Pese a las
campañas mediáticas, ningún factor político ostenta la hegemonía, por lo cual
la realización o no de un referendo revocatorio del mandato presidencial no
alterará este cuadro. Para muchos analistas, esta circunstancia hace imperativa
la búsqueda de acuerdos, que permitan el funcionamiento de las instituciones y
la actividad productiva, y no se tentaran con apelar a la violencia.
Aram Aharonian / ALAI
Las
conversaciones auspiciadas por Unasur entre Gobierno y oposición están
empantanadas, lo que debe ser motivo de preocupación, máxime cuando a
principios de año la oposición anunció como objetivo prioritario la salida de
la presidencia de Nicolás Maduro, esbozando diferentes modalidades para
alcanzar ese fin, como la renuncia, la enmienda, la reforma constitucional y
también el referendo revocatorio, que se ha convertido en la iniciativa
principal, por ahora.
El último
día de julio, el papa Francisco señaló que el Vaticano podría ser el cuarto
interlocutor en este grupo de mediación sobre la situación en Venezuela junto
con los expresidentes panameño Martín Torrijos, español José Rodríguez Zapatero
y dominicano Leonel Fernández. El canciller vaticano, Pietro Parolin, quien
fuera Nuncio en Caracas, señaló que se espera la invitación oficial del
presidente Nicolás Maduro.
“El
diálogo, ante el cual la oposición tiene una actitud lamentablemente ambigua,
reticente, entre otras razones porque tiene planes alternos diferentes, es la
única opción. Es lo que permitiría racionalizar el ejercicio de la política y
disipar los fantasmas de la violencia. El chavismo también debe actuar tomando
conciencia que su rol en la actualidad consiste en tender puentes y apostar a
la normalidad dentro de la crisis”, señaló el exvicepresidente José Vicente
Rangel.
El Vaticano
ha tomado distancia de las actitudes ultras de la oposición e incluso mantiene
reservas con la de miembros de la Conferencia Episcopal.
Pese a las
campañas mediáticas, ningún factor político ostenta la hegemonía, por lo cual
la realización o no de un referendo revocatorio del mandato presidencial no
alterará este cuadro. Para muchos analistas, esta circunstancia hace imperativa
la búsqueda de acuerdos, que permitan el funcionamiento de las instituciones y
la actividad productiva, y no se tentaran con apelar a la violencia. No se
trata de crear un gobierno de consenso, sino de establecer los límites y modos
de convivencia de factores que seguirán siendo antagónicos.
Pueden
presentarse varios escenarios para un entendimiento negociado: un acuerdo para
no realizar el referendo y se marche hacia la elección de gobernadores este
2016 y las presidenciales de 2018, en un marco concertado de concesiones, o se
acuerda celebrar el revocatorio y se elabora un esquema de garantías para una
futura cohabitación, señala el analista Leopoldo Puchi, ex ministro de Trabajo
del primer gabinete de Hugo Chávez.
Ernesto
Samper, secretario general de Unasur lo dejó en claro: “La oposición venezolana
debe comprender que el único camino de resolución es el diálogo”.
La “crisis humanitaria”
Una de las
estrategias de algunos sectores de la oposición es apelar a la crisis
humanitaria y de derechos humanos, que bien difunden los medios de prensa
comerciales en todo el mundo e incluso altos funcionarios de gobiernos de la
región, sin saber bien de qué se trata.
Hablan de
una crisis humana multidimensional y profunda que precisa urgentemente de ayuda
humanitaria por cuanto se corre el peligro de desembocar en catástrofe
humanitaria. Tratan de imponer un imaginario colectivo de responsabilidad del
gobierno y su gestión, que permite la implicación internacional.
Pero el
argumento no es nuevo, ya tiene dos años. Para estos sectores, se trata de una
megacrisis que ocurre como consecuencia del proceder de “una hegemonía
político-militar, cada vez más depredadora y, por tanto, destructiva”. Durante
el año pasado, los medios, cartelizadamente, repitieron con buena dosis
dramática, que Venezuela está al borde de una crisis humanitaria, imposible de
ser resuelta internamente, para lo cual se debe apelar a organismos
multilaterales, ONGs, o a la intervención de otros estados.
Es la misma
tesis que manejó, entre otros, el canciller paraguayo Eladio Loizaga para
impedir que Venezuela asumiera la presidencia pro témpore de Mercosur. Una
estrategia made in Washington.
Este año,
la Asamblea Nacional –donde es mayoritaria la oposición- declaró en crisis
humanitaria el sector salud por la escasez de medicamentos, insumos médicos y
las precarias condiciones de infraestructura hospitalaria y pidió a la FAO y la
Unicef enviar expertos que evalúen los riesgos.
El gobierno rechaza la ayuda humanitaria
ofrecida al país porque “ella esconde un deseo intervencionista” y se alega que
la crisis es una gran operación política y mediática. El representante de la
FAO en Venezuela, asegura que el país no está en condición de ayuda
humanitaria.
Por su
parte, el excanciller Roy Chaderton indicó que la situación de
desabastecimiento se debe a la injerencia del gobierno de Estados Unidos, las
acciones promovidas por la derecha venezolana, por diferentes representantes
del sector privado empresarial, la mediocridad en algunos niveles del gobierno,
así como la burocratización y también la corrupción.
