El mercado mundial, no el
ambiente y el desarrollo humano, es la preocupación principal incluso de
gobiernos que dicen luchar contra ese mismo mercado y que se declaran
populares.
Guillermo Almeyra / LA JORNADA
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| La minería está en el centro de nuevos conflictos sociales en América Latina. |
La aguda crisis que afecta
a la Eurozona y a Estados Unidos no sólo reduce la atracción de esos mercados
de trabajo para los latinoamericanos, africanos y mediorientales que allí
emigraban ilegalmente sino que, también, al cerrarles la posibilidad de
trabajar les obliga a refluir a sus regiones de origen en cantidades cada vez
más masivas, unidos esta vez incluso con los más pobres de los que hasta ahora
era países ricos. En efecto, no sólo retornan de España los latinoamericanos
que allí buscaban trabajo, sino que este año han salido más españoles que los
extranjeros que fueron a la península.
De este modo, la presión
sobre los recursos locales –tierra y agua, sobre todo– y sobre la desocupación
regional, aumenta continuamente y los ingresos locales no disminuyen sólo por
el cese o la reducción de las remesas que antes recibían, sino también porque
sus parientes deben sostener, al menos parcialmente, a quienes hasta entonces
eran el sostén de ellos.
Para algunos países
exportadores de alimentos, como Brasil, Uruguay o Argentina, la sequía en
Estados Unidos y en Europa, resultante del cambio climático, puede ser
beneficiosa porque aumenta el precio de los granos y de los alimentos en
general, no sólo por una menor oferta sino también porque la crisis, al reducir
la producción industrial y los consumos, aleja a los especuladores del petróleo
y de los minerales, cuyos precios se estancan.
Pero el aumento del
precio de los alimentos –porque la demanda de éstos no es elástica y todos
tratan de seguir comiendo como comían, con crisis o sin ella–, reduce los
ingresos de los consumidores, sobre todo en países donde la gente por su
pobreza dedica más de dos tercios del ingreso familiar a la compra de alimentos
y al pago de servicios (transporte, agua, gas, electricidad).
La carestía de los alimentos
principales (trigo, maíz, leguminosas, carne) por otra parte afecta mucho más
directamente a los pobres que a los ricos (que tienen otro tipo de consumos), o
sea, golpea a la inmensa mayoría de la población que, con los injustos y
aberrantes sistemas impositivos de los países dependientes, es la que paga más
impuestos bajo la forma sobre todo de IVA y de otras tasas indirectas.
Esta reducción del
consumo domiciliario y, por consiguiente del monto de los impuestos que el
Estado recauda, afecta las finanzas estatales. Porque, aunque la soya bata
récord y esté a 630 dólares la tonelada, quienes la exportan son sólo unas
pocas empresas que evaden impuestos mediante triangulaciones y paraísos
fiscales. Las ventajas de los altos precios del grano y del bajo precio
petrolero para la producción son por lo tanto para ellas, o sea para los que
son productores masivos, acopiadores y exportadores trasnacionales y no para
las arcas estatales.
Los países
centroamericanos viven, sobre todo, de la exportación de mano de obra
superexplotada que, como dijimos, ahora les rinde menos. Los países
exportadores de petróleo ven afectados sus ingresos por el estancamiento del
precio del combustible debido a la baja demanda industrial resultante de la
crisis. Los países importadores de alimentos y de petróleo, como la mayoría de
los africanos, Cuba o los del Caribe, están apretados crecientemente por el
aumento de su factura de importación alimentaria. Incluso los pocos países
dependientes que son grandes exportadores de alimentos tienen problemas porque
sus otras exportaciones caen y el aumento del precio del trigo o de la soya no
compensa esas dificultades en la balanza de pagos.
De ahí la desesperación
de todos los gobiernos –progresistas o no– por producir cada vez más metales
preciosos, atrayendo la inversión de las grandes mineras canadienses o
estadunidenses, que están en abierta competencia con la agricultura y la
ganadería de las zonas pobres, las cuales son mucho menos lucrativas que la
gran minería pero aseguran más empleo local y no afectan tan drásticamente el
ambiente como la extracción minera.
De ahí también los
conflictos sociales con los pobladores de esas zonas, que desean conservar el
uso del agua para la agricultura y para los pueblos así como los bienes comunes
(tierra, aire no contaminado, bosques, paisaje). Por eso actualmente, desde
Centroamérica hasta Chile y Argentina, a lo largo de las zonas montañosas, las
pobladas (luchas de toda una comunidad) y las rebeliones campesinas e indígenas
se enfrentan con la represión gubernamental de gobiernos que tienen una
concepción extractivista y desarrollista y un decisionismo vertical y
autoritario.
Se llegó al extremo de
que la presidenta de Argentina vetó una ley de protección de los glaciares,
fuente principal de agua para el país, para no afectar los intereses de las
transnacionales mineras y que algunos gobiernos de las provincias andinas
reprimen ferozmente protestas antimineras como la de Tinogasta o Faimallá
absolutamente legales y legítimas. El presidente peruano Ollanta Humala fue
elegido entre otras cosas gracias a sus declaraciones de que entre la sed y el
hambre de los peruanos y el oro optaría por su pueblo, pero ahora reprime, con
alto costo en heridos, muertos y presos en Cajamarca, una de las zonas donde
más apoyo obtuvo, para favorecer el proyecto minero Conga, violentamente
resistido por los pobladores y las autoridades locales. El mismo Evo Morales no
sólo enfrenta a los pobladores del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro
Sécure (TIPNIS), violando lo que establece la Constitución, para construir por
su territorio una carretera hacia Brasil sino que también fomenta la minería,
entrando en conflicto con los comuneros. El mercado mundial, no el ambiente y
el desarrollo humano, es la preocupación principal incluso de gobiernos que
dicen luchar contra ese mismo mercado y que se declaran populares. Este giro
económico a la derecha les debilita y prepara otros giros políticos
derechistas. Nuevamente están en peligro los avances antes duramente conseguidos.
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