereses políticos, sociales y económicos; pero, por, sobre todo, para
la reproducción ampliada del capitalismo neoliberal. La función social y
económica de esa fracción del salario de la clase trabajadora -al igual que la
plusvalía que generan- está políticamente determinada por el capital.
Apropiarse coercitivamente de ella es la base del patrón de acumulación del
capitalismo neoliberal.
Por eso, el ahorro
previsional (10% de su salario) de las y los trabajadores constituye uno de los
factores claves que explica tanto el “éxito” del capitalismo neoliberal
chileno, su estabilidad y su altísima rentabilidad como también su
concentración y expansión externa. Sin embargo, los resultados sociales y
económicos para la clase trabajadora, tanto activos como pasivos, han sido
paupérrimos.
Esos resultados
paupérrimos se expresan, por un lado, en bajos salarios, en empleos precarios,
flexibles, y descontinuos en el tiempo, en constantes entradas y salidas del
mercado laboral, en endeudamiento permanente, etcétera. Y, por otro lado, luego
de 30 o 35 años de formar parte de la fuerza de trabajo activa, las y los y
trabajadores que pasan a “retiro” perciben, producto de las condiciones del
mercado laboral señaladas anteriormente, pensiones miserables. La cuales con
dificultad les permiten sobrevivir.
Conscientes de esa
situación las y los trabajadores activos y pasivos han iniciado, como quedo
manifestado el 24J, un masivo proceso de movilización social y política, cuyo
objetivo central es poner fin al actual SPCI y a su administración a través de
las AFP.
Esto implica entrar a
disputarle al capital financiero y especulativo nacional e internacional, el
control y uso de los fondos de pensiones, o sea, del 10% del salario que
mensualmente cerca de 11 millones de trabajadores coercitivamente depositan en
alguna de las seis AFP existentes.
La demanda “NO + AFP” que la clase trabajadora
planteo y lanzo al ruedo político de la sociedad neoliberal, el 24J; ratificada
consistentemente el 10 de agosto pasado con un masivo y ruidoso “caceroleo” ha
estremecido de la dominación neoliberal, profundizando, como he dicho, la
grieta abierta el 24J.
Por primera vez, en
poco más de 40 años de irrestricta dominación y hegemonía del capital
neoliberal, la clase trabajadora, se
ha manifestado contundentemente en contra del capital. Si bien, en la movilización
social nacional del 24J en contra del SPCI convergieron otros “malestares” que
la ciudadanía posee en contra de la democracia neoliberal, de la clase
política, del gobierno y de su impopular presidenta, la masiva salida a la
calle de la clase trabajadora y sus familias, confronta política y socialmente,
directamente, al capital.
Por esa razón,
consideramos que esa manifestación como conflictividad política y social
constituida, posee una envergadura, una extensión y una profundidad
radicalmente distinta a la expresada y visibilizada por el conflicto juvenil y
estudiantil del ciclo de protestas 2006-2011. La conflictividad abierta por la
demanda de la clase trabajadora, dada sus características estructurales,
compromete la existencia tanto presente y futura del capitalismo neoliberal. De
allí, su trascendencia y potencia política, social e histórica.
Como toda sociedad
capitalista, la neoliberal es una sociedad dividida y estructurada en clases
sociales. Específicamente, en dos grandes clases, aspecto sociológico que en
los últimos 43 años se ha olvidado o se ha intentado negar o borrar teórica,
política e históricamente. Como una forma de negar la conflictividad entre
ellas, o sea, de negar la lucha de clases. No obstante, el conflicto abierto
por las pensiones, pone en evidencia, la existencia, por un lado, de la clase
trabajadora “activa y pasiva” y, por otro, la clase burguesa, o sea, los dueños
y controladores económicos, políticos y sociales del “capital”. Y, por ende, de
la lucha de clases, entre el capital y el trabajo. Por ello es tan equivoco
tratar de presentar a la sociedad neoliberal como una sociedad dividida entre
“personas activas y pasivas”, como negar que esa división existe.[ii]
Es, justamente, la
división clasista lo que explica que en los días posteriores al 24J, los
distintos actores sociales, económicos y políticos nacionales, al reaccionar
ante dicho acontecimiento, se fueran alineando en torno a uno u otro sector en
conflicto. Unos en apoyo y defensa del capital y los otros, en apoyo y defensa
de las posiciones asumida por la clase trabajadora.
