En países como los
latinoamericanos, privilegiar el financiamiento
privado ahonda más lo que ya estamos observando: campañas
multimillonarias de fuentes oscuras y hasta ilícitas, poderes ocultos que
resultan determinantes, corrupción incontrolable, anulación de lo público ante
lo privado, grandes medios de comunicación enriquecidos por una política
televisiva y radiofónica que privilegia las guerras de lodo.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
En un contexto en el cual
el sector más desprestigiado
desde hace muchos años en América latina son los partidos políticos y la clase
política, el tema del financiamiento de los primeros ha cobrado importancia. El argumento que
escucho frecuentemente en los medios de comunicación electrónicos y escritos,
es que los partidos políticos no deben recibir
subsidios estatales para realizar
sus funciones porque los contribuyentes no debemos estarles pagando a una bola de zánganos. Y
hay que reconocer que el argumento tiene consistencia: los partidos en mi
experiencia se han convertido en grupos de interés cada vez más alejados de los
intereses de los ciudadanos. Sus dirigencias tienen su principal interés en
conservar cotos de poder, influencias y dinero. Los partidos han dejado de ser
lo que eran antaño: agrupaciones
articuladas ciertamente en torno a intereses económicos y sociales y por ello mismo articulados en torno a
intereses políticos e ideológicos. Comparemos a los grandes partidos de la
Guatemala de hace 50-60 años con los actuales y veremos claramente la
diferencia. La ultraderecha anticomunista contaba con el Movimiento de
Liberación Nacional, el pensamiento social cristiano tenía a la Democracia
Cristiana, la socialdemocracia tenía una vertiente de derecha en el Partido
Revolucionario y una de centro izquierda en la Unidad Revolucionaria
Democrática y sus siglas sucesoras. Finalmente en la clandestinidad y
fuertemente reprimido, el comunismo se agrupaba en el partido Guatemalteco del
Trabajo.
¿Cuál es la ideología
de los partidos políticos en la
Guatemala de la primera década del siglo XXI? Más allá de los lugares comunes del neoliberalismo,
los partidos políticos son grupos de interés que tienen por fin llegar a gozar
cuatro años de las arcas nacionales, los grandes negocios y después disolverse.
Es el caso guatemalteco uno paradigmático de la debilidad del sistema de
partidos políticos con casos extremos de volatilidad partidaria y transfuguismo
parlamentario: en el mejor de los casos los partidos crecen, se desarrollan,
gobiernan, son derrotados y después se disuelven. He allí el ejemplo de la Unión Nacional de la Esperanza quien
en las elecciones de 2012 obtuvo 48 escaños y ahora tiene solamente
siete. El oportunismo que nace de las identidades partidarias débiles se
muestra en Guatemala de una manera patética: de 158 diputados electos, 64 se
han cambiado de bancada en los últimos 6 meses. Estos diputados son verdaderos
impostores que traicionan el voto que los eligió.
La pregunta entonces es
¿vale la pena que el Estado financie a este grupo de oportunistas y a menudo
corruptos políticos? ¿No sería mejor que el dinero de los contribuyentes se
fuera para otro lado y que los partidos se rascaran con sus propias uñas? Pese a
mi pobre opinión sobre la clase política y sus partidos, creo que el
financiamiento privado vuelve más calamitosa esta situación. Un ejemplo
prístino de esto se puede ver en lo que hoy está sucediendo en Estados Unidos
de América con dos grandes partidos enormemente consolidados. Después de la
decisión de la Corte Suprema de Justicia del 10 de enero de 2010 de declarar
inconstitucional la prohibición de que grandes corporaciones privadas
financiaran campañas políticas, han surgido los “super PAC’S” (Super Political
Action Comittes) que son organizaciones privadas que financian campañas
electorales principalmente presidenciales. Estos Súper Comités de Acción
Política que ya existían antes de que se los declararan constitucionales, ahora
prácticamente dominan la vida de los
partidos Demócrata y Republicano porque en un contexto en el que la política es
cada vez más cara, quien pone el dinero es el que manda. En 2000 los “super
PAC’S” metieron en las campaña presidencial casi 115 millones de dólares; en
2004 más de 192 millones de dólares; en 2008, poco más de 1,208 millones de
dólares. Ahora con la decisión de la Corte Suprema de Justicia en marcha, en
los siete meses transcurridos de 2012, la cifra asciende a casi mil millones de
dólares y se calcula que en noviembre de 2012 cuando se celebren las elecciones
presidenciales, la inversión habrá llegado a 2 mil millones de dólares
(Salvador Capote, “La democracia en USA se fue a bolina”, Alai-Amlatina,
20/7/2012).
Aún partidos tan
sólidos como los dos grandes partidos estadounidenses están perdiendo su
autonomía ante la enorme cantidad de dinero que
les está llegando. Las grandes corporaciones hacen multimillonarias
inversiones que cobrarán después con políticas públicas, concesiones,
licitaciones a modo, etc. En países como los latinoamericanos, privilegiar el
financiamiento privado ahonda más lo que
ya estamos observando: campañas multimillonarias de fuentes oscuras y hasta
ilícitas, poderes ocultos que resultan determinantes, corrupción incontrolable,
anulación de lo público ante lo privado, grandes medios de comunicación
enriquecidos por una política televisiva y radiofónica que privilegia las
guerras de lodo.
Y sobre todo que las
elecciones son ganadas no por las mejores propuestas y los mejores candidatos,
sino por aquellos que tienen más dinero. En conclusión, privilegiar el
financiamiento privado de los partidos políticos es prostituir a la democracia.
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