En un país escindido y contradictorio
como Guatemala, la reunión de tanta gente bajo una misma consigna constituye un
hecho poco frecuente, y muestra a las claras el cansancio que se tiene con la
corrupción rampante que se ha enquistado en el aparato gubernamental.
Rafael
Cuevas Molina /Presidente AUNA-Costa Rica
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| Los guatemaltecos protestaron contra la corrupción en el gobierno. |
El capitán retirado Juan Carlos Monzón,
secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala se encuentra prófugo de la
justicia. Ha sido sindicado de encabezar una enorme red de defraudación fiscal
y contrabando llamada La Línea, de la que hasta el momento se han detenido a
alrededor de 20 personas.
Este hallazgo ha sido posible gracias a
la acción de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que, precisamente en estos días,
estaba por renovar su mandato siempre y cuando el presidente, Otto Pérez
Molina, así lo solicitara a la ONU. Sin ella, lo más que probable es que nunca
se habría sabido nada.
El escándalo se destapó mientras la
señora vicepresidenta se encontraba, junto al hoy prófugo, en Corea del Sur.
Ella regresó al país y brindó una atropellada conferencia de prensa, mientras
su subalterno se escurría hacia España y quién sabe qué otros destinos,
tratando de evadir la orden de captura que pesa en su contra.
La reacción de la ciudadanía
guatemalteca ha sido de indignación. Se convocó a una marcha pidiendo la
renuncia tanto de la vicepresidenta como del presidente, que llenó la plaza
central de la ciudad capital. En un país escindido y contradictorio como
Guatemala, la reunión de tanta gente bajo una misma consigna constituye un
hecho poco frecuente, y muestra a las claras el cansancio que se tiene con la
corrupción rampante que se ha enquistado en el aparato gubernamental.
La señora vicepresidenta y el señor
presidente han sido permanentemente vinculados con muestras de enriquecimiento
ilícito, que se expresa, entre otras, en la adquisición de lujosas propiedades.
El nombre del general Otto Pérez Molina se asoció en el pasado, además, a la
organización militar mafiosa conocida como La Cofradía, una de las expresiones
actuales de formas de asociación ilícita de militares guatemaltecos vinculados
al crimen organizado, y que derivaron de la guerra interna que se vivió desde
1960 hasta 1996.
Quiere decir lo anterior que las
organizaciones mafiosas dedicadas a defraudar al fisco, contrabandear e,
incluso, traficar con drogas, nos son nuevas en Guatemala; como tampoco es
nueva la noticia que en ellas estén involucrados personeros del gobierno y
militares o exmilitares.
De hecho, el aparato estatal ha sido
considerado durante décadas botín de este tipo de grupos, que lo utilizan como
plataforma para sus fines espurios. Para tal fin, se organizan partidos
políticos que solo sirven para aglutinar ese tipo de intereses y que, luego de
lograr su cometido, desaparecen sin pena ni gloria. El Partido Patriota, que
llevó a la presidencia a Otto Pérez y a su vicepresidenta Roxana Baldettti, ha
seguido este rumbo, con la única diferencia que no se ha destramado después de
ejercer el poder sino cuando sus representantes aún se encuentran en ejercicio.
Su candidato a presidente, Alejandro Sinibaldi, quien fuera presentado en acto
público de tipo farandulesco por la señora Baldetti hace un par de meses como
futuro presidente del país, renunció, tratando de alejarse de los que hasta
hace poco eran sus amigos entrañables y sus principales soportes políticos,
pero que ahora, con los escándalos en los que se encuentras inmersos, le ponen
palos en la rueda de sus aspiraciones.
En este contexto, el presidente Pérez
Molina se apresuró a solicitar la renovación del mandato de la CICIG, tratando
de mostrar una imagen asociada al deseo de limpiar al poder judicial y, en
general, el aparato estatal, de la corrupción y la ineficiencia. Lo hizo, claro
está, por la presión que este caso que le toca tan de cerca ejerció sobre su
gobierno. De otra forma, seguramente no lo hubiera hecho. Bastante se ha
especulado sobre las consecuencias que él mismo podría sufrir en el futuro por
eventuales investigaciones de esta comisión, dado el involucramiento efectivo
que tuvo en operaciones militares en los que se dieron graves violaciones a los
derechos humanos.
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