No se pueden quedar y no tienen a dónde ir: expulsados por la pobreza y
la amenaza de inminente de muerte en el país de origen, extorsionados por el
crimen organizado, secuestrados y ejecutados en el país de tránsito, y
deportados si logran llegar al país de destino.
Es
urgente que se apliquen los protocolos internacionales que definan esta
situación como una crisis de la mayor envergadura y se declare a ésta población
en movimiento como una población de víctimas de violencia extrema y por ende refugiados, objeto de protección
internacional.
A partir del último
trimestre del año pasado los reportes de campo anunciaban que algo diferente se
gestaba en los flujos migratorios centroamericanos en su tránsito por México,
presagio que se tradujo en un incremento sustancial del tráfico en la ruta
migratoria que fue muy notorio a partir de febrero de este año y se convirtió
en verdadera avalancha en los meses de abril y mayo y lo que va del
presente mes de junio.
Pero no sólo hay un
incremento de volumen de personas, se aprecia un cambio cualitativo en el ánimo
de los migrantes: se observa un verdadero estado de emergencia que excluye las
consideraciones del tamaño del peligro y del nivel de sacrificio físico y
personal que implica su travesía por México. Es una población en movimiento con
un nivel de desesperación que los apremia, sin importar consecuencias ni
tragedias. No tienen más remedio que huir.
El recrudecimiento
generalizado de la violencia en la región se puede ejemplificar con el
calificativo otorgado a la ciudad hondureña de San Pedro Sula como la ciudad
más violenta del mundo lo cual nos da una idea de la violencia a ras de suelo
que día a día trastoca la vida de las familias centroamericanas. Los niños
están siendo el blanco preferido de las pandillas que operan el narcomenudeo y
las extorsiones, no sólo en las ciudades más importantes de Honduras como
Tegucigalpa y San Pedro Sula, sino también en zonas conurbadas. Honduras ahora
parece ser el país más afectado pero toda la región muestra una realidad
análoga. Una violencia ejercida por el crimen organizado que va de la mano con
la violencia de estado, alimentada por la falta de oportunidades de empleo,
salud, educación y satisfactores mínimos para vivir, donde reina la impunidad
total y los agraviados no pueden denunciar porque, según testimonios
reiterados, muchos han sido ejecutados después de presentar la denuncia, dada
la complicidad de la autoridad con el crimen organizado.
Lo anterior obliga a no
plantear la realidad migratoria actual como un llano fenómeno migratorio, ni
permite mas hablar de sus actores como migrantes. Estamos frente a un fenómeno
de expulsión forzada donde los actores dejaron de migrar por motivos
tradicionales en busca de mejores oportunidades laborales o la reunificación
familiar. Están huyendo de una violencia extrema y de peligros reales de muerte
inminente. Dejaron de ser migrantes, “Se trata de personas cuyo desplazamiento
involuntario se inicia por causa o temor hacia alguna forma de conflicto
impuesto externamente y que amenaza de forma inmediata su vida, situación en la
que sus gobiernos de origen son incapaces o negligentes a la hora de garantizar
su protección”. (Dic. de
Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo).
De acuerdo con reportes
de campo de Rubén Figueroa, vemos en la ruta migratoria a diferentes tipos de
actores: los hombres y mujeres solos que continúan siendo mayoría, seguidos de
un incremento considerable de jóvenes no acompañados de entre 14 a 18 años y
una cantidad inusitada de mujeres con niños de entre 0 y 12 años. También vemos
a grupos étnicos como los Garifunas procedentes del Caribe centroamericano que
tradicionalmente eran una franca minoría en la ruta migratoria y ahora se
mueven en grupos de 50 a 100 personas de una comunidad entera.
