Jaime Delgado Rojas / Especial para Con Nuestra América
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| Carlos Alvarado, presidente electo de Costa Rica. |
Las elecciones de este año (2018) en Costa Rica, por sus resultados, le han dado legitimidad a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de las minorías sexuales. El tema se puso en el debate electoral, desde el momento en que se comunicó el pronunciamiento de la CIDH en enero 2018, en respuesta a una consulta que le hiciera el gobierno de Costa Rica sobre derechos de la población LGTBI. También, en todo el continente fueron impactados los debates político culturales por sus elementos sustantivos: la soberanía de los Estados y las atribuciones de la Corte en definir, con calidad vinculante, derechos de la población LGTBI, el concepto de matrimonio como institución que ampara también a las parejas del mismo sexto y la autoridad cultural de las iglesias, sobre todo, las neopentecostales que habían venido imponiendo su visión contra el aborto, la homosexualidad y el papel del Estado en la educación en afectividad y sexualidad.
La parte de la resolución consultiva de la CIDH que fue lapidaria para el debate fue el parágrafo 228. Dice: “Los Estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, para asegurar la protección de los todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales. Para ello, podría ser necesario que los Estados modifiquen las figuras existentes, a través de medidas legislativas, judiciales o administrativas, para ampliarlas a las parejas constituidas por personas del mismo sexo. Los Estados que tuviesen dificultades institucionales para adecuar las figuras existentes, transitoriamente, y en tanto de buena fe impulsen esas reformas, tienen de la misma manera el deber de garantizar a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, igualdad y paridad de derechos respecto de las de distinto sexo, sin discriminación alguna.” [1]
Pero también el fundamentalismo estaba poniendo su mira en la educación sexual oficial para adolescentes de enseñanza media. “A mis hijos los educo yo” fue el lema que emblematizó una campaña y que cautivó a sectores importantes del catolicismo conservador contra la mal llamada “ideología de género” puesta en boga en el continente, en claro rechazo a la educación laica, a la responsabilidad estatal en educación y a la profundización de los derechos de las mujeres.
Esto marcó los contenidos del culto religioso, del púlpito y de las arengas político partidarias, lo que nos develaba, pocos claros y muchos tonos opacos, pero que evidenciaba que Costa Rica no es excepción a lo que se agita en otras naciones del continente: discursos y proclamas de pastores, políticos y uno que otro jurista que gusta de tener auditorio compartido con las lealtades de aquellos otros. Los impactos en esas cúpulas políticas y pastorales se han hecho notorias en Brasil, Perú o Guatemala.
La primera ronda del 4 de febrero, muy cercana a la publicación de la resolución de la CIDH, dio una mayoría significativa a un partido fundamentalista y al pastor candidato a la Presidencia de la República, Fabricio Alvarado, un diputado en el parlamento muy deslucido; esto fortaleció su ataque a la CIDH: amenazaron con sacar al país de la Corte y de la OEA, retroceder en educación sexual y de afectividad en la enseñanza media, detener toda extensión de derechos a las minorías sexuales y cerrar, o direccionar el Instituto Nacional de la Mujer, creada para defender los derechos de esta población y atenderlas en situaciones de agresión y acoso. El proyecto era convertir el INAMU en un Ministerio de la Familia, junto con el Patronato Nacional de la Infancia, lo que desplazaría su cometido fundamental a los asuntos de familia, definida como la “familia tradicional” de padre, madre e hijos. No faltaron tampoco retóricas para limitar la libertad cultural y vigilar el uso de los recursos y la producción intelectual de las Universidades Públicas. Más tarde suavizarían su arenga contra la CIDH, pero en todo momento la ruta iba hacia su deslegitimación como órgano supranacional con autoridad en la definición sobre derechos humanos.
