Como en todo proceso
revolucionario, el Estado no sólo condensa la nueva correlación de fuerzas
político-económica de la sociedad emergente de las luchas sociales exitosas,
sino que además, como está sucediendo en la amazonía, deviene en sujeto material
y cultural que ayuda a promover movilizaciones sociales que transformen las
estructuras de dominación aún presentes en determinadas regiones y esferas de
la sociedad.
Álvaro García Linera* / La Razón
*Vicepresidente de Bolivia
Vista geográficamente,
la tercera parte de Bolivia es amazónica, y es con mucho la región más aislada
del país. Una parte de nuestra amazonía se la perdió en guerras frente al
Brasil, 187.830 km2 en 1903, y con el
Perú 250.000 km2 en 1909. En la amazonía viven el mayor número de naciones
indígenas de Bolivia, aunque con una baja densidad demográfica. Si tomamos el
último Censo de Población y Vivienda, menos del 4% del total de la población
indígena boliviana vive en tierras bajas y en especial en la amazonía.
Herederas de grandes
culturas hidráulicas, las naciones indígenas de la amazonía fueron objeto de
una intensa persecución y extinción por parte de la dominación colonial
española y luego republicana. Una parte de la población fue objeto de las
reducciones jesuíticas, y hoy viven dispersas en la extensa geografía
amazónica.
El Estado patrimonial: tierras y poder familiar. Si bien el nomadismo
ha permitido la preservación de sistemas de producción y autoridad autónomos,
no ha podido impedir la consolidación del poder territorial de hacendados,
ganaderos y empresas privadas extractivistas que a lo largo de los años se ha
ido asentando en la amazonía como poder real de la región. De esta manera, a
través de la tenencia de ganado, la extracción de la goma, la quina, ahora la
castaña, la piel de lagarto o la sola posesión de tierras, latifundistas y
empresarios han consolidado en los últimos 150 años una estructura de poder
territorial señorial y patrimonial sobre todos los habitantes urbanos o rurales
de la región.
En la amazonía, hasta
hace poco, el patrón o hacendado era dueño de todo lo que se movía alrededor de
su vista. Mediante la violencia de grupos de choque hacendal ha ocupado tierras
e impuesto su ley sobre peones, indígenas y campesinos pobres de los
alrededores. En la medida en que el poder se ha estructurado en torno a la
tierra y su ocupación violenta, una lógica patronal conservadora es la que
impera en la región amazónica. Y en la medida en que hacendados, madereros,
terratenientes e intermediarios articularon un pacto con los gobernantes para
ejercer ellos, a través de sus redes familiares y locales, la poca presencia
estatal en la zona, entonces tierras,
recursos estatales e impunidad han devenido en medios de la patrimonializacion
del Estado en la región amazónica. De esta manera, el Estado se presentaba como
una extensión de las influencias familiares de una pequeña elite hacendal,
ganadera y maderera, a la vez que esta misma elite legitimaba e imponía con la
propia violencia estatal su propiedad patronal sobre la población.
Este poder hacendal-patrimonial
de la amazonía ha sido la forma de dominación regional más conservadora y
reaccionaria que existe en todo el país. En cierta forma, en la figura del
señor de la tierra se encerraba la personificación de los poderes más
despóticos existentes; no sólo era el dueño de la tierra, era también el
contratante de trabajadores, el comprador de madera de bosque, el proveedor de
bienes de mercado a las poblaciones alejadas, el influyente político que
monopolizaba familiarmente los cargos públicos y, por tanto, el proveedor de
tierras fiscales, de favores públicos frente a una población desprovista de
todo: de tierras, de propiedad, de autoridad pública y de Estado.
Por ello, no es raro
que el señor de la tierra sea también el eje de la ritualidad popular local;
para celebrar fiestas, para casarse o hacer estudiar a los hijos. Toda la trama
de poder estatal patrimonial convergía en la figura del hacendado y su mando
omnipresente. Y si bien la dispersa organización indígena mantuvo su autonomía
local a nivel de corregimientos, cabildos, centrales y subcentrales, no logró
convertirse en fuerza dirigente a nivel local o regional, ni mucho menos
disputar la autoridad y mando a la estructura hacendal-patrimonial.
De hecho, ante el
constante avasallamiento hacendal-empresarial, las comunidades indígenas, para
poder preservar parte de la ocupación territorial, tuvieron que acoplarse de
manera subordinada y vertical a la estructura de poder patrimonial dominante,
al igual que las otras clases populares. De ahí que el propio discurso de
legitimación e identificación regional haya sido, hasta hace poco, el que se
emitía desde el núcleo de poder patronal regional.
Una modificación
parcial de esta situación de dominación despótica hacendal la han producido las
organizaciones no gubernamentales (ONG) desde los años 80, y lograron crear una relación clientelar con la
dirigencia indígena, aunque promoviendo niveles de organización interregional,
como las regionales indígenas o la propia Confederación de Indígenas de Bolivia
(Cidob). En la medida que estos niveles de organización funcionan
exclusivamente con financiamiento externo de ONG, que solventan los salarios de
los dirigentes, tienden a perder contacto con las bases indígenas amazónicas,
y, en realidad, en parte son ONG que reproducen mecanismos de cooptación
clientelar y subordinación ideológica y política hacia las agencias de
financiamiento, la mayoría de ellas europeas y estadounidenses, como Usaid. En
la medida en que algunas ONG han sido el vehículo de la introducción de un tipo
de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas al papel de
cuidadores del bosque amazónico, considerado propiedad extraterritorial de
gobiernos y empresas extranjeras, esas ONG han ido creando de facto una nueva
relación de privatización y extranjerización de las tierras comunitarias (TCO),
en las que el mismo Estado ha perdido tuición y control. De esta forma, ya sea
por medio de la dominación fuerte del despotismo hacendal, o por la dominación
suave de las ONG, las naciones indígenas amazónicas, económicamente, no tienen
el control soberano sobre sus territorios ni una plena independencia política.
