Es momento
de detener la criminalización de que han sido objeto comunicadores y líderes en
resistencia a las políticas de opresión y agresión provenientes del gobierno,
de empresas privadas locales y extranjeras, así como de consorcios y
corporaciones transnacionales mono y oligopólicas que a diario atentan contra
la vida humana y la naturaleza.
Centro PEN
Guatemala
En un
sinnúmero de países a nivel mundial, se han creado asociaciones y
organizaciones con el propósito de defender los derechos humanos y en
particular, el derecho a la libre expresión de comunicadores, periodistas,
escritores, artistas y afines, quienes en el ejercicio de su profesión han sido
víctimas de agresiones y amenazas directas o veladas al ejercer su derecho de
expresar sus ideas, convicciones o al denunciar públicamente actos anómalos o ilegales.
En Guatemala
existen entidades que dedican sus esfuerzos a hacer visibles estos hechos
mediante denuncias y exigencias públicas a las autoridades competentes y
responsables de velar por el respeto a la libre emisión del pensamiento. Aún
así, todo ello no ha sido suficiente.
La libre
expresión del pensamiento es un derecho inherente al ser humano, sin embargo,
la evolución civilizadora y de conciencia se ha forjado con ordenamientos
diferenciados a lo largo de la historia de la civilización.
En los
albores del siglo XXI, este ordenamiento tiende a globalizarse atendiendo al
inminente y acelerado desarrollo de la tecnología, que disipa fronteras
geográficas con relación a la comunicación a nivel mundial, pero todo esto
sigue siendo insuficiente.
La misma
historia nos demuestra que los intereses económicos, políticos y su consecuente
correlación de fuerzas nos han llevado a polarizaciones que desembocan en
guerras, y en miseria y pobreza que
contrastan con la opulencia de unas minorías, lo cual agudiza las desigualdades
humanas.
Han surgido
innumerables expresiones aberrantes de opresión provenientes no sólo de
gobiernos sino también de corporaciones trasnacionales y grupos de poder
económico que actúan impunemente en su afán de eternizar sus privilegios
injustamente ganados. Las expresiones de los sectores sociales mayoritarios han
sido criminalizadas en nuestro país como una forma de silenciar el descontento
masivo en contra de prácticas empresariales que atentan contra la vida humana,
animal, vegetal y mineral. Las voces que se han alzado para denunciar
atropellos de esta índole han sido amenazadas, víctimas de atentados y en otros casos, silenciadas para
siempre.
En
consonancia con lo planteado por la Carta Magna del PEN Internacional de
Escritores, el Centro PEN Guatemala cita lo conducente:
4) El PEN defiende el principio de la transmisión, sin
barreras, del pensamiento, dentro de cada nación, así como entre los pueblos
del mundo. En esa medida, sus miembros se comprometen a oponerse a toda forma
de supresión de la libertad de expresión en el país y dentro de la comunidad a
la cual pertenecen, así como en el ámbito mundial dondequiera que ello sea
posible. El PEN se declara, por lo tanto, partidario de una prensa libre y se
opone a la censura arbitraria en tiempos de paz; cree en el avance necesario
del mundo hacia formas políticas y económicas altamente organizadas; y hace
imperativa la libre crítica de los gobiernos, de las administraciones y de las
instituciones corruptas. Y, puesto que la libertad implica restricción
voluntaria, los miembros se comprometen también a oponerse a los males de una
prensa libre, tales como las publicaciones mendaces, la falsedad deliberada y
la distorsión de los hechos con fines políticos y personales.
El subrayado pretende
enfatizar nuestra posición en contra de
individuos y entidades, que a la sombra de poderes ocultos dirigen sus
amenazas mediante calumnias, injurias y falsedades, en publicaciones o campos
pagados y derechos de respuesta que pretenden la “distorsión de los hechos con
fines políticos y personales”.
En
virtud de lo señalado instamos a las
asociaciones de Defensa de los Derechos Humanos, Ministerio Público, Asociación de Periodistas de Guatemala, APG y
a CERIGUA a formar un frente común que denuncie, exija con firmeza la
investigación, el juicio y castigo para los responsables, ya que es momento de
detener la criminalización de que han sido objeto comunicadores y líderes en
resistencia a las políticas de opresión y agresión provenientes del gobierno,
de empresas privadas locales y extranjeras, así como de consorcios y
corporaciones transnacionales mono y oligopólicas que a diario atentan contra
la vida humana y la naturaleza.
Instamos
a conformar una comisión representativa de defensores de la libre expresión del
pensamiento que se haga presente ante las autoridades competentes: Corte
Suprema de Justicia, Congreso de la República y
Organismo Ejecutivo y exija ser escuchada.
Centro PEN
Guatemala
Octubre, 2013
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