Indignante es constatar, una vez más, que el Estado
guatemalteco se somete a los intereses y políticas de Estados Unidos y que el
gobierno actual se constituye en gestor de políticas e intereses externos,
quizá porque nunca tuvo en el centro de su orientación la defensa de los
intereses del pueblo guatemalteco.
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| El vicepresidente de EE.UU, Mike Pence, y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. |
Mario Sosa / Para Con
Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala
La llegada a Guatemala del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence,
vuelve a revelar la condición de Guatemala de Estado vasallo. En vez de
gestionar los intereses de los guatemaltecos, el Gobierno se limitó a
reproducir las órdenes que el señor Pence vino a trasladarles a los presidentes
de Honduras, El Salvador y Guatemala.
El señor Pence llegó a Guatemala el 28 de junio. Como es usual, no se
conocen los puntos esenciales de la agenda ni los términos en que estos iban a
ser planteados por Pence. No obstante, dos asuntos centrales pueden suponerse a
partir de las declaraciones públicas: 1) los avances y las orientaciones para
la ejecución del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y
2) la política de seguridad de Estados Unidos, en la cual se incluyó el control
de las fronteras, la lucha contra el narcotráfico y el freno a la migración. Es
indudable que la agenda de la reunión fue dictada por Estados Unidos y que para
nada fueron incluidos los asuntos de interés nacional de nuestros países.
En ese contexto, los discursos fueron indignantes y vergonzantes. Pence
se dedicó a clarificar e indicar la política de Estados Unidos en materia de
migración afirmando que para ellos este es un problema de seguridad nacional.
Seguidamente indicó que los Gobiernos debían respetar la soberanía de Estados
Unidos, hacer esfuerzos para fortalecer las fronteras, limitar el paso de
drogas y generar prosperidad interna para reducir la migración. Amenazó con que
la política estadounidense era asegurar su frontera «y ponerle punto final a la
amenaza».
Con esa orden, los presidentes centroamericanos se limitaron a informar
de los esfuerzos que hacen en esas materias y tibiamente demandaron la
reunificación familiar de los migrantes capturados en Estados Unidos. En particular,
el Gobierno guatemalteco le pidió con timidez al de Estados Unidos instituir el
estado de protección temporal para los migrantes guatemaltecos (TPS, por sus
siglas en inglés). Vergonzante fue la réplica que el gobernante local hizo de
la tarea de impulsar una campaña para promover que los guatemaltecos no migren
hacia ese país.
Quienes esperaban una disculpa del señor Pence por el asesinato de la
ciudadana guatemalteca Claudia Gómez a manos de un guardia fronterizo el 23 de
mayo se equivocaron. Quienes pensaron que habría alguna explicación por el
secuestro y las torturas psicológicas de niños separados de sus padres
migrantes también erraron. Todo lo contrario: el discurso del emisario
estadounidense estuvo marcado por amenazas e imposiciones toleradas sumisamente
por los gobernantes centroamericanos.
En este marco, las familias presas en Estados Unidos, después de haber
sido capturadas por sus fuerzas de seguridad, seguirán sin encontrar solución a
su grave situación. Al ser catalogados de ilegales, de delincuentes y de una
amenaza a la seguridad nacional, continuarán sometidos a tratos crueles. En
esas condiciones su calvario se extiende y profundiza.
Las guatemaltecas y los guatemaltecos migran por la violencia y la
pobreza, pero principalmente por un modelo económico que los expulsa y orilla a
ese camino de explotación, cuando no de tortura. Ante la carencia de otras
opciones, sin duda seguirán migrando aun bajo la amenaza instituida por Estados
Unidos con su política migratoria, caracterizada por su racismo y violatoria de
derechos humanos.
Gobiernos que defiendan a los migrantes son una ilusión, tanto como una
utopía es que con estos Estados y estas administraciones gubernamentales se
inicien políticas para resolver las causas que provocan la emigración. Que
Estados Unidos cambie su política y garantice un trato humanitario de nuestros
hermanos migrantes resulta también ilusorio.
Indignante es constatar, una vez más, que el Estado guatemalteco se
somete a los intereses y políticas de Estados Unidos y que el gobierno actual
se constituye en gestor de políticas e intereses externos, quizá porque nunca
tuvo en el centro de su orientación la defensa de los intereses del pueblo
guatemalteco.
La politóloga Simona Yagenova afirma que el hecho de que Guatemala se
haya convertido en protectorado de Estados Unidos tiene implicaciones
profundas. Cientos de niñas y de niños migrantes y sus padres experimentan en
carne propia sus consecuencias.
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