Lo deseable es que un
Estado administre justicia de manera soberana. Pero cuando esto no sucede, la
ciudadanía desconfía plenamente de dicho Estado y busca alternativas. Esto es
lo que acontece en México.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
Los acontecimientos políticos en Guatemala durante 2015, provocados por las revelaciones que hiciera
la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), han tenido
repercusiones insospechadas. El pueblo de Guatemala, especialmente los sectores
urbanos, dio una imagen de combatividad
y conciencia política que acaso no corresponda exactamente a la realidad. No
obstante, el hecho cierto es que la develación de la organización criminal encabezada desde la presidencia del país,
ocasionó una indignación contra la corrupción que ha resultado positiva para la
salud política en éste.
En México un amplio
sector de la sociedad civil ha comenzado una lucha para que la ONU instale una
Comisión Internacional por la Justicia y la Verdad en México (CIJUVEM). Los
promotores de esta iniciativa, la organización Frente Refundación, ha recolectado hasta el 27 de julio de 2016,
aproximadamente 50 mil firmas en las 32
entidades federativas del país, solicitando al máximo organismo internacional la instalación de
dicha comisión para investigar los crímenes y actos de corrupción que el
gobierno mexicano se niega a esclarecer y penalizar. Dicen los firmantes de
dicha petición que “Con fundamento en la Carta de las Naciones Unidas y el
Estatuto de Roma, tenemos derecho a presionar para que esto suceda y lo estamos
haciendo por medio de una carta dirigida al Sr. Ban Ki-moon, Secretario General
de la ONU. Como precedente cercano tenemos la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala (CICG)”. El fundamento que anima tal solicitud es que el
“Estado mexicano se encuentra infiltrado por un grupo de corruptos y asesinos.
Ello explica el actual clima de impunidad, poca operación de la seguridad
pública e impartición de justicia así como la sistemática violación de derechos
humanos y la falta de democracia en el país. Por eso, un grupo cada vez más
grande de mexicanos nos hemos organizado pacíficamente dentro y fuera del país
para pasar de la protesta a la propuesta y de ahí a la acción”.
El movimiento por la
CIJUVEM se ha extendido de México hacia
los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos de América y Canadá. El contexto de
la petición es el que crearon la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, los más de 154 mil ejecutados extrajudicialmente y las más de 26 mil
desapariciones forzadas en los últimos años. A esto se suma la conciencia
creciente de la enorme corrupción en el seno del Estado que fue evidenciada con
el escándalo de la lujosa residencia que había adquirido la pareja
presidencial. Esta residencia les había sido cedida por uno los empresarios
beneficiados por contratos otorgados por Peña Nieto a lo largo de un buen
tiempo. Hoy en medio de la impunidad, el Presidente ha pedido perdón por este
hecho, pero al mismo tiempo se ha
propiciado una ofensiva judicial contra Carmen Aristégui la periodista que
develó la existencia de la mansión.
Lo deseable es que un
Estado administre justicia de manera soberana. Pero cuando esto no sucede, la
ciudadanía desconfía plenamente de dicho Estado y busca alternativas. Esto es
lo que acontece en México.
No hay comentarios:
Publicar un comentario