El Estado actual no
garantiza el bien común y no acciona en beneficio de las grandes mayorías. Por
el contrario, constituye uno de los nudos problemáticos que impiden la solución
de los problemas históricos y estructurales de Guatemala. En este marco, el
llamado sistema de partidos políticos, siendo parte del engranaje que reproduce
este Estado, conforma, asimismo, uno de los problemas fundamentales a
enfrentar.
Mario Sosa / Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad de
Guatemala
Pregúntese usted, amiga
lectora, amigo lector: ¿algún partido está buscando solución coherente a los
problemas fundamentales que nos aquejan como país? Seguro usted tiene su propia
respuesta. La mía es que, aun con sus matices, que podrían argumentarse en el
caso de los partidos de izquierda, ningún partido político está aportando
soluciones coherentes.
Es indudable que los
partidos políticos no cumplen con las funciones que les han sido asignadas por
la teoría funcionalista. No intermedian ni agregan y tampoco representan a los
distintos grupos, intereses y visiones presentes en la sociedad guatemalteca.
Por ejemplo, no representan a la clase trabajadora, a los pueblos indígenas, al
campesinado, a las mujeres o a la juventud, solo por mencionar algunos de los
sujetos que integran las grandes mayorías.
Como parte del régimen
político, los partidos intervienen en el ritual electoral, a través del cual
supuestamente los ciudadanos elegimos a quienes ejercerán la dirección del
Organismo Ejecutivo y la emisión de leyes e indirectamente a quienes integrarán
las cortes del sistema de justicia. Son, asimismo, los órganos encargados de
gestionar y dirigir las políticas públicas cuando logran acceder a cuotas
importantes de la administración gubernamental. Formalmente, entonces, cumplen
apenas con estas dos funciones que les competen.
En contraste con los
planteamientos funcionalistas, en el caso de Guatemala los partidos políticos
constituyen instrumentos que reproducen el régimen económico, social y político
imperante. En general intermedian, agregan y representan los intereses de sus
dueños, de quienes los financian y controlan, en un contexto en el cual los
partidos con pretensiones de representar intereses mayoritarios son incapaces
de hacerlo.
Así las cosas, dichas
instituciones son controladas o dirigidas por élites que pertenecen o proceden
de la clase económicamente dominante (del capital o de la burguesía local),
articulada con el capital transnacional y con mafias de distinto tipo, como
evidencia el caso Cooptación del Estado. Asimismo, son manejadas por élites de
extracción militar, de la mafia o de grupos de burguesía emergente, que, en
busca de beneficiarse a sí mismas, tienden a representar los intereses
fundamentales del capital local y del transnacional.
Siendo esta la
orientación fundamental de los partidos políticos, estos tienden a reproducir
el modelo de acumulación de capital que a su vez reproduce la miseria, la
marginación y la exclusión social. Esto explica que el Congreso de la
República, en general, apruebe leyes que beneficien los intereses antes
descritos mientras se implementan distinto tipo de argucias para oponerse a
leyes que cuestionan dicho modelo de acumulación de capital y buscan el
beneficio de sectores históricamente dominados y excluidos. Así ha sucedido con
la aprobación de leyes y políticas para garantizar privilegios fiscales y
mantener una carga impositiva de carácter regresivo (donde pagan más quienes
menos tienen) y con la oposición y el veto a la iniciativa 40-84, ley del
sistema de desarrollo rural integral.
Los partidos políticos
también se orientan a reproducir el régimen político. En específico, ese
régimen que les permite reproducirse y beneficiarse del papel que cumplen como
herramientas intermediarias del capital, de las mafias y de élites parasitarias
del Estado. Por ello se oponen a demandas y propuestas de reforma política que
tiendan a disminuir su importancia como engranajes de tales intereses. Por
tales razones son contrarios a garantizar la representación de los pueblos, de
las clases sociales y de los sectores mayoritarios en los distintos organismos
del Estado. Esto se comprueba con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos
Políticos aprobadas recientemente, las cuales han sido absolutamente
insuficientes.
Más allá de lo
anterior, como quedó demostrado con especial énfasis y contundencia en el
período gubernamental y en el proceso electoral anteriores, los partidos
políticos han sido organizaciones para delinquir, como sucedió, por ejemplo,
con los partidos Patriota y Líder. Asimismo, han sido instituciones protectoras
y guaridas de políticos tránsfugas y corruptos. También operaron para elegir un
gobierno nacional y unos gobiernos locales incapaces, reproductores y
facilitadores del modelo de acumulación de capital y del régimen político.
Los partidos políticos
han sido instituciones protagonistas o comparsas de un fraude electoral que,
sin violentar el voto emitido por ciudadanos incautos, ignorantes o cómplices,
configuró económica, política y mediáticamente la elección de 2015. Esto se evidencia
a) en la elección legal pero fraudulenta de la Corte de Constitucionalidad, de
la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral, ya que en estos
hechos intervinieron el partido del crimen organizado —el llamado Partido
Patriota—, partidos políticos con presencia en el Congreso de la República,
grupos corporativos y organizaciones mafiosas; b) en el financiamiento ilícito
de las principales campañas, procedente de grupos corporativos, de empresas
transnacionales y locales, de organizaciones criminales y de políticos
interesados en continuar el saqueo del Estado y el despojo de los recursos
estratégicos del país; y c) en la activación de los principales medios de
difusión masiva, televisivos, radiales y escritos, que, actuando como parte interesada
en acumular más riquezas y control político, procedieron a la manipulación de
la ciudadanía para beneficiar a los ganadores o principales contendientes.
Esto nos lleva a
concluir que los partidos políticos son parte del engranaje institucional reproductor
de este Estado. Son los intermediarios o guardianes de los intereses del
capital, de las mafias y de una mal llamada clase política que en complicidad
constituyen los grandes obstáculos que impiden la más leve reforma
modernizadora. Es por ello que se afirma que el sistema de partidos políticos
no constituye un factor de cambio en el país. Todo lo contrario, es uno de los
problemas estructurales que requiere solución de raíz.
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