En el Hogar Refugio para
Personas Migrantes “LA 72”, de Tenosique, Tabasco, por ejemplo, del 1 de enero
al 31 de mayo se atendieron 6,192 personas de las cuales 1,000 fueron mujeres
con niños y 800 menores no acompañados. Tan solo en la ruta del tren en el tramo
entre Arriaga Chiapas e Ixtepec, Oaxaca de aproximadamente 50 mujeres que se
observaban en cada corrida el año pasado, hoy día se pueden observar grupos
hasta de 250 mujeres en su mayoría con hijos pequeños.
Cuenta Rubén que 7 de
cada 10 migrantes entrevistados refieren que vienen huyendo de sus países por
amenazas de muerte, extorsiones o asesinato de algún familiar bien sea a mano
de las pandillas o de “los narcos”. Se cobra por todo, por vender en la calle,
a todos los negocios, grandes medianos y pequeños, y está tan generalizada la
extorsión, que incluye el cobro de cuota a quienes tienen familiares en Estados
Unidos. Es una práctica común que las pandillas intenten reclutar a
menores de edad para actuar como informantes o para vender drogas en las
escuelas y de no aceptar, son ejecutados.
Fuera del ámbito de los
albergues, se observa un incremento importante de personas viajando al amparo
de los traficantes, incremento que corresponde con el mayor flujo migrante. La
presencia de traficantes es muy notoria en las centrales de autobuses de
Tabasco, Chiapas y Veracruz, también se observan jóvenes no acompañados cuyos
padres desde los Estados Unidos, contratan polleros que les lleven a sus hijos
y es frecuente que estos traficantes se hagan acompañar de mujeres con el fin
de no generar sospechas al ser vistos con tantos jovencitos.
Mientras, los medios
masivos de comunicación están inundados de noticias que relatan la tragedia de
los niños detenidos en “albergues” de emergencia establecidos por el
Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, cuyo gobierno está
finalmente dialogando con los gobiernos de la región para buscar soluciones
conjuntas que atiendan la “crisis humanitaria” generada por “el incremento
exponencial de niños no acompañados ingresando masivamente a su país”, aunque
el énfasis de las conversaciones, parece enfocarse, como siempre, en medidas de
contención dirigidas hacia lo incontenible: el afán de sobrevivencia humana.
Los niños no acompañados
detenidos por la autoridad migratoria desde el 1 de octubre del 2013 al 31 de
mayo de este año, de acuerdo con el Centro de Investigación Pew, suman cerca de
50 mil menores de los cuales el 25% son mexicanos, otro 25%, guatemaltecos, 29%
hondureños y 21% de El Salvador.
Los menores detenidos por
agentes de la patrulla fronteriza son sometidos a un proceso de revisión de su
caso particular, y entregados a un miembro de su familia en Estados Unidos para
que los cuide mientras su caso circula por la corte de inmigración. Si la
familia no puede ser localizada, los niños son asignados para su cuidado al
Departamento de Salud y Servicios Humanos. Mientras esto ocurre, son detenidos
en albergues temporales bajo la custodia del Departamento de Seguridad Interna.
Sin embargo las contundentes declaraciones del Presidente Obama notifican
fríamente que “Todos serán deportados”.
Efectivamente, aun antes
de la declaración de Obama, miles de menores han sido deportados, violando con
ello el principio universal de “proteger el interés superior del niño”, ya que
los reintegran a situaciones de las cuales huyeron y que tienen que ver con
numerosos casos de violencia domestica o con la inminente amenaza de muerte
cuando vuelven a los mismos lugares de los que salieron amenazados por no haber
aceptado unirse a las maras locales que forzosamente los reclutan a sus filas.
En entrevistas directas, jóvenes migrantes han informado que las pandillas
vigilan los puertos de entrada para detectar a los deportados con quienes
tienen pendiente ajustes de cuentas y a quienes les exigen que paguen “el
impuesto de guerra” atrasado por el tiempo que se ausentaron, en otras
entrevistas han referido que algunos de sus compañeros han sido asesinados
luego de ser deportados.
