La teoría política
sobre los partidos políticos plantea que este tipo de instituciones, propias de
la democracia representativa, tienen funciones de primer orden que trascienden
su papel en la competencia por espacios de poder en el Estado. Estas funciones
principales son las de representar, agregar e intermediar intereses de la
ciudadanía.
Mario Sosa / Para Con Nuestra América
Desde
Ciudad de Guatemala
En contextos como el
guatemalteco, en el cual ha sido configurado un sistema de partidos políticos
de orientación conservadora, tales funciones han sido plenamente cumplidas en
favor de grupos de poder económico y social. Los principales partidos en cada
coyuntura o período de gobierno han legislado y dirigido las políticas públicas
con el propósito de beneficiar los intereses de grupos corporativos, grandes
empresas de capital local y transnacionales. Esto se expresa en ejemplos como
la Ley de Minería; la política económica, financiera y crediticia, y la Ley
Tigo, entre muchos otros.
Los partidos políticos han sido
orientados, asimismo, a tratar de que sus dirigencias se consoliden como
intermediaciones principales de grupos de poder y se beneficien personalmente
del manejo de instituciones y presupuestos, lo que ha quedado claro con su
involucramiento en redes y estructuras de corrupción y crimen organizado, así
como para satisfacer las visiones del mundo y de la vida de fuerzas poderosas
en lo económico, social, político y religioso garantizando la reproducción
del statu quo, promoviendo un Estado cada vez menos laico,
que se niega a reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, las
mujeres y los grupos de la diversidad sexual, y retrotrayendo los pocos avances
en materia de interculturalidad.
Investigaciones académicas y
judiciales han desvelado a los partidos políticos como instrumentos que operan
en la reproducción de la captura del Estado. Y lo son en tanto funcionan como
propiedad de sus dueños y financistas, siendo estos grandes empresarios,
militares en retiro de alto rango, líderes religiosos e incluso jefes de redes
criminales de distinto tipo y escala.
Sin duda, excepciones las hay,
pero lo predominante en el sistema de partidos políticos es lo antes dicho. En
este sentido, el problema esencial no es la falta de institucionalización de
tales instituciones, sino una institucionalización de las relaciones de poder,
de los intereses, de las visiones y de las prácticas que los determinan en su
carácter, que tienden a excluir de sus funciones de representación e
intermediación a mayorías sociales, con lo cual mantienen y reproducen
exclusiones de larga data. De ahí que su orientación no sea la búsqueda de
soluciones a los problemas históricos y estructurales.
Quienes controlan el sistema de
partidos políticos desde afuera y
desde adentro acuden a las elecciones con múltiples
factores de ventaja: articulan y accionan para sí las fuentes de
financiamiento, el aparato del Estado, los medios de comunicación masiva, las
Iglesias, los poderes regionales y locales y las instituciones electorales y
judiciales para dirimir sus recurrentes contradicciones y garantizar, al final
de cada proceso electoral, el control de los organismos públicos y de las
políticas, a los que acceden a través de los partidos y de aquellas otras
instituciones que mantienen capturadas a través de otros mecanismos de
representación y selección.
En este marco, la
intermediación que logran segmentos sociales excluidos es de carácter débil
porque sus expresiones partidarias actúan de forma desarticulada y, por
consiguiente, reproducen su marginalidad. Asimismo, dichos segmentos sociales
son de carácter contingente, en especial cuando activan formas de movilización
y de protesta social con las cuales presionan la apertura de espacios de
diálogo y gestión pública cuyos resultados, no obstante, son insuficientes.
Modificar el carácter y la
problemática compleja del sistema de partidos políticos será complicado si no
se crean condiciones de distinto orden como una democratización del
financiamiento electoral, del acceso a los medios de comunicación masiva y de
la representación indígena y de mujeres en las instancias de decisión
partidaria y en los listados de participación electoral, así como el
establecimiento y fortalecimiento de los mecanismos de control de los
financiamientos ilícitos y de las coimas para la aprobación de leyes, políticas
y obras, entre otras.
En un momento en el cual se
abrirá la discusión sobre nuevas reformas a la Ley Electoral de Partidos
Políticos, será esencial trascender los enfoques institucionalistas y
replantear las estrategias para lograr cambios que permitan configurar un
sistema de partidos políticos menos capturado.
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