Es evidente que lo que
se está haciendo por parte del gobierno
de Pérez Molina es una guerra de desgaste contra la población para agotarla
moralmente y finalmente rendirla ante el embate de inversionistas locales y
empresas extranjeras.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde
Puebla, México
Durante los años del
conflicto armado interno, el mayor Otto Pérez Molina fue un activo participante en la violencia estatal
que tenía como objetivo aplastar la oleada revolucionaria que se observó en
Guatemala. Hoy como presidente, encabeza
un gobierno encargado de ejecutar una violencia estatal con cometido distinto: limpiar la mesa para que
los grandes capitales puedan llevar a
cabo inversiones en minería,
hidroeléctricas, sistemas de fluido eléctrico y proyectos petroleros, cultivos
de gran demanda internacional (commodities), proyectos carreteros etc.
El sentido del terror
estatal a finales de los setenta y
principios de los ochenta era diferente al que ahora estamos presenciando. En
el pasado la violencia estatal tenía
carácter contrainsurgente y se enmarcaba en el espíritu de la guerra fría. En
la actualidad la violencia de estado tiene un carácter estrictamente
capitalista y se enmarca en el espíritu de la rapacidad neoliberal. Antes se
buscaba a través del terror instaurar la estabilidad política de una dictadura
que velaba por los intereses de la oligarquía agroexportadora y los de
Washington en la región. Hoy se busca a través del terror aplastar la resistencia
de la población para facilitar los negocios de las transnacionales y el capital
local interesados en acumular vorazmente riqueza.
Los sentidos de la violencia
estatal como terrorismo de estado son distintos. Los actores encargados de
ejecutarla son los mismos no solamente en términos de sujetos sociales, sino en personajes que se han reciclado y
siguen cumpliendo su función de represores al servicio del gran capital. Allí
está el ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla, anunciando que se llevarán a cabo 40 órdenes
de captura contra los pobladores de Santa Cruz Barillas en Huehuetenango. Como
Pérez Molina, López Bonilla fue un oficial contrainsurgente que ahora
diligentemente ejecuta la represión necesaria para realizar los grandes
proyectos del capitalismo depredador en los municipios del norte de Huehuetenango: San Juan Ixcoy,
Soloma, Santa Eulalia, Barillas, San Mateo Ixtatán y Nentón. Q´anjob´ales,
chujs, poptis y ladinos pobres de esos municipios fueron reprimidos con la
presencia de policías, destacamentos antimotines, bombas lacrimógenas,
helicópteros. Una publicación difundida
por internet con artículos de Carmen Reyna, Santiago Bastos y Quimmy de León
nos da una idea de la sistemática represión que en la región se está
observando. El 7 de abril de 2013 fue asesinado Daniel Pedro Mateo, líder
q´anjob´al de Santa Eulalia opuesto a la instalación de la hidroeléctrica; 7 de
mayo, secuestrado el líder Maynor López; 27 de agosto, nueva detención de Saúl Méndez Muñoz y Antonio Rogelio
Velázquez quienes había sido liberados
después de ocho meses de prisión; 11 de septiembre la jueza Patricia Bustamante
deja en libertad a los acusados del atentado del 1 de mayo de 2012 y abre la
posibilidad de acusar a uno de los heridos en ese atentado; 28 de septiembre
nuevo secuestro de Maynor López en Barillas; 29 de septiembre ante la protesta
de la población, el despliegue represivo en San Juan Ixcoy, Santa Eulalia,
Barillas y San Mateo Ixtatán.
A la represión ocurrida
en la zona norte de Huehuetenango, hay que agregar la observada durante 2012. Es evidente que lo
que se está haciendo por parte del
gobierno de Pérez Molina es una guerra de desgaste contra la población para
agotarla moralmente y finalmente rendirla ante el embate de inversionistas
locales y empresas como la petrolera canadiense Loon Energy Corporation, la
colombiana Empresa Transportadora de Energía Centroamericana (TRECSA) del Grupo
Energía Bogotá, la minera canadiense Creso Resources y la ya conocida Ecoener
Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz S.A.
En Huehuetenango se vive una
guerra de baja intensidad. No se hace en nombre del anticomunismo. Se hace en
nombre del gran capital. Los motivos son distintos, los represores son los
mismos.
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