No se habla tanto de las
mujeres que viajan con sus hijos y se entregan a la autoridad migratoria
buscando asilo, y que son quienes más presencia tienen en los albergues de la
ruta migratoria en México. Al entregarse, son detenidas en tanto se revisa su
caso y se determina el otorgamiento o no de un permiso de residencia. La
estrategia utilizada por el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados
Unidos, cuyas instalaciones de detención están sobresaturadas y sus cortes de
migración con enormes listas de espera, ha optado por liberarlas para que vayan
a esperar su cita con sus familias o amigos residentes. Les entregan un
documento migratorio para que puedan quedarse en tanto son llamadas a corte.
Activistas de los derechos humanos especialmente en el sur de Texas, nos
reportan que las centrales del Greyhound en la zona están repletas de madres y
niños que esperan a que sus familias les envíen dinero para poder viajar a
reunirse con ellos, en condiciones muy precarias, sin alimentos, cambios de
ropa, enseres de higiene, etc. Muchas no acudirán a sus citas ante el juez de
migración por temor a que sus casos sean desechados y se perderán entre la
población indocumentada.
Así, la expectativa de
poder ingresar a los Estados Unidos aunque sea temporalmente, alimenta su
esperanza aunque, según numerosos testimonios en la ruta, la decisión de salir
de su país no está determinada por rumores acerca de posibilidades de ingreso o
permanencia en los Estados Unidos, pesa más la situación de violencia
estructural extrema que padecen en sus ciudades y particularmente en las zonas
rurales donde adolecen de posibilidades para sobrevivir.
Los testimonios
anteriores son solo la punta del témpano de un fenómeno que ha adquirido
dimensiones de crisis incontenible, producto de la violencia estructural que en
todos los países de la región se ejerce sobre las poblaciones pobres y
vulnerables: La actual crisis humanitaria es producto de la mezcla letal de las
políticas de inmigración de los Estados Unidos, el endurecimiento de la
vigilancia fronteriza, la militarización, y los modelos económicos regionales
que han desplazado a los pequeños productores agrícolas y a los trabajadores urbanos,
modelos y políticas económicas que finalmente son insostenibles por la pobreza,
la desigualdad y la violencia que han generado en la región entera,
desarticulando las estructuras gubernamentales y empujando al límite la
gobernabilidad de los pueblos.
Por todo lo anterior y
mas, es imperativo que, bajo el principio de responsabilidad compartida, los
gobiernos regionales y la Organización de las Naciones Unidas con su agencia
especializada la ACNUR, tomen medidas de emergencia extrema para solucionar la trágica
y vergonzosa encrucijada en la que se encuentran las víctimas de la migración
forzosa, quienes no pueden quedarse y no tienen a dónde ir: son expulsados por
la pobreza y la inminente amenaza de muerte si se quedan en el país de origen,
son extorsionados por el crimen organizado y autoridades corruptas,
secuestrados y ejecutados en el país de tránsito, y son detenidos y, en estado
de indefensión, deportados si logran llegar al país de destino.
Dada la situación de
extrema violencia por la cual miles de familias son objeto de desplazamientos
forzados de sus lugares de origen, es de la mayor urgencia que se
apliquen los protocolos internacionales que definan la situación como una
crisis de la mayor envergadura y se declare a esta población en movimiento como
una población de víctimas de violencia extrema y por ende REFUGIADOS, objeto de
protección internacional.
La ACNUR, define en su
portal: “Los refugiados tienen que moverse si quieren salvar sus vidas o su
libertad. Ellos no tienen la protección de su propio Estado -de hecho, es a
menudo su propio gobierno que está amenazando con perseguirlos. Si otros países
no les brindan la protección necesaria, y no les ayudan una vez dentro,
entonces pueden estar condenándolos a muerte- o a una vida
insoportable en las sombras, sin sustento y sin derechos”.
Marta Sánchez Soler es vocera del Movimiento Migrante Mesoamericano http://www.movimientomigrantemesoamericano.org/, con sede en México. Colabora con el Programa de las Américas www.cipamericas.org/es
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