El capital a través de
un ejército de comunicadores sociales, periodistas, publicistas, intelectuales
orgánicos y miembros de la clase política tanto de los partidos del orden como
algunos de la Nueva Mayoría, han iniciado toda una ofensiva comunicacional para
defender, avalar y justificar el SPCI.
Dentro de este grupo de
defensores del capital neoliberal habría que alinear y situar los
planteamientos programáticos realizados por la presidenta M. Bachelet, el
martes 9 de agosto. Los principios anunciados por la presidenta de ninguna
manera buscan romper o quebrar o alterar la estructura interna del
funcionamiento del SPCI. Todo lo contrario, como ha sido el sello del gobierno
de la Nueva Mayoría, siguiendo la senda política establecida por los gobiernos
concertacionistas (1990-2010), busca “cambiar sin transformar”. O sea, como
señalo Moulian, hace dos décadas, el “transformismo”.[iii]
Por su parte, las y los
trabajadores, a través de un conjunto heterogéneo y plural de comunicadores,
cientistas sociales, intelectuales orgánicos, representantes sociales y
sindicales, organizaciones sindicales, sociales y gremiales de todo orden,
periodistas y militantes y activistas políticos, han desplegado una ofensiva
comunicacional con el objetivo de interiorizar a la ciudadanía de lo negativo
que ha sido para las y los trabajadores el sistema PSCI. Promoviendo, la
urgente necesidad de impulsar su transformación radical. La estrategia combina
lo comunicacional con la activa movilización social callejera.
La batalla comunicacional
Hasta ahora, la lucha
política y social, ha sido esencialmente comunicacional y argumental. En donde,
la correlación de fuerzas tiende a favorecer al capital. Dado el control que
este tiene de los principales medios de comunicación, especialmente, de la
televisión y de la prensa escrita y radial. A través de esos medios, ha
difundido ampliamente la defensa tanto del SPCI como el rol de las AFP. Al
mismo tiempo que se “demoniza” las alternativas que se presentan y defienden
los sectores afines a los trabajadores. Especialmente, se condena el sistema
previsional solidario y de reparto.
La propia jefa de
Estado, Michelle Bachelet, descartó de plano la instauración de ese sistema. En
su opinión coincidente con los planteos manifestados por los defensores del
SPCI y de las AFP, sostuvo: “Lo que queda
clara es que nunca más vamos a poder volver a un sistema como el de reparto”,
las razones o factores que lo impiden, según ella, son de carácter demográfico,
fundamentalmente, dos, por un lado, la “natalidad”,
esta va disminuyendo y, por otro, los hombres y mujeres del siglo XXI, están “viviendo más años”. Por lo tanto, “el activo de trabajadores que va ir
generando los ingresos será menor que los pasivos”. En otras palabras, en
el futuro cercano, la clase trabajadora pasiva será mayor que la clase
trabajadora activa.
Esa inversión
demográfica-vital se ha transformado en la clave explicativa de los que
defienden el actual SPCI para justificar su continuidad en el tiempo como
también la necesidad existente de hacerles cambios que de ninguna manera toquen
o alteren la lógica operacional del sistema. El mejoramiento de las pensiones
pasa por aumentar el porcentaje de salario que la clase trabajadora destina al
ahorro previsional o a extender la edad laboral activa, especialmente, de las
mujeres, entre otras decisiones que debieran ser adoptadas para mejorar las
pensiones sin tocar el SPCI.
Así la campaña
comunicacional del capital ha ido instalando distintos argumentos que reconocen
puntos sensibles del problema. Pero, al mismo tiempo, asumen una postura
crítica tanto de la propuesta realizada por el Gobierno y, sobre todo, de la
clase trabajadora.
Está, por su parte,
utilizando principalmente las redes sociales y los medios de comunicación
alternativos en un flujo constante de información proporciona los argumentos
que sostienen tanto la crítica y la demanda del movimiento “NO + AFP”.
