Los programas de
represión de todas las formas asociadas a la producción, consumo y distribución
de las drogas ilícitas han logrado atraer la atención de los gobiernos y de los
sectores financieros. En el caso de Panamá, el 90 por ciento de los recursos
destinados a combatir el flagelo de las drogas es dirigido a la represión.
Marco A. Gandásegui, h. / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
Esta situación genera
preocupación en torno a la seguridad ciudadana. Las asociaciones cívicas, los
gremios, los sindicatos, los centros comunitarios y, sobre todo, la familia son
los más afectados. La violencia y la
criminalidad son los problemas que más preocupan a los panameños. En el centro
de esta situación se ubica el problema de las drogas.
Para tratar este tema
la Comisión Nacional para la Prevención de las Drogas (CONAPRED) convocó a su
segundo taller que tiene como objetivo presentar la situación que prevalece en
Panamá. En ese marco, el Observatorio sobre las Drogas de la Universidad de
Panamá presentará hoy un análisis crítico del problema.
Todos los panameños
estamos familiarizados con el problema de las drogas por medio de una o más
experiencias personales. Entre nuestros conocidos, amigos e, incluso, algún
familiar, hay quienes han caído presos de la adicción. El tratamiento de esta
enfermedad es difícil, doloroso y muy costoso. El Ministerio de Salud aún no ha
podido establecer un programa de tratamiento para las personas que sufren de la
enfermedad. El único programa que tenía fue cerrado hace poco.
La drogadicción no es
una enfermedad nueva. En Panamá el problema tiende a crecer y se plantean
diferentes estrategias para combatir el flagelo. Entre las políticas más
mencionadas para mitigar el problema clínico de las drogas es la educación. Sin
embargo, la inversión en los programas de educación es muy pequeña. El
Observatorio sobre las Drogas de la Universidad de Panamá es testigo de una
presencia mínima de las distintas instancias del sector Educación en lo
relacionado con este problema. Sólo el 5 por ciento del presupuesto global del
gobierno nacional destinado a combatir el flagelo de la droga es destinado al
sector Educación.
Los programas de
represión de todas las formas asociadas a la producción, consumo y distribución
de las drogas ilícitas han logrado atraer la atención de los gobiernos y de los
sectores financieros. En el caso de Panamá, el 90 por ciento de los recursos
destinados a combatir el flagelo de las drogas es dirigido a la represión.
Según informaciones que
proporcionan los medios de comunicación, las fuerzas armadas panameñas y sus
aparatos de inteligencia han creado equipos sofisticados para detectar los
movimientos de los traficantes de drogas ilícitas en el país. En 2013 Panamá
tuvo un presupuesto de seguridad nacional de 975 millones de dólares (6 por
ciento del presupuesto nacional).
Panamá es acusada por
EEUU y otros países de ser una plaza especializada en el lavado de dinero que
circula por las redes financieras internacionales en forma ilegal. A menudo
amenaza con tomar medidas punitivas contra el sector bancario panameño por lo
que considera prácticas ilegales.
Según las agencias
norteamericanas que investigan estas irregularidades, el lavado de dinero está
asociado con las actividades de bienes raíces y la construcción, los
establecimientos de juegos de azar y el tráfico de drogas. Calculan que en
2012, el sistema financiero panameño lavó más de 2 mil millones de dólares. El
gobierno norteamericano se está moviendo hacia la regulación de las drogas que
hoy se consideran ilegales, comenzando con la marihuana. El Procurador General
de ese país dio los primeros pasos para comenzar a des-criminalizar todo lo
relacionado con el consumo de drogas.
Es probable que más
temprano que tarde en Panamá se seguirá por el mismo camino. Muchas de las
drogas que hoy se consideran ilícitas serán compradas con recetas en las
farmacias, reduciendo los niveles de represión existentes actualmente,
controlando mejor la distribución y poniendo fin al crimen organizado y
reduciendo la población penitenciaria.
Hay que seguir
analizando el problema de las drogas y los estragos que está generando tanto a
nivel de la seguridad nacional como también en el contexto de la seguridad
ciudadana. Hay indicios de que hay confusión entre la protección de las
fronteras y la represión de la población. ¿Dónde están los límites? ¿Cómo
asegurar que estas políticas se complementen y no se estrellan haciendo
imposible definir una política coherente en beneficio del país?
11 de septiembre de 2014.
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