Tras recibir la
bendición Fondo Monetario Internacional al modelo económico que impone a base
de decretos, tarifazos y el pesado fardo de un nuevo endeudamiento por 50 mil
millones de dólares, el gobierno de Mauricio Macri en Argentina promulgó el
decreto 683 de reforma a las Fuerzas Armadas, que permitirá la participación de
los cuerpos militares en acciones de seguridad interior y lucha contra el
terrorismo.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
Profundización del
libre comercio y la integración del capital transnacional y transregional;
políticas de austeridad fiscal, ajuste estructural y militarización de la
sociedad como respuesta represiva de contención del malestar ciudadano; y
despliegue sistemático del llamado lawfare
como estrategia de guerra híbrida –según lo explican Silvina Romano y
Arantxa Tirado- para forzar cambios de gobierno y criminalizar a
dirigentes políticos y sociales críticos del sistema dominante: tales son las
armas de la restauración neoliberal, que
se mantienen activas y bien afiladas para marcar el ritmo del avance del
giro político a la derecha, especialmente en el sur de nuestra América, región
devenida nuevamente en el laboratorio social del neoliberalismo.
Los hechos de los
últimos días así nos lo confirman. En México, la cumbre de jefes de gobierno de
la Alianza del Pacífico (AP) suscribió una declaración conjunta con la presidencia pro
tempore del MERCOSUR, que recae en el mandatario uruguayo Tabaré Vázquez, en la
que ratifican la intención de iniciar negociaciones para la firma de un acuerdo
comercial entre ambos bloques, en lo que consideraron “una clara señal de que
juntos impulsamos la integración regional y el libre comercio”.
Este acercamiento entre
dos iniciativas que hasta hace dos lustros mantuvieron visiones antagónicas, en
tanto una apostaba por una por una integración subordinada a los intereses de
los Estados Unidos –la AP-, y la otra intentaba articular una perspectiva mucho
más independiente y centrada en intereses latinoamericanos –el MERCOSUR,
particularmente con los gobiernos del PT en Brasil y del Frente para la
Victoria en Argentina-, debe entenderse en el marco más amplio del desmontaje
de la arquitectura de la integración nuestroamericana,
como quedó en evidencia con la desbandada de gobiernos neoliberales de la
UNASUR (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay), anunciada el
pasado mes de abril cuando Bolivia asumió la presidencia del organismo.
Paralelamente, y tras
recibir la bendición Fondo Monetario Internacional al modelo económico que
impone a base de decretos, tarifazos y el pesado fardo de un nuevo
endeudamiento por 50 mil millones de dólares, el gobierno de Mauricio Macri en
Argentina promulgó el decreto 683 de reforma a las Fuerzas Armadas, que
permitirá la participación de los cuerpos militares en acciones de seguridad interior y lucha contra el
terrorismo. Una medida que ha sido repudiada por organizaciones de derechos
humanos, como Hijos e Hijas por la Identidad y
la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que considera que esta decisión
“nos retrotrae a épocas de la dictadura porque fue la última vez que las
Fuerzas Armadas intervinieron en seguridad interior”; así como por Abuelas de
Plaza Mayo que, en palabras de Estela de Carlotto, para quien el decreto
en cuestión supone la reactualización de la doctrina del enemigo interno y el
regreso a “un pensamiento que estamos reparando en esta democracia”.
Los dos casos que aquí
presentamos tiene un punto de convergencia: ambos evidencian los mecanismos por
medio de los cuales el mercado y sus premisas ideológicas -cuasi dogmas de fe
para sus defensores- colonizan una vez más las esferas de lo social y de lo
político, recuperando así espacios de poder y de influencia cultural que habían
sido conquistados por el giro democratizador, de acento nacional-popular, de la
primera década del siglo XXI latinoamericano.
La concepción de la
democracia como proceso diverso, complejo y participativo de disputa cultural
por la construcción de los sentidos y orientaciones de la organización social,
así como por la definición de las formas y finalidades del ejercicio del poder,
fue una idea central en las dinámicas sociopolíticas que, a partir de la
asunción de Hugo Chávez a la presidencia en Venezuela, en 1999, posibilitaron
en América Latina un conjunto de experiencias innovadoras de profundización de
la participación política y de ejercicio del poder popular mediantes diversos
instrumentos consultivos (referéndum, plebiscitos, revocatorios de mandato),
como no se había hecho hasta entonces. Este legado, que trasciende la discusión
sobre los resultados económicos de los llamados gobiernos progresistas, y que representa un salto cualitativo en la
forma de entender la democracia y de participar en ella, es lo que se encuentra
en riesgo de perderse en la actual ola regresiva de la que, si no hay una
respuesta social mucho más organizada y contundente, nos tomará muchísimo
tiempo salir, como ya sucedió con el ciclo político-militar-neoliberal que se
extendió por América Latina tras el golpe de Estado perpetrado en Chile en
1973.
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