Por ejemplo, la Coordinadora Nacional de trabajadores No + AFP,
difundió a través de las redes sociales su posición ante los anuncios de la
Presidenta Bachelet. Si bien, parte reconociendo que varias de las medidas
anunciadas responden a demandas formuladas por la clase trabajadora. La
insistencia gubernamental de establecer una AFP Estatal, confirma “que no existe voluntad por avanzar hacia un
sistema público de pensiones”. Para la Coordinadora “la demanda por un Sistema de Seguridad Social, fundado en los
principios de solidaridad”, constituye la principal demanda. Por esa razón,
lamenta que la presidenta “haya
desaprovechado esta oportunidad para responder al clamor de la mayoría de los
chilenos que pide acabar con las AFP”. No resulta coherente, en su opinión,
pretender cambios estructurales de un sistema si la administración de los
ahorros previsionales “continuarán bajo
la administración privada que dispone (de esos recursos) para el financiamiento
de los grupos económicos en desmedro de los trabajadores y la sociedad”.[iv]
En términos generales,
al igual que durante el conflicto estudiantil, en el año 2011, la ciudadanía
apoya masivamente la demanda que cuestiona la forma como funciona y, sobre
todo, los resultados que arroja el PSCI. Muchos quieren cambiar el sistema. Sin
embargo, no todos los participantes de la movilización social “No + AFP” tiene
clara la alternativa con la cual se quiere sustituirla. Lo más probable que con
el correr del tiempo, el movimiento “No + AFP” termine fragmentado. Y, sus
distintas fracciones sociales alineándose en alguna de tres posibles
alternativas: ajustarlo, reformarlo o sustituirlo. Tal como ocurrió con el
movimiento estudiantil de 2011. Este se fragmento en entre aquellos que optaron
por la alternativa de ajustar el mercado de la educación, aquellos que buscaban
una reforma estructural más sustantiva y otros que procuraban su sustitución
total. Como se sabe, se impuso la primera. Esta es una lección política que los
actuales ciudadanos movilizados debieran tener presente. Si, la demanda del 24J
fue por el fin del sistema, esa demanda no puede ser tranzada por algo menor
como podría ser una reforma de orientación capitalista neoliberal como es la
propuesta de los actores vinculados directamente a la industria de las AFP; o,
de un ajuste neoliberal como la propiciada por el gobierno de Bachelet, cuyo
eje central es la creación de una AFP estatal. El movimiento social “No + AFP”
manifestó, en su primer acto público masivo, su total rechazo al sistema y su
claro objetivo por sustituirlo, por un sistema solidario y de reparto. Ese es
el mandato ciudadano.
Con todo, la nueva
problemática social y política ya está instalada y la vieja lucha entre el
capital y el trabajo, la “vieja” y “vilipendiada” lucha de clases, que muchos
teóricos posmodernos, dieron por muerta y enterrada, agita y remece a toda la
formación social neoliberal.
La potencia anticapitalista de la demanda: “No + AFP”
El gobierno de la Nueva
Mayoría lo sabe y le aterra. Por esa razón, la presidenta Bachelet, en su
mensaje del martes 9 de agosto, hizo un llamado a la unidad y a la generosidad
de todos los actores involucrados en el conflicto con el objeto de establecer
un “gran pacto nacional”. Pues, en su
opinión “este desafío nos necesita a todos, como Presidenta buscaré y promoveré
con todas mis fuerzas un entendimiento. Iniciaré a la brevedad las
conversaciones con trabajadores, empresarios, académicos, representantes del
mundo social y del mundo político, de Gobierno y oposición, de manera de lograr
una propuesta con amplio acuerdo. Espero de todos y todas, la generosidad que
requiere construir el bien común. Chile es de todos, debe ser una comunidad
para todos”.[v]
Este llamado a la
unidad, a la constitución de un “gran pacto nacional” es el típico recurso
político discursivo de carácter emocional que utilizan las elites en el poder y
de poder, cuando la conflictividad política y social al interior de la sociedad
capitalista podría comprometer se
apela a las subjetividades de los sujetos como de los actores sociales
involucrados directamente en el conflicto social y político con el objetivo
fundamental de dominar, disminuir, la potencia política que tiene el conflicto.
En otras palabras, el gobierno y su discurso de “unidad nacional” busca
desconocer la existencia de la lucha de clases, de la irreductibilidad del
conflicto entre el capital y el trabajo. Con un discurso de siete minutos la
Presidenta, el gobierno de la Nueva Mayoría, busca apropiarse de la demanda de
la clase trabajadora en contra del capital. Su estrategia apunta a arrebatarle
el protagonismo político a los dirigentes del movimiento. Situarlo en un
segundo o tercer plano, pues los medios de comunicación asumen que la propuesta
del Gobierno es la que interpreta al movimiento No + AFP, lo cual es equivoco.
Si bien, la propuesta
gubernamental genera ciertas resistencias entre los gremios y asociaciones
empresariales vinculadas a la industria de las AFP, ella no constituye una
propuesta de reforma estructural que pueda comprometer la estabilidad y la
continuidad del capitalismo en su forma neoliberal. En cierta forma, la
propuesta presidencial se levanta como un dique de contención que busca frenar
y obstaculizar la demanda radical del movimiento NO + AFP y de la clase
trabajadora.
El conflicto político
abierto por la clase trabajadora al cuestionar el sistema de pensiones, tiene
una potencia política e histórica que podrían generar cambios históricos
insospechados por los propios organizadores y convocantes de la movilización
del 24J. Pues, él expresa el poder del
trabajo ante el poder del capital. Allí está la clave y la potencia
política de su presencia.
Durante 43 años de
hegemonía neoliberal (1973-2016) se ha hecho “creer” a la ciudadanía, en
general, y a la clase trabajadora, en particular, que el trabajo es él que depende del capital. Y, no al revés. En esa
falsa inversión teórica, política e histórica que oculta lo que está en el
centro de las relaciones sociales de producción capitalistas: la dependencia
del capital al trabajo. En contra de todas las apariencias, el capital depende totalmente
del trabajo para su existencia y para su reproducción.[vi]
Es, un hecho histórico, social y político, que el capital depende de la
subordinación del trabajo. De allí la lucha política e histórica permanente del
capital por someter al trabajo. El núcleo duro, durante las cuatro décadas de
la dominación neoliberal en Chile, ha sido, justamente, la protección y defensa
de la clase dominante (quienes tienen el control directo o indirecto del
capital) ante la ingénita insubordinación del trabajo.
Cualquiera
manifestación de insubordinación del trabajo, puede producir serias
alteraciones al orden capitalista existente. La poderosa insubordinación
trabadora de los años sesenta y setenta había desembocado en la crisis orgánica
de la sociedad capitalista nacional (1967-1973). La respuesta del capital fue
violenta y radical. Ello explica que en las últimas décadas el capital,
primero, a través de la dictadura militar, disciplinara militarmente a la
insubordinada clase trabajadora y popular y, en segundo lugar, contuviera y
redujera su poder social con la imposición de una represiva legislación
laboral.
El disciplinamiento,
control y sometimiento del poder del trabajo por parte del capital, continuó y
se extendió a lo largo de la democracia pos-autoritaria (1990-2016). Ello
explica, por ejemplo, que la nueva clase trabajadora que se conformó y emergió
al interior de la sociedad neoliberal, tuviera serias limitaciones para
manifestar y hacer sentir su poder social. Lo cual, por cierto, no significa
que la clase como la lucha de clases hayan desaparecido en la sociedad
capitalista neoliberal como sostienen y afirman diferentes cientistas sociales
vinculados al pensamiento posmoderno, posmarxistas, posestructuralistas,
etcétera. Todo lo contrario.
