La necesidad de
conservar las formalidades democráticas en América Latina, ha generado nuevas
formas de golpe de estado como lo revelan Honduras y Paraguay. Hoy en México
asistimos a la novedad de un masivo fraude orquestado antes de que los votantes
lleguen a las urnas.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
He insistido en otras
ocasiones en esta columna que pese a lo
que dicen los epígonos del neoliberalismo, éste ha estado mostrando sus
limitaciones profundas y puede decirse que se encuentra en crisis en todo el mundo. Basta ver con lo que ha estado sucediendo con Europa mediterránea
para ver una muestra del fracaso neoliberal. En América latina dicho fracaso se
empezó a hacer evidente tan pronto como a fines del siglo XX. En esta primera
década del siglo XXI lo que se ha observado es
en términos generales mediocres tasas de crecimiento del PIB, un
creciente malestar social, una notable inestabilidad política en algunos países
y sobre todo la emergencia de gobiernos de centro izquierda (Brasil, Uruguay,
Argentina, Perú, El Salvador) o de izquierda (Venezuela, Ecuador y Bolivia).
Buena parte de dicha emergencia de los llamados gobiernos progresistas en
América latina se ha visto precedida de efervescencias sociales significativas
y allí están para ilustrarlo los casos de Argentina, Venezuela, Bolivia y
Ecuador.
América Latina es la
única región en el mundo en la cual la crisis neoliberal ha generado movimientos sociales que se
convierten en políticos y electorales y eventualmente se traducen en gobiernos
que con mayor o menor profundidad,
congruencia, radicalismo o moderación, buscan distanciarse del dogmatismo
neoliberal.
Esta situación ha
provocado grandes preocupaciones en Washington quien ha visto modificarse el
panorama político de lo que consideraba su patio trasero. Al panamericanismo
obsecuente que se ha traducido en la OEA, le ha venido sucediendo un
integracionismo latinoamericano que más sigue los pasos de Bolívar que los de
la doctrina Monroe. El fracaso
estadounidense en impulsar el
Acuerdo de Libre comercio de las Americas (ALCA) en 2005, le han sucedió
mecanismos de integración como UNASUR, MERCOSUR Y ALBA que son espacios a
través de os cuales se pone una
distancia y autonomía con respecto a la Casa Blanca. Hay que agregar ahora la
aparición de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La
respuesta de los Estados Unidos de América ha sido el reforzar su presencia
militar en la región. Existen ya 47 bases militares en toda América latina, 12
de las cuales se encuentran en Panamá (Véase este dato en www.mopassol.com.ar). La derecha neoliberal, como
antes lo hizo el anticomunismo, se ha aliado a estos esfuerzos propiciando
golpes de estado o al menos intentándolos. Estos golpes se diferencian de los
que hemos conocido en que actúan como golpes parlamentarios o
“constitucionales”. Y como ha sucedido
en México en estos días, articulando nuevas formas de fraude electoral que
frenen de esa manera proyectos antineoliberales.
Al igual que en
Honduras en 2009, en Paraguay el presidente Fernando Lugo no fue derrocado por
el ejército actuando de manera autónoma. En Honduras el ejército derrocó al
Presidente José Manuel Zelaya, pero la
fuerza que estaba detrás era la propia oligarquía hondureña y los intereses
estadounidenses. En Paraguay ni siquiera actuó el ejército, fue la clase política, particularmente el
Partido Colorado, quien depuso a Lugo a
través de lo que este último calificó como un “golpe parlamentario”. Y
nuevamente detrás del Partido Colorado estuvo la cúspide empresarial e intereses como los de
la empresa transnacional Monsanto. En la medida en que las dictaduras
militares resultan anacrónicas pues el
nuevo modelo de dominación es la democracia liberal y representativa, los
golpes de estado tienen que hacerse sin los militares como nuevos conductores
del gobierno. Por ello a Zelaya lo sucedió el civil Roberto Micheletti y a Lugo
lo sucede su vicepresidente, el civil Federico Franco.
En el caso de México,
el fraude para frenar a Andrés Manuel López Obrador ya no operó a través de la tradicional forma de relleno
de urnas a favor del partido oficial o en este caso el partido elegido por la
cúspide empresarial. Tampoco se adulteraron las cifras de votos realmente
existentes en las urnas. El PRI y Enrique Peña Nieto realmente obtuvieron
el 38.14%
contra el 31.65% de López Obrador. Para lograrlo el PRI
probablemente invirtió 357 millones de dólares en compra y coacción del voto. Una organización no gubernamental que monitorea la calidad de la democracia en México,
Alianza Cívica, realizó una encuesta que arroja
datos verdaderamente inquietantes. Dicha encuesta realizada en 21 estados
de la republica mexicana, indica que a 28.4% de los votantes les habrían comprado o coaccionado el voto.
De ese total de votos comprados o coaccionados, el PRI resulta el principal implicado con un
71%, el PAN lo habría estado con el 17%, el PRD con un 9% y
el partido Nueva Alianza (PANAL) con un
3%. La encuesta determinó que en 14% de
las 143 mil casillas se observó acarreo de ciudadanos para que votaran.
La necesidad de
conservar las formalidades democráticas en América Latina, ha generado nuevas
formas de golpe de estado como lo revelan Honduras y Paraguay. Hoy en México
asistimos a la novedad de un masivo fraude orquestado antes de que los votantes
lleguen a las urnas.
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