La
Constitución de 2008 en forma tajante niega la posibilidad de la existencia de
un modelo empresarial para Ecuador y mucho menos bajo los principios neoliberales
hoy revestidos como ideas de avanzada por los mismos sectores que lo inspiraron
antes de 2007.
Juan J. Paz-y-Miño Cepeda / Historia y presente
Después de
la consulta popular del pasado 4 de febrero (2018) se ha agudizado la
radicalidad con la cual los sectores empresariales más atrasados del país
pretenden imponer la línea económica al gobierno del presidente Lenín Moreno. Y
es de tal naturaleza esa “lucha” que resulta evidente que al interior del
gobierno hay dos posiciones diferenciadas: la una, vinculada con los criterios
de Carlos de la Torre, Ministro de Finanzas y la otra con los de Pablo Campana,
Ministro de Comercio Exterior.
Mientras De
la Torre es atacado por su supuesto pasado “correísta”, que sirve como pretexto
para pedir su separación del gobierno, Campana acoge los intereses privados, se
mueve entre los halagos empresariales y campantemente plantea una economía
abierta, sin excluir tratados de libre comercio o la incorporación del Ecuador
a la Alianza del Pacífico. Aprovechando semejante posición, entre la elite
económica del país reviven los planteamientos que durante la última década no
pudieron ejecutarse por la distinta posición asumida por el gobierno de Rafael
Correa; de modo que hoy, con más fuerza y con el apoyo de una serie de medios
de comunicación privados que acogen esos intereses, no hay límites en solicitar
que vuelvan los tratados bilaterales de inversión, se reduzca la inversión
pública, se revisen o supriman impuestos y se reajusten las relaciones
laborales con el novísimo argumento de la flexiseguridad empresarial.
No hay
suficiente fuerza de las izquierdas en Ecuador para revertir semejante impulso
y lucha derechista: Alianza País/Revolución Ciudadana del ala “correísta” está
seriamente golpeada; los movimientos sociales como el indígena o el obrero
siguen en contradicciones históricas bajo la conducción de una serie de
dirigentes de la vieja clase política, por más que crean haber sido los
coautores del triunfo del SI en la consulta; y la izquierda tradicional,
incluida la marxista pro-bancaria, no tiene ninguna alternativa que ofrecer al
país desde hace décadas y se reduce a clientelas políticas, círculos activistas
y algunos intelectuales.
Tampoco el
panorama internacional latinoamericano favorece posiciones izquierdistas,
porque el ciclo de gobiernos progresistas igualmente ha sido golpeado y
disminuido, en tanto han avanzado las estrategias geopolíticas de retorno
conservador con apoyo imperialista.
El gobierno
de Lenín Moreno se halla en el medio de estas circunstancias. Y la voracidad de
los intereses privados trae la amenaza de cercar al presidente, aún más bajo
una coyuntura en la que se impone la negociación política con la Asamblea
Nacional para el nombramiento de los siete integrantes del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social de transición, que será la vía rectora
del comportamiento gubernamental, una situación de claro retorno a los
mecanismos de amarres, componendas y negociaciones políticas que parecían haberse
superado desde 2007.
Con
semejantes circunstancias, las líneas y políticas económicas que adopte el
presidente Lenín Moreno al menos debieran contemplar dos elementos: uno de
carácter histórico y otro de carácter constitucional.
Históricamente,
en Ecuador ha habido otros ciclos en los que han predominado los intereses
privados y del alto empresariado, sin que ello haya significado progreso
social; pero el que se consolidó durante las últimas décadas del siglo XX no
tiene comparaciones. Coincidió con el aperturismo latinoamericano inspirado en
la ideología neoliberal. Si bien florecieron los negocios, las empresas y hasta
la corrupción privada (cuya máxima expresión fueron las sucretizaciones de 1983
y 1987, así como la debacle bancaria entre 1999-2000), el desastre social (y
político con 7 gobiernos entre 1996-2006) de semejante “modelo empresarial”
está seriamente documentado en estudios e informes tanto nacionales como
extranjeros. Sobre esta base, no es posible creer que el aperturismo y la
hegemonía de la libre empresa van a desarrollar y modernizar al Ecuador. Es un
mito histórico.
Pero,
además, la Constitución de 2008 en forma tajante niega la posibilidad de la
existencia de un modelo empresarial para Ecuador y mucho menos bajo los
principios neoliberales hoy revestidos como ideas de avanzada por los mismos
sectores que lo inspiraron antes de 2007.
El
presidente Moreno ha sostenido que es necesario fomentar al sector empresarial
privado para un futuro económico que adelante al país. Si es así, la mejor
norma para ese efecto es que, al mismo tiempo, imponga a ese sector la
observación de los principios y orientaciones económicas de la Constitución de
2008 y, además, tome en cuenta las experiencias históricas del Ecuador cuando
los intereses privados han triunfado sobre los nacionales y frente al Estado.
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