Obviamente, la nueva
clase trabajadora en el capitalismo neoliberal es radicalmente diferente a la
constituida durante el patrón de acumulación industrial. No obstante, las
notarías y efectivas diferencias que podríamos identificar entre una y otra,
debemos aclarar que lo que permanece es su potencia social e histórica, por
ende, política, dada su condición de clase. Pues, ésta, la clase, es la propia relación (por ejemplo, la
relación capital-trabajo) y, de manera más específica una relación de lucha. En otras palabras, explica Gunn, lo anterior no
quiere decir que las clases, como entidades sociales preestablecidas, entren en
lucha. Más bien, la lucha de clases es la premisa fundamental de la clase. Aún
mejor: la lucha de clases es la propia clase, o sea, la lucha de clases es
intrínseca a la clase.[vii]
En consecuencia, ni la
clase trabajadora, ni su lucha, han dejado de estar presente en la sociedad
neoliberal. Su negación por parte de los sectores dominantes y de sus
intelectuales orgánicos es la manifestación misma de su existencia. Nuestra
posición que asume las premisas del marxismo crítico, considera que la relación
de clases (digamos, la relación capital-trabajo) estructura la vida de diversos
individuos (hombres y mujeres) de manera diferente. Esto significa que al
interior de la sociedad capitalista las diferencias que existen entre los modos
en que la relación capital-trabajo estructura la vida de los individuos son
tanto cualitativas como cuantitativas. Este reconocimiento, implica que es un
absurdo y teóricamente inútil buscar la existencia del trabajador puro o de la
clase trabajadora pura. Cabe señalar que el propio Marx, lo descartó. La
existencia del “trabajador” está dada por su condición de productor de
plusvalía. Todo individuo (hombre o mujer) asalariado, es decir, el que percibe
un salario por realizar cierta cantidad de trabajo, vive, por lo general, una
vida escindida en y en contra de sí misma. Pues, la relación salarial es una
forma burguesa y engañosa. Tal como dice uno de nuestros epígrafes, aunque los
pies de los individuos permanecen inmersos ya sea en la explotación o
participando como “ciudadanos credicard” (Moulian, 1997) en los distintos
mercados que ofrece la sociedad neoliberal, sea un “ciudadano consumidor-
usuario o patrimonial” (Gómez Leyton, 2007)[viii],
aun cuando su cabeza y su existencia se desenvuelvan en las nubes ideológicas
de la sociedad neoliberal, la línea de la lucha de clases seguirá recorriendo
su existencia en cuanto productores directo de la plusvalía. La ciudadanía
neoliberal es ante de todo “clase” trabajadora asalariada. En la sociedad
neoliberal alcanza al 74% de la población activa económicamente.[ix]
La lucha entre el
capital y el trabajo, o sea, la lucha de clases, es su forma neoliberal tiene
directa relación no con el proceso de producción directa sino más bien con las
formas de acumulación del capital. La disputa política no es solo por la
plusvalía generada por las y los trabajadores en el proceso de trabajo sino
también por apropiarse y administrar un porcentaje especifico del salario que
perciben. En ese sentido las y los trabajadores en la forma capitalista
neoliberal son doblemente expoliados y explotados.
Esta lucha la que cobra
hoy una especial visibilidad. La
ofensiva actual de la clase trabajadora tanto activa como pasiva manifestándose
en contra del capital financiero y mercantil que maneja de manera especulativa
sus fondos previsionales, representa y expresa, sin lugar a dudas, una rebeldía
y una insubordinación del trabajo. Una manifiesta expresión del poder del
trabajo.
En esa expresión se
encuentra la potencia política del conflicto abierto por la clase trabajadora.
Esa potencia está dada por la forma como fue operacionalizado, el sistema PSCI.
El sistema PSCI entrega
y otorga, al contrario de lo que se podría pensar, un inmenso y extraordinario
poder, hasta ahora inexplorado ni explotado social y políticamente, a la clase
trabajadora. A pesar de que el sistema
PSCI fue ideado por los intelectuales orgánicos del capital como de la
dictadura cívico militar, donde descolló el economista José Piñera entre otros,
para favorecer directamente los intereses del capital nacional como
internacional en contra de la clase trabajadora, al cabo de 35 años de
funcionamiento, el poder, paradojalmente, lo detenta, aunque hasta ahora,
virtualmente, la clase trabajadora activa.
El poder del trabajo al
cual nos estamos refiriendo no tiene la misma relación con el poder al que hace
alusión el periodista de CIPER Daniel Matamala.[x] Este siguiendo y asumiendo una perspectiva economicista
e individualista propia de la cosmovisión neoliberal predominante. La base del
poder, según Matamala es el dinero. Dice “el dinero es poder”. Por cierto, que
ello es así. Pero, de acuerdo a lo expuesto más arriba la forma, el poder de la
clase trabajadora no está en la cantidad de dinero que las y los trabajadores
de manera individual o colectiva poseen o pueden disponer sino en el producir y
generar plusvalía.
