Desgaste y derrota son las dos palabras que definen
la actual situación del gobierno de Ollanta Humala en Perú, a un año de asumir
la conducción del Estado. Un repaso de la historia reciente del país y del
gobierno actual.
Ricardo Jiménez / Marcha
El presidente Humala enfrenta uno de los peores momentos políticos de su mandato. |
Mientras se escriben
estas líneas, como cada 28 de julio, día de la independencia nacional, el
presidente prepara su informe para dar cuenta pública al país de su gestión,
pero sobre todo, de los cambios en su desgastado y deslegitimado gabinete. El hecho
de que públicamente se le ofreciera el premiarato (jefe de Gabinete
ministerial) a un presidente regional, Martín Vizcarra de Moquegua, y que
éste lo haya rechazado, es el símbolo de esa derrota y debilidad actual del
gobierno.
¿Cómo se llegó hasta aquí?
Tras un largo período de
guerra interna, en las décadas de 1980 y 1990, los sectores dominantes
aplastaron la subversión e impusieron dictatorialmente un modelo neoliberal,
primario exportador y dependiente en lo económico, con profundas desigualdades
y exclusiones. En lo político su correlato fue un sistema restringido de
democracia, lleno de limitaciones a la representación y a las posibilidades de
cambio para cuando las mayorías quisieran variar justamente ese modelo
económico. La corrupción generalizada de la clase política en directa relación
con la clase empresarial; un exacerbado centralismo limeño, cargado de un
atávico racismo de la clase dirigente hacia las regiones; el férreo monologo
oficial de los monopolios mediáticos, impuesto sin contrapesos al menos en Lima
donde reside la mitad de la población y el electorado, completan el “modelo” de
Perú, que en lo esencial está refrendado en la constitución política de la
dictadura fujimorista y en sus prácticas políticas y comunicacionales.
El exitoso crecimiento
macroeconómico que ha traído este modelo, después de décadas de estancamiento,
es su principal logro y propaganda y constituye su principal fortaleza
ideológica. A pesar de que se silencia el hecho de que ha expulsado
(literalmente), y lo sigue haciendo, a 3 millones de peruanos a buscar trabajo
y oportunidades en el exterior. Además mantiene hoy en la pobreza al 30% de la
población, elevando ese porcentaje hasta el 70% en las regiones más pobres del
país como los Andes o la Amazonía.
Desde el inicio, el
modelo arrastró descontentos de diversos sectores que resultan estructuralmente
excluidos o perjudicados. Especialmente de las regiones, que sufren el
centralismo, la pobreza, las consecuencias negativas de grandes proyectos
extractivos, y donde no llega el monologo de los monopolios mediáticos limeños.
Varios conflictos masivos, muertos y estados de emergencia se arrastran
periódicamente desde el 2000 y encontraron un punto de inflexión crítico con el
“Baguazo” en 2009. En ese entonces en la Amazonía hubo 34 muertos y la derrota
(derogatoria) de los decretos del gobierno (para mega proyectos extractivos).
Elementos inéditos que significaron un salto político crítico en ese conflicto
fueron la movilización en la misma capital de 12 mil personas, y una fuerte
campaña de repudio internacional. A pesar de la diversidad y fragmentación de
estos sectores descontentos, ellos combinaron las jornadas de protesta y
movilización con avances electorales expresados en la conquista de gobiernos
locales, regionales y de representantes al Congreso.
Esencialmente, Humala
supo representar y articular estos descontentos crecientes y esta objetiva
crisis estructural de modelo del Perú en el siglo XXI y maniobrar alianzas
hasta lograr la masa crítica para ganar las elecciones de 2010 – 2011 pasadas y
alcanzar el gobierno.
Hoy
Llegado al gobierno,
Humala esencialmente se deshizo de los sectores progresistas y del programa de
gobierno ofrecido que le permitió ganar las elecciones, destinado a superar la
crisis estructural en lo económico y político, denominado la “Gran
transformación”. Con la excusa o mala lectura política de que su triunfo
con 31% en primera vuelta significaba que cerca del 70% rechazaba su propuesta
y ahora debe “gobernar para todos los peruanos”, ha asumido radicalmente la
continuidad del modelo. Incluso su profundización reaccionaria como en la
política exterior (Alianza neoliberal y pro imperial del Pacífico), derechos de
la mujer (con una ministra que legitima públicamente los embarazos producto de
violación sexual y que busca encarcelar a las madres gestantes que protestan
contra la contaminación en las regiones), y sobre todo en derechos humanos
(leyes anti constitucionales contra ex presos políticos y desatada represión
con 17 manifestantes muertos en menos de un año).
Entregado todos los
ministerios y la inmensa mayoría del aparato del Estado a los cuadros
neoliberales y represivos de las fuerzas de derecha, enrumbada la política
decididamente al servicio de los grandes negocios y poderes fácticos
internacionales, redujo su “cara progresista” al cumplimiento de compromisos
electorales de política pública, tales como becas y bonos para los pobres, los
ancianos, las mujeres, etc. Pero estas y otras medidas “progresistas” han
perdido todo impacto trascendente por la misma voluntad del gobierno de “no
asustar” con ellas a los poderes fácticos y porque los propios cuadros de
derecha en el gobierno las disminuyen, gradualizan o estancan de manera
decisiva.
Por otro lado, las
contradicciones estructurales se han impuesto, a pesar de la obsesiva
persistencia del gobierno y los monopolios mediáticos para superarlas con el ya
desgastado mecanismo de la propaganda criminalizadora y represiva, o el de los
“gestos” mediáticos que buscan ganar opinión inmediata sin resolver los
problemas de fondo. Con una oposición más fuerte que nunca, debido a la
consciencia de estos sectores de que son ellos los que vencieron a las fuerzas
conservadoras y lo pusieron en el gobierno; perdido el apoyo de sus sectores
sociales de base más activos (regiones, fuerzas progresistas); con quiebres en
sus filas (hasta ahora 4 congresistas renunciados y una creciente renuncia de
militantes de base); sin ganar el apoyo de la derecha (que lo cuestiona como
“agitador” en el pasado de los actuales conflictos y como “blando” exigiendo
aún más represión); con 15 mil personas movilizadas en su contra en la propia
Lima, quemadas sus naves en la política represiva del “orden”, ahora ha debido
retractarse momentáneamente, buscar la mediación de los sacerdotes para
encontrar una salida al mayor conflicto de estos días (Cajamarca), y buscar un
nuevo premier para remplazar al ejecutor de la actual debacle. Públicamente, el
presidente regional de Moquegua acaba de rechazar el ofrecimiento, señal evidente
que comprende que se trata de un “gesto” mediático que no encara los problemas
de fondo, y lo terminará “quemando” políticamente en los meses venideros.
En suma, es un hecho
objetivo y evidente que la ruptura de sus compromisos programáticos, su puesta
al servicio de la continuidad del modelo y la fuerza creciente de los
descontentos, ha vuelto un “mal negocio” político electoral a Humala. Y
apenas lleva el primer año de gobierno.
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