En nuestros días la lucha por al democracia de manera abierta es una
batalla de ideas. En esa lucha ideológica se enfrentan reiteradamente en la
vida cotidiana los amplios sectores del pueblo con los discursos y símbolos del
poder neoliberal.
Adalberto Santana* / Especial
para Con Nuestra América
Desde Ciudad de México.
En América Latina y el Caribe el avance de las fuerzas progresistas ha
logrado una mayor consolidación política, la cual reviste la particularidad de
aglutinar a distintos sectores revolucionarios, progresistas y democráticos. De
la misma manera en lo social y en lo económico esas fuerzas han logrado a
través de la gestión gubernamental ligada estrechamente a los intereses
populares consolidar y hacer avanzar la democracia participativa. Esto sucede en
buena medida en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Cuba,
Nicaragua, Uruguay y Venezuela.
En nuestros días por ejemplo, a treinta años del restablecimiento de
la democracia en Uruguay, los gobiernos
de Tabaré Vázquez y José Mujica han conquistador una serie de logros que le han
brindado a su proyecto una mayor viabilidad y perspectivas de continuar en el
poder en los próximos años. Esta situación significa que la política del Frente
Amplio (FA) cada vez ha logrado un mayor consenso y aceptación en amplios
sectores del electorado. Esto se hace más evidente en las conquistas sociales
que el FA ha sabido impulsar a través de su gestión en las esferas
gubernamentales.
En tanto en que en otros países donde también se desarrolla la lucha
democrático-electoral, pero donde gobiernan poderes ligados a los proyectos de
economía de mercado o neoliberales, ahí la hegemonía la detentan círculos
ligados al poder financiero, industrial, especulativo ya sea nacional o
internacional e incluso regionalmente al crimen organizado y al narcotráfico
(como en México). Las realidades de países latinoamericanos como Guatemala,
Honduras, Panamá, Paraguay, Colombia y México, muestran las distintas
expresiones de diversos nichos de poder
en manos de esos sectores inmersos en lo que Slavoj Zizek en Pedir lo imposible, llama “la descarada
irracionalidad del capitalismo global”. El poder de los gobiernos de esos
países dependen en gran medida del intereses de su pragmatismo. Gran parte de
su control en los procesos electorales
lo ejercen con brutales, costosas
y manipuladoras campañas mediáticas. Los supuestos logros de la libertad del mercado, del fomento al
consumismo desenfrenado de todo tipo de productos (incluyendo el consumismo
edonista de las drogas como las sustancias alcohólicas) y el logro y triunfo
del individualismo es su “ética” social. Sus triunfos electorales los
justifican con los resultados de los logros alcanzados en la macroeconomía
cuando llegan a tener determinados resultados positivos (particularmente las
inversiones del capital extranjero en la industria minera y energética). Sin
embargo, su discurso descansa en no negar el crecimiento de la pobreza. Por el
contrario, lo que hacen es apelar a toda la sociedad a combatirla como si todos los sectores
sociales fueran responsables de ella y no sus políticas neoliberales. Esto es,
producto del capitalismo salvaje que esos mismos grupos de poder alientan y
perversamente fomentan con toda su doble moral. Es decir, reconocen que luchan
por el “abatimiento de la desigualdad”, “por una mayor equidad”, pero sus
proyectos, planes de gobierno y acción política y social expresa en la realidad
todo lo contrario.
De ahí que en nuestros días la lucha por al democracia de manera
abierta es una batalla de ideas. En esa lucha ideológica se enfrentan
reiteradamente en la vida cotidiana los amplios sectores del pueblo con los
discursos y símbolos del poder neoliberal. La memoria social es para los
amplios sectores progresistas un herramienta de lucha que deben ejercerla
cotidianamente. Su estancamiento produce atrofiamiento ideológico utilizado por
los agrupamientos de las derechas.
Los sectores neoconservadores, también tienen intuición y sensibilidad
política y se lanza a expandir el discurso de la disponibilidad de bienes y
servicios para cada ciudadano como si todos fueran iguales en una sociedad de
clases donde predomina la hegemonía de los partidos y proyectos políticos excluyentes.
En tanto que en nuestros países donde
ejercen el poder las fuerzas progresistas y revolucionarias, la memoria
histórica es un recurso permanente para la clarificación de las ideas y de los
proyectos alternativos así como de los alcances y limitaciones de la democracia
electoral.
En resumen, en los gobiernos que han encabezado los presidentes Hugo
Chávez y Nicolás Maduro de Venezuela; Evo Morales de Bolivia; Tabaré Vázquez y “Pepe”
Mújica de Uruguay; Daniel Ortega de Nicaragua; Luiz Inácio Lula da Silva y
Dilma Ruseff de Brasil; Rafael Correa de Ecuador; Mauricio Funes y Salvador
Sánchez Cerén de El Salvador; Nestor
Kichnner y Cristina Fernández de Kichnner de Argentina, se pone de manifiesto
que sus acciones y decisiones políticas han estado orientadas al bienestar social
de la mayoría de la población en medio de una cruenta lucha de ideas contra sus adversarios políticos. Sin
duda, los logros de los avances democrático-electorales han tenido que
mostrarse en las políticas de una mayor y justa distribución de la riqueza.
Demostrar a través del desarrollo de un
nuevo modelo económico como se van reduciendo las brechas sociales. Mostrar en la
vida económica de la mayoría de la población la desestimulación de la concentración
de la riqueza en unas cuantas manos. Pero también mostrar fehacientemente en la
memoria colectiva el beneficio de amplios sectores sociales a través de la
justicia social, el trabajo productivo, la salud, la vivienda, la educación y
la cultura. Esa es la lógica del rumbo
de la democracia participativa latinoamericana y caribeña.
* El Dr. Adalberto Santana es director e investigador del
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), UNAM.
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