El boicot financiero
Jorge
Rodríguez, alcalde de Caracas, denunció la última semana de julio las prohibiciones
de Washington a las instituciones financieras multinacionales de prestarles un
dólar a Venezuela. “El mercado internacional no nos ha dado opción”, (…), el
problema es político, porque creen que si nos ahorcan económicamente, lo
arrodillan y renuncia (Nicolás Maduro); y desaparece el chavismo”.
Venezuela
está al día en el pago de los intereses de su deuda externa y en la
amortización que corresponde y sin embargo, no encuentra. Las agencias
calificadores, como los bancos, toman las posiciones políticas de sus mandantes
y deciden tratar de ahogar a Venezuela. El cerco financiero se concretó en las
acciones realizadas por el Citibank, que anunció el cierre de las cuentas
corresponsales que tienen con el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Banco de
Venezuela (de capitales españoles), “que tiene como fin ahogar a Venezuela para
promover una intervención”, dijo Chaderton.
Quizá los
estrategas estadounidenses piensen igual que la oposición venezolana, que a Maduro lo tienen acorralado, que si favorecen
el diálogo (en Venezuela) o acceden al préstamo (en Washington) es ayudar a que
se salve, a que tome un segundo aliento, como esos boxeadores que están por
caer, señala el director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel.
Esa
política de severas restricciones para préstamos a Chile en época de la
presidencia de Salvador Allende se había aplicado antes contra Cuba y después
contra Nicaragua. Lo que aplican ahora contra Venezuela persigue el mismo
objetivo: debilitar financieramente el gobierno de Maduro, persuadidos de
contribuir a precipitar su salida.
Referendo, la vía de la guerra y después
En
Venezuela, el referendo revocatorio es un derecho constitucional. La oposición
juntó firmas para poder convocarlo, y el primer día de agosto, el Consejo
Nacional Electoral (CNE) informó que los 24 estados del país cumplieron con la
recolección del 1% de las firmas para autorizar a la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) como partido para solicitar el referendo revocatorio.
Con la
validación de las 200 mil firmas, la MUD puede pedir la activación de la
consulta. Tendrá dos días para hacer la solicitud, mientras el CNE debe
responder en un máximo de 15 días naturales y luego, en 15 días hábiles, fijar
la fecha y los puntos de recolección de 4 millones de firmas, equivalente a 20
por ciento del padrón, necesarias para convocar a la consulta, que la oposición
quiere que se realice antes del 10 de enero de 2017.
Esa fecha
límite es clave. Si el referendo se realiza este año y Maduro pierde, se debe
convocar a elecciones; pero si es revocado después de esa fecha, los dos años
de mandato que faltarían los completaría el vicepresidente. Para revocar el
mandato de Maduro se necesitan más de los 7,5 millones de votos con los que fue
elegido en 2013, cifra que no será fácil lograr.
En
ejercicio de la permanente injerencia, el secretario estadounidense de Estado,
John Kerry, llamó a las autoridades electorales venezolanas a no jugar a los
retrasos en el proceso de referendo revocatorio que impulsa la oposición. En
esta guerra de micrófonos, el diputado oficialista Diosdado Cabello aseguró que
el oficialismo agotará las vías legales para evitar que se realice el
referendo.
De
realizarse, gane quien gane, no resuelve el problema de la hegemonía. Así que
una decisión sobre su realización o no realización debe estar enmarcada dentro
un diálogo más amplio, que cree las condiciones para que factores antagónicos
puedan encontrar mecanismos y formas de relacionarse que permitan
funcionamiento de las instituciones y la actividad productiva, no solo ahora
sino en el caso de que la oposición llegara a ser gobierno, señala el analista
Leopoldo Puchi.
Luis
Vicente León, director de Datanálisis y apoyo estratégico de la oposición,
señala que ésta debe optar por ir a la batalla para defender los derechos por
la fuerza o reconocer que su capacidad de presión no es suficiente para ganar
la batalla.
“O algo aún más sofisticado: darse cuenta que
la vía de la guerra es infinitamente más costosa para el país, para el pueblo y
para ellos porque, aún ganando, los deja en una situación crítica de
inestabilidad futura, ya que su adversario quedaría del otro lado, con plata,
armas, fuerza y rabia, listo para desestabilizarlos tan pronto tengan que tomar
las decisiones racionales necesarias para rescatar los equilibrios económicos
vitales, pero muy costosas políticamente”, indicó.
León señala que quienes piensan en la vía de
la guerra, necesitan responder algunas preguntas como, quién es el líder, con
qué recursos van a la batalla, con qué armas, con qué plata. El otro camino
implica reconocer que no hay forma de ganar sin negociar, sentarse con su
adversario a buscar algunas aperturas a la democracia, que ayuden en el futuro,
pero que no significan el cambio deseado en el corto plazo, ni la posibilidad
efectiva de obtener el referendo en el período adecuado y conveniente.
No es solo
una opción, porque la dilucidación del dilema entre la guerra y la negociación
puede llevar a que se fracture y divida irremediablemente a la oposición, y
“que no pase nada y que simplemente el gobierno surfee, con crisis y todo, con
violaciones y todo, con rechazo internacional y todo, hasta el año que viene o
más, sin negociar ni pelear”.
- Aram
Aharonian es periodista y docente uruguayo-venezolano, director de la revista
Question, fundador de Telesur, director del Observatorio Latinoamericano en
Comunicación y Democracia (ULAC).
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