Hábilmente, los pentecostales sumaron a su base social su capacidad de convocatoria de sus fieles, el descontento a un desarrollo social desigual en el país, muy marcado en las regiones periféricas, la corrupción galopante en los últimos gobiernos neoliberales y de la cual el gobierno de turno no podía ser eximido y, por tanto, el candidato oficialista, Carlos Alvarado no dejaba de ser señalado como partícipe responsable: Fabricio se presentó como el candidato “de las manos limpias” en clara alusión a su no participación en las corruptelas. No faltaron ataques frontales a la institucionalidad del Tribunal de Elecciones.
Sin embargo, la amenaza neoconservadora de retroceso en derechos fundamentales, tanto de minorías sexuales, como de mujeres y en libertad a la producción cultural, aglutinó muchas fuerzas sociales disímiles. Las notorias carencias en formación y conocimiento del manejo de la cosa pública por parte del pastor candidato se hicieron notorias en debates y presentaciones a la prensa, que alternaron, de manera notoria, con la calidad humana y seriedad intelectual de Carlos Alvarado, el periodista, novelista, roquero y exdirector del Instituto Mixto de Ayuda Social y Ministro de Trabajo en un corto periodo, durante la administración Solís Rivera. De hecho, la resolución de la CIDH pasó a segundo plano en el debate hacia el 1 de abril, aunque Carlos Alvarado hablaba de su respeto y acatamiento, cuando notoriamente, a nivel continental, esa resolución quemaba las neuronas de juristas, abogados, consultores y pastores religiosos.
La retórica fundamentalista agredió el sentimiento religioso de los católicos, no tanto de su cúpula eclesial, cuando las encuestas ubicaban como favorito al candidato pastor. Ello provocó miedo a la amenaza neopentecostal: la semana santa se convirtió, por esa vía en semana de reflexión. La guerra cultural se tornó silenciosa en muchos, mientras intelectuales y artistas hicieron posible romper las tendencias electorales que parecían irreversibles.
El domingo de resurrección ganó Carlos Alvarado con una votación de 3 a 2: su base social estuvo marcada por un conglomerado, hecho en la marcha, de jóvenes de muy diferentes concepciones políticas y religiosas, con el nombre de Coalición por Costa Rica. A ella se integraron, de manera muy natural, las militancias de los partidos que le estaban dando el apoyo formal a la lucha contra el fundamentalismo neopentecostal, social cristianos y la izquierda, más bases partidarias muy reflexivas de partidos que fueron derrotados en la elección del 4 de febrero. Esa elección, para algunos significaba la “revolución de las crayolas” en referencia a la defensa de la institucionalidad democrática del país, la ausencia de un ejército institucional y la forma como se vota en las elecciones (poniendo una X en la casilla del candidato escogido con crayola de color naranja).
No obstante esos resultados, la realidad política del país se torna opaca: los neoliberales han ganado terreno pues estaban legitimados en las dos fórmulas presidenciales; el déficit fiscal acumulado es dramático y dada la correlación de fuerzas en mucho va a ser cubierto con el sacrificio de las grandes mayorías; pero además, la capacidad de maniobra del presidente electo con un parlamento multipartidario en el cual los fundamentalistas y sus aliados tienen una mayoría no despreciable pone nubarrones en nuestro futuro inmediato.
La CIDH ganó una batalla en el país que le dio su sede y esto le da autoridad a su resolución a nivel continental, frente a las acusaciones de intromisión en las soberanías nacionales, sobre todo en aquellos países donde hay presencia notoria en sus debates nacionales del discurso neopentecostal mediante templos, prensa, televisión y redes sociales.
Los costarricenses hemos ganado una batalla, pero aún la guerra cultural desatada por el fundamentalismo sigue en pie.
[1] CIDH Opinión
Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017, solicitada por la República de
Costa Rica. Identidad de Género, e Igualdad y no Discriminación a Parejas del
Mismo Sexo
1 comentario:
Excelente análisis, conciso y abarcando todos los puntos medulares o de capital trascendencia para este proceso electoral.
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