En la amazonía no son
los pueblos indígenas los que tienen el poder territorial, como sucedió desde
años atrás en zonas de tierras altas y valles, en los que los sindicatos
agrarios y comunidades desempeñaron el papel de micro-estados indígenas con
presencia territorial, y en realidad han sido la base material previa de la
construcción del actual Estado Plurinacional. En la amazonía, las cosas han
transcurrido de manera muy distinta. El orden despótico hacendal es
predominante y ni las organizaciones indígenas, ni las campesinas ni las
organizaciones obreras de reciente creación, lograron crear un contrapoder
organizativo ni discursivo que resquebraje este sistema hacendal-patrimonial.
Del Estado patrimonial al Estado plurinacional. El punto de quiebre
de este ultra-conservador sistema de poder regional amazónico ha venido desde
el año 2006. Al ser desplazadas las antiguas clases dominantes del control
estatal nacional por los movimientos sociales indígena-campesino populares, el
sistema patrimonial sufrió una herida de muerte. Se rompió la alianza entre
tenencia hacendal de la tierra y poder político, base material del despotismo
patrimonial amazónico, creándose una suerte de “dualidad de poderes” regional:
por una parte las clases hacendal-empresarial, por otra la nueva estructura
gubernamental con poder de decisión sobre recursos económicos y tierras.
Desde entonces una
creciente pugna y lucha social se ha desatado en todas las tierras bajas. El
Estado revolucionario ha detenido la otorgación de tierras a las clases
hacendales. Ha revertido tierras a latifundistas y una buena parte las ha
entregado en propiedad a las comunidades y naciones indígenas. Si entre 1996
hasta el 2005 se entregaron cuatro millones de hectáreas a los pueblos
indígenas de tierras bajas, entre 2006 y 2011 se entregó 7,8 millones de
hectáreas, trastocando radicalmente la estructura de propiedad de la región
amazónica. Sin embargo, esta modificación de las relaciones de propiedad sobre
la tierra no ha sido suficiente para desmontar el poder despótico hacendal. En
la medida en que los pueblos indígenas no han incursionado en procesos de transformación de la materia prima
que existe en los nuevos y grandes territorios indígenas, entonces la madera,
los lagartos, la castaña o los productos de pesca siguen siendo comprados por
los madereros o empresarios-hacendados a precios irrisorios y bajo las mismas
modalidades de “enganche” o “adeudo” que renuevan la dependencia económica y
social tradicional. Lo mismo pasa con la provisión creciente de otros medios de
existencia (azúcar, sal, harina, vestimenta, herramientas de acero, gasolina,
etc.), que los provee el enganchador, el hacendado, el empresario o el
comerciante que al tener el monopolio del traslado de esos productos los
entrega a los indígenas a cinco o diez veces por encima del precio de mercado.
En corto tiempo, gran
parte de las millones de hectáreas de TCO están quedando nuevamente articuladas
a los mecanismos de dominación señorial y patronal de empresarios-hacendados
que utilizan a dirigentes como intermediarios de la depredación y la
dependencia económica de las comunidades.
Las denuncias sobre la
participación en negociados de madera dentro y fuera del TIPNIS por parte de
los actuales dirigentes de la marcha indígena son apenas la punta de un iceberg
de colusión de una parte de la dirigencia indígena con los restos del poder
hacendal-empresarial amazónico.
De ahí que el Gobierno
revolucionario, a la par de la modificación de la estructura de tenencia de
tierra que disocia la rutina de la hacienda de la acción del Estado, ha
impulsado que las instituciones estatales de Gobierno actúen autónomamente
respecto del bloque dominante regional, facilitando recursos a los municipios,
créditos a los campesinos, fondos de inversión productiva para los pueblos
indígenas, empresas de acopio que regulan los precios anteriormente
monopolizados por los patrones locales, entrega de medios de transporte fluvial
para pueblos ribereños, construcción de caminos públicos (anteriormente de
propiedad de hacendados), etc. En la medida que el Estado, en estos cinco años,
ha triplicado sus gastos de inversión y gasto social, su presencia es ahora
bajo la forma de derechos y redistribución de la riqueza allí donde antes lo
poco que el pueblo recibía era gracias a la “dádiva” del patrón-político, la
iglesia o la ONG.
El Estado se ha
autonomizado de las clases patronales y ello ha iniciado un proceso de derrumbe
del viejo orden patronal conservador de la amazonía. Una intensa lucha de
clases ha comenzado a desplegarse reconfigurando el nuevo ordenamiento regional
de poder. La presencia de un Estado desprendido de las clases propietarias de
la tierra, materializado como derechos sociales y en función redistributiva de
la expansiva riqueza común ha dado un golpe de muerte a la estructura
hacendal-patrimonial amazónica. En cierta medida se puede hablar que desde el
año 2006, con el gobierno de los movimientos sociales y el presidente Evo, en
la amazonía se ha dado una especie de revolución democrática desde arriba,
desde el Estado, que está destrabando el despliegue de las energías vitales de
los pueblos y clases sociales populares de una región caracterizada hasta hace
poco por ser la más conservadora del país.
Como en todo proceso
revolucionario, el Estado no sólo condensa la nueva correlación de fuerzas
político-económica de la sociedad emergente de las luchas sociales exitosas,
sino que además, como está sucediendo en la amazonía, deviene en sujeto
material y cultural que ayuda a promover movilizaciones sociales que
transformen las estructuras de dominación aún presentes en determinadas
regiones y esferas de la sociedad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario