Este Plan Sudamérica de carácter neocolonial
demuestra que para ellos este es su continente y América Latina
su ‘colonia’. Para lograr el cometido, manipulan las débiles políticas de
seguridad nacional y se aprovechan del entreguismo de los gobiernos actuales de
la región.
Martín Pastor* / Para Con Nuestra América
Desde Ecuador
Los Estados Unidos no quieren recuperar una base militar en
Ecuador. Son altamente costosas; implican gastos en personal militar,
mantenimiento e inversión en infraestructura. Por esta razón el acercamiento
entre la Embajada norteamericana y el gobierno de Lenín Moreno es señal de algo
más devastador: una renovada fase de injerencia directa e indirecta sobre las
Fuerzas Armadas, Policía Nacional y soberanía nacional.
La estratagema inició el 27 de enero de 2018 en San Lorenzo,
cerca de la frontera norte con Colombia, cuando el país sufrió la detonación de
un coche bomba. Mientras las respuestas gubernamentales eran escasas y
descoordinadas, en tres días una comitiva del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de
Estados Unidos llegó al Ecuador.
Lo determinante de la situación es que ante “el primer gran reto
de seguridad la reacción del gobierno fue traer a Estados Unidos”, como lo señaló
Guillaume Long, exministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El
atentado terrorista dio paso a un incremento de ataques y paralela presencia de
los norteamericanos en las esferas militares y gubernamentales.
La explosión de una bomba casera en el retén de la Armada en
Borbón y los ataques a militares y policías en El Pan, el Alto Tambo y Mataje
en la frontera con Colombia desatarían la respuesta dirigida de la derecha
oligárquica y ciertos grupos de interés. El discurso compartido fue culpar
estas agresiones a la salida de la Base de Manta en 2009.
Para el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, la solución sería
una base militar con presencia norteamericana. A lo cual le hizo eco el
excandidato presidencial y General en servicio pasivo, Paco Moncayo, concluyendo que
"sacar la base de Manta y no tener con qué reemplazarla fue tonto e
irresponsable”. Incluso miembros de la prensa nacional se sumaron a la
propaganda arguyendo que la seguridad nacional recae en la necesidad de una
presencia extranjera militar.
En otras palabras, buscan justificar lo injustificable. La
pérdida de soberanía nacional, la presencia del ejército más peligroso del
mundo en Ecuador y el irrespeto a la Constitución son cuestiones secundarias.
Pero para lamento de ellos, Estados Unidos no quiere una base militar en
Ecuador y aunque la quisieran, no podrían, sería inconstitucional.
El artículo 5 de la
carta magna del 2008 indica que “no se permitirá el establecimiento de bases
militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares.
Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad
extranjeras.” Entonces, ¿qué buscan los yanquis en Ecuador?
Una clave para la respuesta la dio el
embajador Todd Chapman durante la celebración de los 154 años de vida
institucional de la Policía Nacional. El diplomático explicó que Estados Unidos
quiere ser un “buen socio” para el país ya que su “compromiso es dar seguridad
a Ecuador” y cooperar con las instituciones del Estado relacionadas a la
seguridad nacional.
La cooperación ofertada incluye brindar capacitación,
inteligencia, intercambio de información y acceso a colegios militares, donde oficiales del Ecuador podrán “formarse” nuevamente. Un escalofriante recuerdo que
remonta al funcionamiento de la Escuela de las
Américas, institución de adoctrinamiento
militar e ideológico de los Estados Unidos, encargada de ‘capacitar y formar’ a
escuadrones de tortura y muerte en toda Latinoamérica durante los años 70, 80 y
90.
Esta de-formación ideológica, que implica la
supuesta capacitación militar, es una amenaza a los ecuatorianos y
latinoamericanos ya que atenta directamente a la democracia y la soberanía de
las FFAA y elementos de seguridad nacional. La experiencia reciente con fuerzas
de seguridad en los países invadidos de Iraq y Afganistán lo demuestra.
No es casualidad entonces, que Moreno haya eliminado la
Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Desmantelar instituciones y
promover, con el apoyo de los medios de comunicación, un discurso sobre cómo se
“mermó” a las Fuerzas Armadas es parte de la estrategia de ingeniería social,
común de los norteamericanos.
Esta funciona al crear/presentar un problema (tesis) para
incitar una reacción (antítesis) y de esa manera presentar una solución
(síntesis), la cual en una situación regular, no inducida, no sería aceptada
por la gran mayoría.
Todas estas medidas están ligadas al objetivo
principal que es lograr la injerencia indirecta a través de la intervención en
la toma de decisiones y el manejo de influencias dentro de las
Fuerzas Armadas y Policía ecuatoriana.
Es por este tipo de intrusión que Rafael Correa expulsó a
diplomáticos estadounidenses, una embajadora, y casi
20 funcionarios del
Pentágono que trabajaban en Ecuador. Uno de los casos más emblemáticos es el de
Mark Sullivan,
exprimer secretario de la embajada, que en 2009 fue expulsado por interferir en
asuntos policiales e internos.
Sullivan amenazó con cortar la ayuda de su país a la policía
después de que el gobierno ecuatoriano cambió al jefe de la Unidad de
Investigaciones Especiales sin consultar a los estadounidenses, según un
informe de la Comandancia de la Policía. Las visitas del actual embajador
estadounidense a las distintas carteras de Estado muestran que su figura de
‘consultor’ se retomará.
De igual manera necesitan restablecer la relación directa con
las Fuerzas Armadas, obviando los canales oficiales y legales. Táctica que
realizaban habitualmente, como lo demostraron varios cables de la embajada
desclasificados por Wikileaks.
En uno que data al 2009, Heather
Hodges, exembajadora en Ecuador, comenta que habían desarrollado “una
estrategia para mantener la interacción con las fuerzas militares en Ecuador.
Utilizando nuestra experiencia de cooperación con la Policía Nacional
ecuatoriana vamos a hacer que la presión contra el liderazgo político del
gobierno de Ecuador surja desde adentro de las fuerzas militares…”.
Otro del 2005
detalla como los Estados Unidos ofrecerían “regalos” a los oficiales
ecuatorianos de las Fuerzas Armadas para que estos “presionen a sus superiores
para obtener regalos similares” y así logren inspirarlos a firmar acuerdos en los
intereses de los Estados Unidos.
Esa violación del derecho internacional, la diplomacia, y la
institucionalidad democrática, tiene un objetivo: crear quintas columnas dentro
de las FFAA y Policía Nacional. Finalidad que los norteamericanos persiguen
pero no con una Base militar sino con el acceso indiscriminado a las
instituciones que sostienen la seguridad nacional.
Ante esto su justificación pública sigue siendo la lucha contra
el narcotráfico. Pero si la presencia de los estadounidenses, en bases o a
través de cooperación fuera eficiente, ¿por qué luego de casi 20 años del Plan
Colombia, siete bases
norteamericanas en territorio colombiano y más de 10 mil millones de dólares (2016)
en cooperación; los cultivos de coca en Colombia incrementaron a 146.000 hectáreas en 2016, volviendo a
aproximadamente los mismos niveles de los primeros años del Plan en 2001?
La respuesta es que luchar contra el narcotráfico no es su
prioridad o se dedicarían a combatirlo en su propio territorio. Su objetivo,
como imperio basado en el poder bélico, es incrementar la presencia militar en
la región con el fin de asegurar sus
‘intereses hemisféricos’; consolidar, a través de favores políticos, un
bloque regional en contra de Venezuela; y justificar su presencia en la
zona, ya que con los diálogos de Paz no
podrán seguir operando como la han hecho durante casi dos décadas.
En palabras de
Joseph Disalvo, subcomandante del Comando del Sur, “debemos
pensar en una estrategia nueva que más que un Plan Colombia sea un plan
Sudamérica, donde todo el mundo pueda combinar sus esfuerzos y así luchar
contra esto (narcotráfico).”
Este Plan Sudamérica de carácter neocolonial
demuestra que para ellos este es su continente y América Latina su
‘colonia’. Para lograr el cometido, manipulan las débiles políticas de
seguridad nacional y se aprovechan del entreguismo de los gobiernos actuales de
la región. Y es así que la renovada presencia militar no pone en riesgo a un
solo país, sino la soberanía y futuro de toda América Latina.
* Graduado
de periodismo | Especialista en DD.HH, Desarrollo y Migración Flacso EC |
Maestrante en Políticas Públicas y Desarrollo
No hay comentarios:
Publicar un comentario