Matamala, con un
sentido retorico, busca asimilar, el poder de los principales grupos económicos
del país con el supuesto poder de las y los trabajadores. Para esos efectos,
crea la ficción de que estos serían los dueños de los 171.089 millones de
dólares que están depositados en las seis AFP. En verdad, las y los
trabajadores considerados como sujetos individuales solo serían
proporcionalmente dueños tan solo de unos 16.000 dólares. Considerando, un
dólar a 650,00 pesos; cada trabajador de manera individual sería teóricamente
dueño/propietario de unos 10 millones pesos. Frente a fortunas familiares
(Luksic, Matte, Paulmann o Piñera) que superan los 2.000 millones de dólares.
Las y los trabajadores, este supuesto “trabajador-propietario”, carece de todo
poder. Los 16.000 dólares no le sirven de ninguna manera para influir como si
lo hacen esas grandes fortunas. Tampoco es correcto sostener como lo hace
Matamala que las y los chilenos (trabajadores) individualmente sean “dueños de
buena parte de megaempresas como Cencosud, Colbún, Endesa, Enersis o CMPC”. Lo
sostenido por Matamala no pasa de ser una ficción.
El poder de clase, o
sea, colectivo y no individual, no está en la cantidad de dinero que las y los
trabajadores logran capitalizar a lo largo del tiempo sino en la de ser
productores directos (1) de plusvalía y (2) del ahorro previsional, el 10% de
su salario mensual, que es apropiado por el capital. Este, el capital
financiero y mercantil, depende de ambos factores. La suspensión de esa
producción por parte de los trabajadores y no la participación de ellos en los
directorios de las AFP desencadena la crisis no solo SPCI sino de todo el
sistema capitalista neoliberal.
Esa es la potencia
política e histórica anticapitalista de la demanda NO + AFP.
Santiago Centro, agosto 2016
*Dr. en Ciencia Política, Investigador Asociado FLACSO-Chile
[i] He analizado esta
“grieta” a la dominación y a la hegemonía neoliberal en Juan Carlos Gómez
Leyton: Agrietando al Capitalismo
Neoliberal: la rebelión juvenil, estudiantil y ciudadana de 2011. Santiago
de Chile, 2015.
[ii] Hago alusión a la
equivocada columna de opinión de Ignacio Moya Arriagada: Crisis de la AFP: un país divido entre personas activas y pasivas, en
www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/08/12/
consultado el 13/08/2016.
[iii] Cfr. Tomás Moulian: El Chile Actual. Anotomía de un mito.
ARCIS/LOM, Santiago de Chile, 1997.
[iv] Declaración Pública
de Coordinadora Nacional de Trabajadores NO+AFP: Ante los anuncios de la
presidenta Bachelet, en http://g80.cl/noticias/noticiascompleta.php?varbajada=22028
consultado 15/08/2016.
[vi] Seguimos aquí los
planteos formulados por John Holloway, Marxismo,
Estado y Capital. Fichas Temáticas de Cuadernos del Sur, Buenos Aires,
1994. Pág. 159 y ss.
[vii] Richard Gunn, Notas sobre clase, en John Holloway,
Clase = Lucha. Antagonismo social y marxismo crítico, Ediciones
Herramientas/Universidad Autónoma de Puebla, Buenos Aires, 2004. Págs.19-31.
[viii] Juan Carlos Gómez
Leyton, Política, democracia y
ciudadanía en una sociedad neoliberal (Chile:1990-2010) Editorial
ARCIS-CLACSO, Santiago de Chile, 2010.
[ix] Franck Gaudichaud, Las fisuras de neoliberalismo chileno.
Trabajo, crisis de la “democracia tutelada” y conflicto de clases. Quimantú/Tiempo
Robado Editoras, Santiago de Chile, 2015, págs. 53 y ss.
[x] Daniel Matamala, AFP, el poder impotente, en http://ciperchile/2016/07/26/afp-el-poder-impotente
consultado 09/08$2016
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