El debate en torno a la violencia en Panamá toma cada
día más aristas y son más los que incursionan con sus opiniones sobre el tema.
Es urgente que este debate salga de las manos de las autoridades
gubernamentales y sus mentores norteamericanos. Si no se procede de una manera
independiente y seria, la situación puede volverse inmanejable.
Marco A. Gandásegui,
h. / ALAI
Leí recientemente el artículo de Daniel Delgado D.
sobre la búsqueda de un consenso para la seguridad del país, bien plantado y
coherente. Sin embargo, cae en el error metodológico que lo lleva a
conclusiones ajenas a la realidad. Delgado plantea que "algunos culpan (la
falta de seguridad) al crimen organizado, sin definir en qué consiste y darle
una cara identificable. Otros al narcotráfico y a su incidencia, por la
colaboración de las bandas y pandillas que se convierten en sus sicarios. Los
académicos culpan a la ausencia de políticas de seguridad por parte del
Gobierno e incluso a la violencia doméstica como causas de la
inseguridad".
Hace varios años hemos insistido en que el problema de
la llamada inseguridad y sus causas tenemos que buscarlas en otro lado. Tenemos
que buscarlo en la misma estructura social del país. Estructura que es producto
de nuestras propias políticas, concientes y también no tan concientes. Desde
hace dos décadas que los "líderes" del país legislan para generar
inseguridad en el país. Por un lado, las leyes que se aprueban socavan la
estabilidad de nuestras instituciones sociales y, por el otro, tienden a
corromper a las autoridades.
En mayo publiqué un artículo titulado "El crimen se combate conociendo sus causas". Hacía énfasis en la necesidad de
conocer los cambios experimentados por el país desde la invasión norteamericana
(1989) para tratar de entender el incremento de la violencia y la criminalidad.
Señalaba que "el incremento de la criminalidad y sus consecuencias son el
resultado de un proceso de desindustrialización que afecta a Panamá y a toda la
región latinoamericana... El trabajador (informal) no tiene empleo estable y,
como consecuencia, tampoco tiene una disciplina que le permita organizarse como
trabajador y tampoco puede organizarse como hombre o mujer de familia".
Aquí podemos encontrar la causa del debilitamiento de
la estructura social, que permite que la criminalidad haga estragos en la
familia y en la comunidad. La falta de trabajo, decíamos también, "no sólo
debilita el sindicato y todo lo que eso implica, también desintegra la familia
y todos los valores asociados a esa institución. La desintegración de la
familia hace estragos a nivel de la comunidad donde desaparece la red solidaria
de jefes de familia, amas de casa y, sobre todo, de niños y adolescentes que
adquieren sus valores primarios en ese marco".
Si existiera consenso en torno a este problema
estaríamos legislando en otra dirección. El Ejecutivo tendría otra visión de
país y la Corte Suprema de Justicia no fallaría en contra de los intereses de
la familia. El problema de fondo, como lo insinúa el escrito de Delgado, se
encuentran en nosotros mismos que no queremos ver el problema y nos detenemos
ante el árbol sin ver el bosque.
Sobre la seguridad del país o la llamada
"seguridad nacional" también escribí un artículo que insistía en la necesidad de legislar con inteligencia y no con intereses pecuniarios. Decía
que la presidencia de Martín Torrijos (2004-2009) introdujo elementos de
confusión en las funciones de la Policía Nacional. ¿Debe evolucionar la Policía
hacia su transformación en un Ejército o debe continuar siendo un híbrido?
“Desde que el presidente Ricardo Martinelli asumió la primera magistratura, la
militarización de la policía ha avanzado de manera más acelerada. Pero en vez
de crear un Ejército para resguardar las fronteras o controlar nuestro espacio
aéreo o aguas territoriales, se ha creado un aparato militarizado para
controlar todos los aspectos relacionados con la vida política del país".
Esta confusión que no es casual - alimentada por la
política exterior de EEUU - convierte a "las comunidades, las ciudades,
las carreteras y las zonas rurales en permanentes resguardos militares. El
policía confunde al ciudadano con un peligroso enemigo del Estado. A su vez, el
soldado sigue órdenes en el campo de batalla frente a un enemigo formado por
amas de casa, estudiantes, campesinos y trabajadores. La confusión está
conduciendo al país a una situación de caos".
Hay que buscar un “acuerdo” o “consenso” pero en el
campo de lo real y concreto. Hay que activar los planes de desarrollo
agropecuario y promover la industrialización del país. Los recursos económicos,
humanos y culturales para impulsar estos planes los tenemos de sobra. Somos un
país muy rico. Las políticas actuales - en forma grosera - desvían esas
riquezas hacia negocios especulativos tanto en la banca nacional como
extranjera. El despojo se sustenta en leyes aprobadas por la Asamblea de
Diputados, refrendadas por el Presidente de la República y protegidas por la
Corte Suprema de Justicia.
¿Podemos encontrar consenso entre esa ínfima minoría y
la gran mayoría? ¿Hay espacio para encontrar 'acuerdos políticos'? Estoy de
acuerdo en buscar el consenso y los acuerdos, pero sobre la base de un
conocimiento real del problema, para entonces comenzar a negociar.
23 de agosto de
2012.
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