Reconocer
tierras quilombolas es mucho más que reconocer la ocupación de estas
comunidades sobre un determinado espacio: es reconocer un modo de vida, una
forma específica y propia de estar en la tierra.
Alberto Gutiérrez Arguedas* /
Especial para Con Nuestra América
Desde Natal, Brasil
Las comunidades quilombolas: una cultura en lucha y resistencia |
En
Brasil las comunidades quilombolas, o comunidades “remanescientes de
quilombos”, hacen referencia a una amplia variedad de grupos socio-culturales
afrodescendientes, los cuales han desenvuelto prácticas cotidianas de
resistencia en la manutención y reproducción de sus modos de vida
característicos y en la consolidación de un territorio propio, en su mayoría
rurales. Las comunidades que hoy se denominan quilombolas se auto-definen como
tales a partir de una ancestralidad negra y un sentimiento de origen y destino
en común.
Durante
el período en que existió una esclavitud formal, los quilombos eran poblaciones
conformadas por personas esclavizadas, que por voluntad libre decidían
renunciar a tal relación de opresión y fundar sus propias comunidades, con
producción y organización autónomas. Siempre que hubo esclavitud y opresión
hubo rebelión y resistencia, y así el fenómeno quilombola ha estado presente a
lo largo de la conturbada historia de ese país, hasta el día de hoy. La
cuestión quilombola, ahora, va más allá del pasado esclavo, siendo que el origen
de cada comunidad y asentamiento tuvo procesos singulares.
Desde
la década de 1980 la cuestión quilombola ha sido problematizada y discutida en
diversos espacios de la sociedad brasileña, y ha vivido transformaciones
importantes. Impulsada por la presión y organización del movimiento negro, en
la Constitución de 1988 fueron reconocidos una serie de derechos de las
comunidades quilombolas, algo realmente novedoso, puesto que la tónica siempre
fue la exclusión despiadada, donde después de abolir la esclavitud (el último
país en América en hacerlo, en 1888), las poblaciones negras recibieron una
libertad formal, pero nunca un lugar desde donde ejercerla, sin el
reconocimiento de tierras ni derechos, criminalizados y relegados a las
funciones más difíciles y pesadas.
Ha
habido una resignificación muy interesante. La palabra “quilombola” dejó de ser
algo del lejano pasado y se convirtió en algo muy presente y dinámico en la
sociedad actual, donde se han establecido nuevos lazos entre movimientos
sociales, instituciones públicas y privadas, ONGs y universidades. También, en
muchos casos, la negritud ha dejado de ser un estigma y algo a ser negado, y ha
comenzado a ser motivo de orgullo y valorización. Los quilombolas se definen
por su carácter luchador, por su memoria histórica, por su identidad, la cual
está muy vinculada con sus territorios ancestrales. Ese espíritu de búsqueda de
libertad presente desde sus orígenes se hace presente en las luchas de
hoy.
Uno
de esos derechos reconocidos es el derecho al territorio. La Constitución, en
su Artículo 68, establece: “a las comunidades remanescientes de quilombos que
estén ocupando sus tierras tradicionales será reconocida su propiedad
definitiva, debiendo el Estado emitir los respectivos títulos”. Esta
disposición choca de frente con la arraigada tradición latifundista de Brasil,
en donde todo el “juego” jurídico y económico ha estado en función de los
grandes propietarios, en perjuicio de los grupos marginalizados (quilombolas,
indígenas, “sin tierras” etc.).
Después
de varios años en donde hubo bastante confusión e indefinición en cuanto a la
aplicación y ejecución de ese procedimiento, en 2003 se transfirió la función
de identificación, reconocimiento, demarcación y titulación de territorios
quilombolas al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA),
mediante el Decreto 4.887/2003. Para el 2012, habían sido titulados 121
territorios quilombolas en todo el país, y esa institución estaba con 1.167
procesos abiertos. A pesar de ser una política muy valiosa y esperanzadora, hay
que reconocer sus limitaciones: la extensión de tierras quilombolas hoy
reconocida representa el 0,12% del territorio nacional, y si se llega a
completar la titulación de todos los quilombos esa cifra llegaría al 1%,
mientras que los demás establecimientos agropecuarios representan el 40% (según
el Informe 2012 de esa institución). Se estima que hay más de 3000 comunidades quilombolas
en Brasil, alrededor de 2 millones de personas.
Además,
tal procedimiento administrativo se caracteriza por ser extremamente moroso y
burocratizado. Muchas comunidades entraron con proceso en 2004, desde que
comenzó a regir el decreto, y todavía no tienen su título. Inclusive,
recientemente la Confederación Nacional de las Asociaciones de Servidores del
INCRA –CNASI- manifestó su preocupación por la falta de eficiencia y la
discontinuidad de la política de regularización de territorios quilmbolas en
los últimos años. Denuncian la injerencia de intereses políticos mayores, cuyo
objetivo es la interrupción intencional de esos procesos. Consideran que,
contrario a los argumentos usados por las oligarquías conservadoras, los
problemas de tierras en Brasil no son resultado de la demarcación de tierras
indígenas y quilombolas, sino de la estructura agraria desigual con
concentración de latifundios y reforma agraria ineficiente.
En
medio de este complejo juego de fuerzas, en medio de reivindicaciones, luchas y
negociaciones, queremos reconocer la importancia inestimable de una política
como esta. Reconocer tierras quilombolas es mucho más que reconocer la
ocupación de estas comunidades sobre un determinado espacio: es reconocer un
modo de vida, una forma específica y propia de estar en la tierra. Además,
estos grupos han vivido (y sobrevivido) el pasar del tiempo según
racionalidades y formas de vivir alternativas al capitalismo dominante que ha
demostrado ser insustentable, injusto y destructivo. Los territorios
quilombolas son reconocidos y titulados como tierras de uso común, territorios
colectivos, que pertenecen a la comunidad como un todo, lo cual pone en la
“mesa” elementos novedosos para considerar otras formas de relacionarse en y
con la tierra, que superen la propiedad privada hegemónica y su naturaleza
excluyente.
El
reconocimiento y regularización de territorios negros tradicionales en Brasil,
el cual existe también en otros países de la región como Ecuador, Nicaragua y
Colombia, puede servir de ejemplo para Costa Rica, en donde las poblaciones
afrodescendientes, principalmente en la provincia Limón, no tienen respaldo
legal sobre sus territorios históricos y viven una situación realmente
amenazadora, como demuestra el conflicto por la Ley de la Zona Marítimo
Terrestre y la presión de intereses privados, sobre todo de la industria
turística. Las comunidades negras habitan la zona antes que cualquier otro de
esos agentes invasores, y sus vínculos territoriales profundos y especificidad
cultural son motivos suficientes para que el Estado reconozca sus sus tierras
de forma definitiva.
*El
autor es geógrafo costarricense, residente en Brasil
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