La
historia de Guatemala muestra que cuando al descontento popular se suman las
clases medias y la actuación de una parte de la clase dominante, las
consecuencias pueden ser impredecibles.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para
Con Nuestra América
Desde
Puebla, México
La
manifestación del sábado 25 de abril de 2015 mostró que es dura la situación
del gobierno que prometió mano dura contra la delincuencia. Difícil situación
porque resulta evidente para
buena parte de los guatemaltecos que el gobierno que pretendía erradicar
la delincuencia es un gobierno lleno de delincuentes. La multitudinaria
manifestación pluriclasista en la que predominaron las clases medias y sectores
más pudientes, confirma el descalabro del presidente Otto Pérez Molina y el
gobierno del Partido Patriota. Resulta curioso ver pidiendo la renuncia de
Pérez Molina y Baldetti, a los mismos sectores sociales que se sumaron a la
pretensión de sacar de la presidencia a Álvaro Colom con motivo del caso
Rosemberg. Peor aún, al parecer un
sector importante de la cúspide empresarial ya se deslindó del gobierno y empieza a hacer leña del árbol
caído: basta ver la alocución televisiva de Dionicio Gutiérrez en la que dice
suspender su silencio político ante la indignante situación que se ha generado
con el descubrimiento del grupo delictivo denominado “La Línea”.
La
historia de Guatemala muestra que cuando al descontento popular se suman las
clases medias y la actuación de una parte de la clase dominante, las
consecuencias pueden ser impredecibles.
Esto fue lo que sucedió en 1920 cuando fue derrocado Manuel Estrada Cabrera,
en junio de 1944 cuando cayó el dictador Jorge Ubico, en
octubre de ese año cuando fue derribado su sucesor Federico Ponce Vaides, en
marzo y abril de 1962 cuando el gobierno de Ydígoras Fuentes comenzó su debacle
y finalmente en mayo-junio de 1993
cuando se derrotó al “serranazo” y fue derrocado Jorge Serrano Elías. El
escenario menos probable es el de una renuncia de Pérez Molina y de Baldetti
porque el propio establishment neoliberal acaso lo considera innecesario. Le
bastará con tener de rodillas al gobierno
en los meses que le quedan y negociar condiciones que lo favorezcan ante
rivales grupos emergentes y mafiosos. La investigación de la Comisión
Internacional contra la Impunidad (CICIG) detuvo sus indagaciones hasta la
cercanía inmediata de la vicepresidenta Baldetti. Pero en el imaginario
guatemalteco resulta difícil creer que Baldetti era ajena a la organización
criminal que hacía contrabando aduanero. Desde antes de este escándalo, la
imagen de Roxana Baldetti estaba asociada a una corrupción y a un enriquecimiento inexplicable. Y en
tanto que Baldetti tiene una inextricable cercanía con Pérez Molina, el
presidente también se encuentra enfangado y resulta inverosímil lo que ha
expresado en su discurso con motivo del escándalo: que se encuentra
sorprendido, indignado y enojado con lo sucedido.
El
escándalo provocado por la develación del grupo criminal “La Línea”, revela un
problema estructural de la política guatemalteca. Esta es una autopista con un
subterráneo debajo de ella. En la autopista transitan los partidos políticos,
el gobierno y los grupos de presión. En el subterráneo grupos como “La Red Moreno”, “La Cofradía”, “El
Sindicato”, el narcotráfico y ahora “La Línea”. En suma los poderes ocultos que
acaso sean los que en Guatemala determinan el rumbo de las cosas.
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