Los contribuyentes de
México y el erario público padecen una enorme sangría que ha contribuido de
manera decisiva a la desigualdad en el país. Resultan de carácter estratégico
en este contexto, los dos programas fundamentales del gobierno entrante de
López Obrador: la austeridad republicana y la honestidad.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
Con el estilo
reiterativo que lo caracteriza, “necedad” según sus dectractores, a lo largo de
muchos años y durante su última campaña
electoral, Andrés Manuel López Obrador recalcó que en México no podía haber “gobierno rico con
pueblo pobre”. Razones le sobraban para hacer esa aseveración. Existen
dos terceras partes de la población que viven en situación de pobreza.
El boato de la llamada “burocracia dorada” es tan grande que en el Proyecto de Nación 2018-2014 -la plataforma
programática para la campaña presidencial-, se afirmaba que con reducir en un 50% los salarios de la alta
burocracia gubernamental, el erario público contaría anualmente con alrededor
de 411 mil millones de pesos adicionales (aproximadamente 20,500 millones de
dólares). Además, el propio candidato de Morena y sus aliados afirmó en
repetidas ocasiones que pensaba reducir
en 3,000 las seis mil plazas con
las que hoy cuenta el gobierno federal. Esta reducción abarcará primordialmente
una cantidad significativa de puestos de alta burocracia que parecen ser
innecesarios.
Salarios insultantes,
teléfonos, autos, seguros de salud privados, gastos de representación, son
algunos de los privilegios con los
cuales han contado los altos funcionarios del país. Esta elite burocrática,
generalmente proveniente de las clases más pudientes del país, se vio
construida particularmente a partir del
gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y consolidada
según informes periodísticos con la Ley de Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal. Todo esto no incluye el enriquecimiento
ilícito merced a la corrupción que según
calculan el Banco Mundial, Banco de México, FORBES y el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado oscila
entre el 9 y 10% del Producto Interno Bruto, aproximadamente un millón de
millones de pesos (50 mil millones de dólares). De ser esto cierto, los
contribuyentes de México y el erario público padecen una enorme sangría que ha
contribuido de manera decisiva a la desigualdad en el país. Resultan de
carácter estratégico en este contexto, los dos programas fundamentales del
gobierno entrante de López Obrador: la austeridad republicana y la honestidad.
Con ambos se espera recuperar una buena parte del dinero que hará falta para
todos los demás programas que piensa implantar dicho gobierno: proyectos de
infraestructura y otros emprendimientos de inversión pública, construcción y
reparación de refinerías, apoyo al campo, rescate de millones de jóvenes que no
estudian ni trabajan, pensiones para adultos mayores, reforestación.
Una primera medida que
ha anunciado Andrés Manuel es invocar el
artículo 127 de la Constitución que
estipula que ningún funcionario podrá ganar más de lo que percibe el Presidente
de la República. Y López Obrador ha
anunciado que percibirá la mitad de lo que percibe el actual Presidente Peña
Nieto, lo que significa un salario de 108 mil pesos mensuales (aproximadamente
5,400 dólares). Puede usted imaginarse lector o lectora, la rabia que esto está generando entre los afectados. Por
fortuna, es mayor aun la rabia de la mayor parte del pueblo mexicano, esa parte
que vive en la pobreza, pero que ahora tiene la esperanza.
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